El mandato de la Misión Internacional Independiente para la determinación de graves violaciones de derechos humanos y de crímenes internacionales cometidos en Venezuela desde 2014, designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, órgano del cual Venezuela forma parte, acaba de ser renovado por dos años más. Esta misión fue establecida en septiembre de 2019, luego de numerosos llamados de atención de Relatores Especiales (sobre tortura, libertad de expresión, e independencia de jueces y abogados), de Grupos de Trabajo (sobre detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, y otros), y de la misma alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidiéndole al gobierno de Venezuela que rectificara, y que cesara la represión, la persecución y la tortura.
Estas misiones no son frecuentes y no van a cualquier sitio. Van a sitios declarados como el reino de la arbitrariedad y la tortura, a donde es necesario erradicar la impunidad de graves violaciones de derechos humanos, y a sitios donde se están cometiendo atrocidades inimaginables, que deben ser denunciadas, y a las que debe ponerse freno.
Hace un año, al establecer esta misión, el Consejo de Derechos Humanos expresó su grave preocupación por la alarmante situación de los derechos humanos en Venezuela, que incluye patrones de violaciones de todos los derechos humanos; hizo saber su alarma por la erosión del estado de derecho, su profunda preocupación por los –en ese momento- más de 4 millones de personas forzadas a emigrar, e hizo notar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ya había decidido abrir un examen preliminar para analizar crímenes de su competencia, cometidos en Venezuela. En su resolución 42/25, el Consejo de Derechos Humanos condenó firmemente todas las violaciones y abusos de los derechos humanos cometidas en Venezuela; condenó la muy extendida represión y persecución política, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, ejecutadas por las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados, y deploró el abuso sistemático de las instituciones del Estado, acelerando la erosión del imperio de la ley y de las instituciones democráticas. Preocupado por las violaciones de los derechos humanos ocurridas desde 2014, el Consejo de Derechos Humanos está igualmente alarmado por una práctica que no ha cesado, por lo que urgió a las autoridades de Venezuela a poner freno, condenar, castigar y prevenir todo acto de persecución política, y a cesar y prevenir el uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones públicas. El Consejo de Derechos Humanos deploró la violación sistemática de los derechos humanos, y observó que la impunidad ha envalentonado a los perpetradores y ha ignorado a las víctimas, por lo que llamó a restaurar la independencia del sistema de justicia y a asegurar la imparcialidad de la Fiscalía General de la República. Es esa preocupación la que le llevó a crear la Misión Internacional Independiente para el establecimiento de los hechos.
El mandato de esta misión era investigar “las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. En su informe, la Misión Internacional comprobó patrones de represión e indicó el perfil de las víctimas de la misma. La misión pudo establecer hechos que configuraban violaciones de derechos humanos y que, a la vez, constituían crímenes de lesa humanidad. Se pudo determinar una cadena de mando en la perpetración de esos hechos, y se señaló a responsables de los mismos, indicando que había motivos razonables para creer que autoridades del más alto nivel eran responsables de esos crímenes, ya sea porque ordenaron o porque contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en el informe.
El informe subraya que el propio poder judicial se ha convertido en un instrumento de represión, y documentó casos en que miembros del poder judicial participaron, por acción o por omisión, en la perpetración de graves violaciones de los derechos humanos. Asimismo, se hace constar que, por resolución del ministro de Defensa, se creó y activó, dentro de la FAN, una “fuerza de choque”, autorizada para intervenir en reuniones y manifestaciones públicas, y para utilizar la “fuerza letal” si lo consideran necesario. El informe hace constar, también, que el comandante de la Guardia Nacional hizo circular un “manual” para uso de la GN en materia de orden público, que describe como “enemigos internos” a quienes mantengan “posiciones opuestas a las políticas del gobierno”. Esa es una reedición de la tristemente célebre “doctrina de la seguridad nacional”, de la que se valieron las dictaduras del cono sur de América Latina.
Este informe es lo más cercano a una acusación penal y, en su momento, los hechos que allí se refieren tendrán que ser debidamente considerados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y por otras instancias pertinentes. Mientras tanto, por tratarse de una práctica sistemática, que no ha cesado, y que continúa deteriorándose, el Consejo de Derechos Humanos sigue pendiente de este asunto, y ha decidido renovar por dos años el mandato de la Misión Internacional. Dos años en que se podrán documentar nuevas atrocidades, y en que se podrá identificar plenamente a sus autores materiales e intelectuales.
Ante este informe desgarrador, llama la atención que, desde el gobierno de Venezuela, no haya un gesto de vergüenza o de empatía con las víctimas y que, por el contrario, se mire el informe como un conjunto de fantasías e inventos de los miembros de la misión o de quienes les relataron estos hechos. Es como si los que hoy dan las órdenes en Venezuela, dirigen los cuerpos policiales y militares, controlan los centros de detención oficiales o clandestinos, y manejan el sistema de justicia, fueran ajenos a sus propios actos, incapaces de creer lo que está pasando en frente de sus narices, y de lo que son responsables. No es primera vez que ocurre algo semejante. Cuentan que, en una oportunidad en que un grupo de turistas alemanes visitaba el Guernica, entonces en la ciudad de Nueva York, con cierto desprecio por las escenas dantescas que allí se reflejaban, uno de ellos le preguntó a Picasso: “¿Esto lo hizo usted?” La respuesta de Picasso habría sido: “¡No. Esto lo hicieron ustedes!”.
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