Falsa tregua

En los últimos días el tipo de cambio del bolívar y frente al dólar estadounidense se ha incrementado en casi 40%. No es una tarea sencilla explicar cómo una moneda, o lo que queda de ella, pierde casi la mitad de su valor en tan solo unos días. Pero el escenario era previsible. Y era previsible porque las medidas adoptadas por el “ajuste Maduro” son insuficientes, y lo más importante, no están dotadas de un sentido de convicción y de cambio de parte de la alta esfera del poder.

Los ajustes económicos, la elaboración de un programa de reformas, debe estar acompañada de la convicción por parte de la dirigencia gubernamental que permita concluir que se hace lo correcto. Que las medidas son necesarias y los pasos encaminados los adecuados. Pero nadie en el seno del régimen de Maduro parece creer en las virtudes del mercado, ni mucho menos en la importancia de la propiedad privada y la labor empresarial.

Por el contrario, el régimen ve al empresario como un enemigo histórico. Un adversario que, según su campo dogmático, debe ser eliminado por cuanto representa el mayor mal para el pueblo ungido por la revolución. De forma tal, que todo este “ajuste Maduro” no es más que una tregua desesperada, pero en modo alguno una condonación o la redención del empresariado frente a la revolución chavista. No nos hagamos ilusiones: quienes produzcan bienes y servicios (o los importen, como mayoritariamente sucede en Venezuela) seguirán siendo personas no gratas en la gesta del socialismo bolivariano.

La necesidad, sin embargo, obligó al régimen a pactar con el enemigo. El menguado y casi destruido sector privado. Y es que esa necesidad es imperante. Empresas estatizadas por el suelo y quebradas, numerosas cuentas por pagar a proveedores del Estado, salarios y pensiones adeudadas desde hace meses a numerosos empleados públicos, industrias básicas en el olvido, y ni hablar de la pulverización de la industria petrolera. Y por si fuera poco, el escenario de las sanciones internacionales que deterioran aún más el cuadro crítico de las finanzas bolivarianas.

De allí que, carente de margen de maniobra, Maduro se haya visto obligado a desarrollar su apertura poco ortodoxa. Y ha sido una apertura muy particular, toda vez que mantiene las grandes líneas regulatorias del andamiaje estatista que ha caracterizado a las dos décadas del socialismo bolivariano. En este sentido, no se derogan expresamente los controles. Se dejan a media luz, con una legalidad grisácea, de forma tal que los agentes económicos puedan operar en la práctica con los controles desaplicados pero con la amenaza latente de que puedan ser fiscalizados cuando al régimen, por las razones que sea, decida emplear sus normas como instrumento de retaliación política.

La seguridad jurídica, de este modo, se transforma en la gran ausente. Y ningún agente económico de relevancia se tomará en serio las políticas del gobierno hasta tanto impere el Estado de Derecho, puesto que operar en el país implicará una incertidumbre absoluta hacia el porvenir. Suficientes riesgos implica la labor empresarial para que los emprendedores también tengan que enfrentar la incertidumbre que generan las decisiones arbitrarias de quienes detentan el poder.

Como quiera que el gobierno no ha desarrollado cambios estructurales, la suerte está echada. Además, difícilmente el escenario económico pueda separarse de un entorno político hostil, que no termina de resolverse y cuyos asuntos más neurálgicos son desconocidos. En este panorama, reacio e imposibilitado de adoptar un verdadero modelo de apertura y liberalización, el régimen condena a Venezuela al tránsito de un desierto, árido y de arenas infinitas. No podía ser de otra forma.