El fenómeno de los desplazamientos masivos de personas hacia el exterior, de grupos que abandonan el territorio de sus países de origen y se instalan en otros es hoy quizás uno de los mas preocupantes de las relaciones internacionales. Sus implicaciones políticas, económicas sociales e incluso su relación con la estabilidad internacional, es objeto constante de reflexión y preocupación.
Son millones los que huyen de las guerras, de la violencia política y de la inseguridad, de un desastre natural o porque deciden buscar un futuro digno y seguro. A veces las circunstancias o causas se conjugan y obligan a las personas a abandonar sus países, como es el lamentable caso de Venezuela en donde todo se une al desastre: La violencia política, la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, la discriminación o apartheid político, la inseguridad y una crisis humanitaria compleja que afecta el disfrute de todos sus derechos económicos y sociales.
Más de 4 millones de venezolanos se han visto forzados a dejar el país. Se convierten en solicitantes de asilo, en refugiados, en inmigrantes, muchas veces regulares otras veces indocumentados, sujetos en este último caso a la explotación y a la trata de personas, a la prostitución y a otras situaciones indignas. Pero, independientemente de su condición o estatus todos están protegidos por el Derecho Internacional y las normas establecidas de protección de los derechos humanos y en particular por los regímenes específicos que se han venido construyendo y consolidando para hacer frente a estas realidades, el Derecho Internacional de los Refugiados y el Derecho Internacional de las Migraciones.
Lo importante es que todos tienen derechos intrínsecos a su condición de persona, a la dignidad que es propia del ser humano. Y, en consecuencia, los Estados y la comunidad internacional tiene obligaciones que se ubican en el marco normativo acordado y en un principio fundamental que regula hoy la protección internacional, el principio de la solidaridad, que más allá de la caridad cristina que aceptamos y practicamos, fundamenta hoy las relaciones internacionales. Además, y esto debe recalcarse, si bien es cierto que los grupos que emigran tiene obligaciones hacia el Estado receptor y las sociedades de acogida, éstas tienen también una responsabilidad primordial: facilitar la inserción de los refugiados y migrantes excluyendo la discriminación y practicas de xenofobia a veces presente en estas realidades.
Todas las personas, cualquiera que sea su condición, tiene derecho a la vida y a la integridad física, a su nacionalidad, a la identidad, a la libre circulación, a la no discriminación por la condición de “extranjero”, el derecho de no ser detenido ni expulsado arbitrariamente, a procesos justos, en fin, se debe respetar su dignidad. Además, agreguemos, deben respetarse sus derechos económicos y sociales fundamentales: el derecho a vivir dignamente, a trabajar de la misma forma, también a acceder a la alimentación y a la salud.
Los migrantes venezolanos, para utilizar un término genérico válido, sufren de una desprotección grave que pone en peligro el disfrute de sus derechos humanos y de su dignidad. Los países receptores a veces adoptan medidas restrictivas que contrarían el compromiso global de proteger a quienes se ven obligados por una u otra razón abandonar su país. Por su parte, el régimen dictatorial instalado en el país y que le destruye sin compasión, ha decidido ignorar a quienes por sus políticas y prácticas totalitarias han debido huir, para encontrar seguridad y dignidad.
Para el régimen de Maduro los venezolanos que emigran son simplemente enemigos, un criterio similar al que la dictadura cubana ha aplicado durante décadas a los que huyen de la barbarie. La dictadura venezolana viola los derechos a la identidad, a la protección consular, a la libre circulación, a la seguridad social, incluso, cuando impide u obstaculiza su retorno que es un derecho incuestionable, el derecho a salir y a regresar a su país de origen, consagrado en numerosos instrumentos internacionales.
La política sistemática de la dictadura contra de los retornados que refleja discriminación, exclusión, persecución constituye un crimen de lesa humanidad que tendría que ser conocido por la Corte Penal Internacional en algún momento, sumándose a los tantos actos que con la misma gravedad e intención se han ordenado los últimos años desde las más altas esferas del poder.
Las declaraciones de Bernal y de otros representantes de la dictadura, a nivel nacional y local, en relación con los retornados venezolanos a quienes califican de bioterroristas y les estigmatizan por un eventual contagio pandémico, incitan al odio y a la violencia, produciendo una peligrosa confrontación social. Las dictaduras y en este caso la que nos somete hoy ignoran deliberadamente el concepto dignidad. Tampoco el de los derechos humanos. Mucho menos el respeto, la tolerancia, la solidaridad. Solo saben imponerse para aferrase al poder, disfrutarlo y someter y controlar a la población.
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