Un total de 377 muertes por violencia policial hasta junio de 2020 registra la Comisión de los Derechos Humanos en el estado Zulia (Codhez) en su informe de julio de 2020.
Estos datos son el resultado de un monitoreo de los medios de comunicación de la región y evidencian que «tanto la violencia policial como las muertes potencialmente ilícitas asociadas a ella tienden a incrementarse».
El informe detalla un aumento de los casos de violencia policial en la región zuliana con respecto a la situación en 2019. En cuanto al número de muertes ocasionadas por cuerpos de seguridad del Estado, en el primer semestre del año pasado se registraron 250, mientras que durante el mismo período en 2020 se reportaron 377 muertes, un incremento de 50,80%.
De acuerdo con el registro, el mayor número de muertes es imputable a cuerpos de seguridad adscritos al gobierno nacional: 191 (50,66% de los casos de período enero-junio). De forma individual, los cuerpos de seguridad nacionales que provocaron mayor número de muertes por violencia policial en el Zulia fueron las FAES con 67 (17,77%), el Cicpc con 54 (14,32%), y el Conas con 33 (8,75%).
El boletín de Codhez también destaca que en los 262 hechos de violencia policial registrados hasta junio de 2020, la mayoría calificados de presuntos enfrentamientos por las autoridades, no falleció ningún funcionario de seguridad. En consideración a sus características, habrían sido consecuencia del uso excesivo e injustificado de la fuerza pública.
Caso Isla de Toas
Sobre casos individuales, Codhez registró el asesinato de un joven de 18 años de edad en Isla de Toas. Testigos en el lugar de los hechos señalaron a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana como los responsables de su muerte, pero hasta la fecha no se conocen mayores detalles sobre investigaciones que se lleven sobre este caso. Las autoridades tampoco han fijado posición al respecto.
El organismo además hizo seguimiento a la crisis del funcionamiento del sistema público nacional de salud por la pandemia del covid-19, y concluyó en su informe que la región registra la mayor cantidad de muertes de personal sanitario, mientras que persisten las fallas de suministro de insumos e infraestructura para atender la emergencia.
Como consideraciones finales del boletín de julio, Codhez explica que el aumento de la violencia policial por uso excesivo de la fuerza pública no se trata de hechos aislados, sino que forman parte de «un proceso continuo, constante y creciente de muertes imputables a las fuerzas de seguridad, lo que determina una sistemática violación del derecho a la vida».
Para Codhez es urgente el diseño y la implementación de políticas de seguridad por parte del Estado venezolano en correspondencia con las normas constitucionales e internacionales sobre las limitaciones al uso de la fuerza pública, con reforzamiento de los mecanismos de adiestramiento y capacitación para funcionarios policiales y militares.
Para leer el informe completo de Codhez aquí.
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