Desconocidos asesinaron al líder indígena Oliverio Conejo Sánchez y a su hija Emily, de 22 años, en un ataque perpetrado en una carretera del convulso departamento del Cauca, Colombia.
Así lo informó el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), que detalló que el crimen ocurrió en la carretera que comunica a los municipios de Inzá y Totoró. Allí, «sujetos fuertemente armados que se desplazaban en una motocicleta interceptaron a padre e hija. Los asesinaron con varios impactos de arma de fuego».
Conejo era coordinador del programa de salud del pueblo indígena totoroez. Desde allí, informó el Cric, lideraba «importantes iniciativas para prevenir que la pandemia del coronavirus llegara hasta este territorio».
«El pueblo Totoroez a través de sus autoridades tradicionales se pronunció enérgicamente para rechazar este hecho. El suceso enluta no solo a este territorio sino al pueblo indígena del Cauca y Colombia. Además, se hizo un llamado a los organismos de derechos humanos del orden nacional e internacional para que este doble crimen no se quede en la impunidad», agregó la información.
El pueblo de luto
El senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal y oriundo del Cauca, recordó que Conejo hizo parte de la construcción de un «pacto de convivencia entre finqueros, campesinos e indígenas». «Ayer lo asesinaron y también a su hija. Dolor y una oración en la tumba del amigo», añadió el congresista en Twitter.
Entre tanto el senador indígena Feliciano Valencia manifestó: «Tres días después de la visita de Duque a Popayán asesinan al líder indígena Oliverio Conejo y a su hija Emily en Totoró». Agregó que «el Gobierno no tiene una política de protección frente al exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas».
El Observatorio del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señaló que la Defensoría del Pueblo había solicitado a la Tercera División del Ejército, que opera en el Cauca. Se pidieron medidas para proteger a esa comunidad indígena en Colombia afectada por los enfrentamientos de grupos criminales con la fuerza pública.
En ese departamento operan grupos de disidentes de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales. Estas se disputan ese territorio para dedicarlo a cultivos ilícitos de coca y marihuana.
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