Rocío San Miguel, presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano, compareció ante la Subcomisión de Asuntos Fronterizos de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, para presentar un informe que permite hacer un recorrido en torno a los hitos más relevantes que han caracterizado estos cinco años de obstáculos desde el cierre de la frontera.
San Miguel recordó el ataque armado del 19 de agosto de 2015 contra cuatro miembros del Ejército venezolano por supuestos paramilitares colombianos en San Antonio del Táchira. Esto significó la excusa para el cierre de frontera entre la entidad federal andina y el departamento colombiano del Norte de Santander el 21 de agosto de 2015 y la declaración inicial de un estado de excepción en seis municipios del Táchira que a lo largo de los años y por motivos diferentes se extendió a todo el territorio nacional.
El informe detalla los aspectos más importantes sobre lo que significó cerrar la frontera. Y las consecuencias diplomáticas y económicas que han sufrido las ciudades fronterizas entre Venezuela y Colombia.
La defensora de los derechos humanos comentó sobre el fracaso de las Zonas Militares y las Zonas de Seguridad en la frontera. «Quienes apoyándose además en la existencia de 45 zonas de seguridad de instalaciones militares y zonas de seguridad fronterizas en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, limítrofes con Colombia, las cuales representan 22,92% del territorio nacional, dieron una pretendida solución militar a los problemas fronterizos, que a cinco años de aquel cierre de la fronteras, ha demostrado su fracaso».
Además, destacó que ocho funcionarios militares fueron designados como jefes en las zonas fronterizas sin rendir nunca un informe de gestión.
Violación de los DD HH en la frontera
San Miguel también comentó el nombramiento de «un ministro de fronteras del que se desconoce su gestión». Según explicó, en septiembre de 2015 fue designado el mayor general Gerardo José Izquierdo Torres, excomandante del Ejército, como ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz. Este cumplirá cinco años en el cargo, sin que se conozca su gestión.
El cierre de la frontera en 2015, asimismo, ocasionó la deportación de 22.000 colombianos expulsados. «Un hecho sin precedentes en la vulneración de derechos humanos. El hecho estuvo caracterizado por su proceder, como delito de odio y persecución. Familias enteras tuvieron que cargar con sus enseres, camas, sillas, mesas, colchones y sus animales, cruzando el rio Táchira para llegar a Colombia en las más precarias y humillantes condiciones», manifestó la jurista.
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