Desde hace cinco meses la vida cambió para todo el mundo, pero en el caso de los venezolanos la vida empeoró. La pandemia por la covid-19 se sumó a la profundización de la emergencia humanitaria compleja y la indolencia del régimen de Nicolás Maduro ante el sufrimiento de la gente que muere de mengua en un hospital público o de desnutrición en un rancho.
Como si bastara con repetir que se trata de una “nueva normalidad”, el chavismo madurismo concentra todos sus esfuerzos en llevar adelante unas elecciones fraudulentas que le permitirían recobrar la hegemonía que tuvieron en el Poder Legislativo desde su ascenso al poder hasta 2015.
Al principio de la contingencia sanitaria, Nicolás Maduro se atrevió a asegurar que la pandemia en Venezuela estaba bajo control. El aumento exponencial de los contagios, previsto por los más calificados expertos en epidemiología, confirmaría que la afirmación de Maduro era irresponsable y, sobre todo, falsa. No es difícil imaginar que en las vísperas del 6 de diciembre, Maduro repita que no hay nada que temer, que votar en medio de una crisis mundial es seguro.
Ni garantías electorales ni garantía del derecho a la vida. A eso se resume la convocatoria a elecciones que promueve el oficialismo para renovar las autoridades del Poder Legislativo.
Las prioridades del gobierno no corresponden con las necesidades más apremiantes de los venezolanos. Los ciudadanos deben lidiar con el riesgo de contraer el nuevo coronavirus y, por falta de atención médica, enfermarse de covid-19, pero también con la falta de lo más esencial para afrontar la contingencia sanitaria que, en el caso de Venezuela, ya era una contingencia humanitaria: no hay gasolina, ni agua, ni luz, ni gas doméstico. No tenemos cómo asearnos ni cómo preparar los alimentos. Hay gente que cocina con leña.
En ese contexto de precariedad extrema, la prioridad del gobierno no es salvar vidas que están en peligro por la propagación del nuevo coronavirus. Y la posibilidad de que la calidad de vida de los venezolanos mejore por la vía del voto está anulada por el fraude.
Es absurdo que en plena pandemia el régimen de Maduro, en vez de utilizar el máximo de los recursos para adquirir equipos de protección personal para los trabajadores de la salud, haya efectuado una compra supermillonaria a la empresa argentina ExCle de miles de máquinas para efectuar sus elecciones parlamentarias. Para enfrentar el nuevo coronavirus el personal sanitario, los que están en la primera línea de combate, no necesitan máquinas electorales, sino equipos de protección personal.
Es un despropósito que el régimen insista en llevar a cabo su fraude electoral, como si, en verdad, existieran condiciones mínimas para el efectivo ejercicio del sufragio. El oficialismo pone por encima del derecho a la vida su afán de recuperar espacios de poder.
No se ha planteado, por ejemplo, una votación por Internet. Sencillamente porque la conectividad en Venezuela también es precaria y porque las brechas digitales causarían otra fuente de inequidades y, posiblemente, de trampa. Lo que está planteado es una elección “normal”: que la gente salga masivamente a la calle a votar.
Las jornadas de actualización del Registro Electoral han sido un ensayo fracasado de distanciamiento físico y una evidencia adicional de que al régimen no le interesa salvar vidas.
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