Un tribunal colombiano condenó a la nación a pagar millonarias indemnizaciones al líder opositor Gustavo Petro, quien perdió las elecciones presidenciales de 2018 con Iván Duque, y a su familia por las chuzadas, como se conoce al escándalo de interceptaciones hechas durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Igualmente tomó una decisión a favor de la periodista Claudia Julieta Duque, quien fue víctima de seguimientos, amenazas y hasta un secuestro desde 2001 tras realizar una investigación sobre la muerte del reportero Jaime Garzón, asesinado en 1999 en Bogotá.
El tribunal declaró administrativamente y extracontractualmente responsable al desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (…) al Departamento Administrativo de la Presidencia y a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) por el daño antijurídico ocasionado a Petro y a su familia.
Igualmente falló para que estos organismos paguen un total 100 salarios mínimos mensuales vigentes, que corresponden a cerca de 88 millones de pesos (unos 23.000 dólares), al senador.
«Acaba de fallar el Tribunal Administrativo Cundinamarca, a mi favor y al de mi familia. El Tribunal Administrativo dice que hubo un concierto entre el Departamento Administrativo de Seguridad, Policía Secreta, la UIAF y la Presidencia de la República para perseguirnos en los años 2006 y 2009», dijo en Twitter Petro, alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015, al conocer la noticia.
Las funciones del desaparecido DAS pasaron a otras entidades del Estado tras ser liquidado en 2011 luego de que desde allí se hiciera espionaje ilegal a periodistas, magistrados, políticos opositores y defensores de derechos humanos, entre otros, durante el gobierno de Uribe.
Por las chuzadas fueron condenados el exsecretario de la Presidencia de Colombia Bernardo Moreno y la exjefa del DAS María del Pilar Hurtado, quienes fueron hallados responsables de varios delitos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En septiembre de 2017 también fue condenado a 7 años, 10 meses y 15 días de cárcel el exdirector del DAS Jorge Noguera como coautor del delito de concierto para delinquir agravado en ese escándalo por realizar interceptaciones de comunicaciones privadas, vigilancia y seguimientos sin orden de autoridad judicial.
El caso de la periodista
Desde 2001 Duque fue objeto de amenazas y seguimientos por parte de desconocidos, que se derivaron de una investigación conjunta con la Corporación Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» (Ccajar, de derechos humanos) sobre el asesinato de Jaime Garzón.
Duque aseguró en 2009 que llegó a recibir llamadas de miembros del DAS en las que amenazaban a su hija, por lo que se vio obligada a abandonar Colombia en esa época.
En ese sentido, el tribunal determinó que el Estado deberá pagar a la periodista el valor de 500 salarios mínimos mensuales vigentes, unos 438 millones de pesos un poco más de 117.000 dólares.
«Es una sentencia histórica para el periodismo independiente, la libertad de expresión, la posibilidad de investigar graves crímenes y violaciones de DD HH, y como una reivindicación fundamental de mi verdad, y con el propósito de reparar integralmente casi una década de persecución, ataques ilegales, exilios y torturas psicológicas», dijo.
La periodista, en un mensaje que publicó en Twitter, agradeció a las organizaciones y personas que creyeron en ella, así como le brindaron su apoyo incondicional en los peores momentos.
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