El fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, anunció este miércoles que el médico colombiano Antonio Amell, de 27 años de edad, fue imputado por los delitos de concusión, contrabando de extracción y asociación para delinquir por presuntamente haber comercializado en el país medicamentos para el covid-19 que el Estado otorga de manera gratuita, algo a lo que ya se había referido Nicolás Maduro el martes en la noche.
Amell es oriundo de Magangué, localidad del departamento colombiano de Bolívar, y en Venezuela es médico residente de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera, en el estado Carabobo. Fue detenido el sábado por el Sebin con apoyo de la Fiscalía del régimen. La Cancillería de Colombia emitió un comunicado el martes en el que rechazó su aprehensión y exigió el respeto pleno a su integridad física.
Para Tarek William Saab, la declaración del gobierno de Iván Duque tiene la pretensión de “armar un escándalo” por la detención del médico. “Fijaron posición un grupo de congresistas y la Cancillería de ese país, haciendo ver que se trata de una detención arbitraria y de que su vida corre peligro”, expresó.
“No, corrían peligro la vida de los pacientes que en mala hora cayeron en sus manos”, agregó.
El fiscal afirmó que a través de familiares de los pacientes del centro de salud se determinó que el médico supuestamente comercializaba Remdesivir, fármaco que el régimen distribuye de manera gratuita para el covid-19.
“Amell captaba a los familiares y les informaba que el hospital centinela no tenía recursos médicos, y que él podía conseguir cada ampolla de Remdesivir por un costo de 800 dólares”, indicó el abogado.
Afirmó que también mantenía relación con cinco farmacias privadas para vender los medicamentos sustraídos del hospital. Por este motivo el director del centro de salud, Alexis Rivera, está siendo investigado para determinar si fue cómplice de los delitos.
Junto a Amell fue aprehendida Francis Margarita Aguiar Salazar, representante de la Quincalla y Frutería Central, que está detrás del hospital, donde se incautaron planillas y formularios de documentos presuntamente utilizados en la administración de servicios médicos del recinto, así como medicinas de distribución otorgadas por el Estado.
A ella le imputaron los delitos de forjamiento de documentos públicos, contrabando de extracción y asociación para delinquir.
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