No pretende este artículo tener rigurosidad académica, pero sí plasmar algunas reflexiones derivadas del primer ciclo de conferencias sobre Análisis Económico del Derecho (AED) que estamos promoviendo desde Cedice-Libertad. Ciertamente, la disciplina no es nueva, como tampoco son los esfuerzos que desde Cedice-Libertad se han venido desarrollando para promover su estudio. Basta ver, por ejemplo, el trabajo ejecutado por el observatorio económico legislativo y, en tiempos de mayor bonanza y estabilidad, los programas que incluían conferencias y talleres presenciales con invitados internacionales pertenecientes a las mejores universidades del mundo.
La pregunta, sin embargo, sigue estando vigente. ¿Por qué estudiar el Análisis Económico del Derecho?, ¿tiene alguna utilidad práctica?, ¿alguna relevancia que pueda resaltarse en el contexto de un país con las características de Venezuela? Diremos, sin duda, que sí. Que el acercamiento hacia el AED representa un bastión que no debe ser subestimado, y que, contrario a lo que pudiera pensarse, su ejercicio dota a la disciplina jurídica de numerosas perspectivas hoy desconocidas.
La conexión entre Derecho y Economía resulta preclara. Ya Adam Smith, e incluso el propio Santo Tomás de Aquino –pudiéramos ir más atrás incluso– perfilaban la relación existente entre ambos campos del saber humano. Y si bien hay una diversa gama de autores que desarrollan el tema, no es sino hasta bien entrado el siglo XX que se empieza a hablar del AED como una disciplina con sus contornos propios. Tal vez sea al economista Ronald Coase a quien se le otorguen los laureles de asentar la popularización de este espacio del saber tal y como lo conocemos. Sin embargo, lo que hoy luce incontrovertible es la existencia de numerosas escuelas de pensamiento que derivan de la misma premisa de entremezclar el Derecho y la Economía.
Regresemos al campo venezolano. La práctica jurídica en no pocos sentidos estriba sobre temas elementales, tales como la constitucionalidad del poder, la legitimidad en la toma de decisiones de la administración pública, la violación de derechos humanos. En cierto modo, pudiera pensarse que estos aspectos son comunes al estudio de cualquier otra jurisdicción, pero en el caso venezolano, las características que otorgan el contorno de un Estado fallido, magnifican aún más la presencia de estos elementos de forma sobresaliente, en detrimento de otras áreas del saber jurídico.
Lo cierto del caso, sin embargo, es que a pesar de las circunstancias descritas, existen ciertas aristas de la vida humana que no pueden pasar desapercibidas, y en tal sentido, hay ciertas manifestaciones normativas que siguen teniendo su impacto en la economía, y con ello, en la existencia de cada uno de nosotros. En este sentido, la aplicación de teoría económica para explicar el fenómeno regulatorio en Venezuela debería evaluarse. Después de todo, no constituye novedad alguna las circunstancias en las que se encuentra el país en esta arista, y la imperativa necesidad de tomar medidas urgentes para enderezar el derrotero venezolano en este campo.
Precisamente, el AED representa una perspectiva diferente, renovada para el espacio de las políticas públicas. Y bastante que ellas hacen falta dentro de la nación, por lo que integrar sus enseñanzas al tiempo presente no debe desecharse. Hay quienes sostendrán que ello es inviable por las circunstancias ya descritas que vive Venezuela. Sin duda, no sería un reto menor. Al mismo tiempo, sin embargo, percibo cierto hartazgo en la comunidad jurídica por el tipo de debate, dinámica y temática a la que está sometida, precisamente por la ya citada situación país.
Tal vez sin proponérselo el Análisis Económico del Derecho pudiera traerle al foro venezolano un refrescamiento, un acercamiento a la modernidad, al tiempo que conduce el razonamiento de los abogados a temas más constructivos y edificantes. Después de todo, una de las ventajas que posee la disciplina es su integralidad y amplitud, puesto que pudiera emplearse prácticamente para cualquier dimensión normativa, incluso en las circunstancias más hostiles. Si algo me han demostrado estos duros años es que no debemos subestimarnos, y que podemos progresar a pesar de las duras circunstancias, las limitaciones y obstáculos. Ello también aplica al maltratado campo del Derecho.
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