Cuando nos encontramos ante una situación de difícil comprensión, o sin posible solución, los venezolanos expresamos con algo de ironía la cáustica interrogante: ¿y entonces?
Pues ahora vemos la más inverosímil realidad que haya podido producir el régimen socialista bolivariano en estos tristes cuatro lustros, equivalentes a cuatro periodos presidenciales de la democracia.
En 1992 un grupo de golpistas armados intentaron tumbar al gobierno constitucional y justificaron su intentona por la supuesta corrupción y falta de celo por nuestra soberanía que representaban los gobernantes del momento. Esa misma pléyade se hizo del poder en 1999, y desde entonces dieron rienda suelta a las más increíbles hazañas de corrupción, asalto a los haberes y reservas públicas que jamás hubiesen podido imaginarse los ciudadanos de esta empobrecida patria. Ni siquiera los casi cuarenta años del tirano y sanguinario dictador general Juan Vicente Gómez pudieron rapiñar tanto ni dañar las bases de la economía nacional como ahora vemos resultante de este saqueo.
Las causas de la ruina de la nación, que se va mutando de historia inverosímil para el mundo en tema judicial en otros países, transforma nuestra tragedia en mayor vergüenza cuando en el extranjero es posible no solo encontrar evidencias y pruebas de la rapiña, sino procesos para elevar a juicio y condenar a los culpables de las fechorías, mientras que en Venezuela la ley no se aplica.
Es curioso que los golpistas gobernantes modificaran la Constitución para incluir unos nuevos poderes autónomos justificando el Poder Moral para ser más eficientes en la lucha contra la corrupción, y mientras más se llamaban pulcros más dolo cometían. ¿Dónde habrá quedado ese poder moral, esa contraloría, esa fiscalía, mientras se saciaban los inmundos apetitos de los voraces?; ¿es posible pensar que un saqueo tan descomunal haya pasado inadvertido por los ahora aparentemente arrepentidos funcionarios?
Vergonzante comprobar cómo, aun con las dificultades que puede significar no tener acceso a los documentos originarios del desleír de nuestro patrimonio, funciona la justicia de varios países extranjeros, entre ellos el amenazante «imperio» pero también algunos tan neutros como Andorra. Es evidente que no le hicieron mucho caso a las prédicas del comandante eterno que concluía sus observaciones con la frase: “El que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea”. Concluiremos, por tanto, que eran sordos y ciegos o que cumplieron el refrán “no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír”.
Si la justicia nacional no vio, ni actuó, ni actúa, no queda mucho más que preguntarles tanto a los que fueron como los que son responsables de las cuentas y acciones: ¿qué falta para enjuiciar en Venezuela lo que otros ya hacen en el extranjero, o es que no vemos nada extraño en el bestial enriquecimiento de otrora humildes servidores públicos?
Habrá cabida para demandar un ¿y entonces? Luisa, Tarek… Nicolás.
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