Los abogados de los exboinas verdes, Luke Denman y Airan Berry, dijeron que se les prohibió participar en los procedimientos de la Fiscalía. Por ello, consideran que hubo una violación de los derechos constitucionales de defensa de sus representados.
Denman y Berry, ambos exmiembros del servicio estadounidense condecorados, fueron declarados culpables de conspiración, tráfico ilegal de armas y terrorismo, anunció el fiscal general del régimen, Tarek William Saab.
Sin embargo, los abogados de los hombres dijeron que la audiencia estuvo marcada por irregularidades, reseñó AP.
El letrado Alonso Medina Roa dijo que fue contratado hace un mes por las familias de los dos estadounidenses, pero hasta ahora se le ha prohibido reunirse o hablar con sus clientes.
“En violación de su derecho constitucional a la defensa el juez Máximo Márquez nunca informó sobre el proceso del viernes por la noche en la sede de la policía del Sebin, donde se encuentran detenidos los hombres. En cambio, estuvieron representados por un defensor público”, dijo Medina Roa.
Los funcionarios estadounidenses han negado cualquier participación en el ataque, pero no han dicho qué conocimiento tenían sobre los campamentos clandestinos en Colombia. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, dijo que Washington utilizará todos los medios posibles para ganar la libertad de Denman y Berry.
Mark Denman, hermano de Luke Denman, dijo en un comunicado que las familias estaban muy decepcionadas de que los hombres no estuvieran representados por su asesor legal privado.
“Con el juicio detrás de nosotros, ahora estamos enfocados en asegurar que durante su detención se respeten sus derechos. Esto incluye trato humano, acceso a una atención médica adecuada, comunicación con sus familias y abogados”, indicó Mark Denman.
El abogado Medina Roa dijo que Maduro puede estar buscando negociar un acuerdo político con Estados Unidos para la liberación de los ex boinas verdes. No obstante, las autoridades no necesitan pisotear más la constitución de Venezuela para lograr sus objetivos.
“Es una perversión de la justicia violar sus derechos constitucionales para obtener beneficios políticos futuros”, concluyó Medina Roa.
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