Cuatro meses tiene la justicia venezolana paralizada al día que escribo estas líneas. El Tribunal Supremo de Justicia mediante la Resolución N°005-2020 decidió prorrogar esta suspensión de las actividades judiciales en todo el país hasta el próximo 12 de agosto de 2020, lo que ya sumaria 5 meses de paralización por el covid-19. A esto debemos sumarle que el 15 de agosto comienzan las vacaciones judiciales que finalizan el 16 de septiembre, serían entonces 6 meses con la justicia en cuarentena.
Cuando comenzaba a escribir esta pequeña opinión, leí un tweet de quien considero uno de los abogados penalistas más brillantes que tenemos en este país, a quien admiro profundamente y además siempre ha manifestado su preocupación por la lentitud de la justicia venezolana o lo que todos conocemos como retardo procesal. Me refiero al reconocido jurista Dr. Alberto Arteaga Sánchez, quien señaló: “La justicia penal venezolana siempre ha estado en cuarentena, paralizada y al margen de su verdadero cauce”. Esto me inspiró a escribir hoy de este tema, aunado con que comparto plenamente estas palabras de este sabio del derecho.
La paralización de la justicia es un tema que está afectando a muchas personas, a colegas abogados, a usuarios del sistema de justicia y a quienes me referiré hoy de manera especial, los hombres y mujeres privadas de libertad y sus familiares, que es el tema que siempre he trabajado y por el que estoy muy sensibilizado, a pesar de las críticas y comentarios de los que piensan diferente.
No se imaginan los que me leen, el sufrimiento que este grupo de personas vive por lo que está ocurriendo con el retardo procesal. Diariamente recibo o recibimos en Una Ventana a la Libertad, organización que dirijo, llamadas, correos, mensajes por las redes sociales pidiendo ayuda por esta situación. Lamentablemente es poco lo que podemos hacer, más allá de denunciar y que el mundo sepa qué ocurre en el sistema penitenciario venezolano. Pero igual nos da una de impotencia muy grande, porque somos una organización no gubernamental y el otorgar libertades, realizar planes para disminuir el retardo procesal, ayudar a hombres y mujeres privadas de libertad por las constantes violaciones a los derechos humanos que se cometen en nuestras cárceles y centros de detención preventiva es responsabilidad del Estado a través de sus diferentes instituciones, que ya tenemos claro es un tema que les importa poco o nada, y cuando les importa es para formar parte del show mediático, nada más. Igualmente, siempre hemos demostrado nuestro deseo de apoyar, si nos dejan hacerlo.
Casi para finalizar quiero informar a los que no saben que, en la actualidad, aun cuando no existen cifras oficiales, tenemos un aproximado de 110.000 hombres y mujeres privadas de libertad de los cuales al menos 70% de ellos están procesados. 45.000 de ellos en cárceles tradicionales y 65.000 en centros de detención preventiva, sin condiciones para tener detenidos por más de 48 horas, pero que se han convertido en las nuevas cárceles venezolanas.
El retardo procesal en las causas penales es muy grave y la cuarentena por el covid-19 lo aumenta, con consecuencias nefastas para los presos.
Finalizo denunciando de manera directa a la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, como única responsable de esta situación. La gran culpable de que los policías se hayan convertido en cuidadores de presos y no de los ciudadanos es ella y en algún momento de la vida le tocará responder por eso, no podemos olvidar que las violaciones de los derechos humanos es un delito que no prescribe. Cuando esto acabe, que estoy seguro acabará pronto, esta señora deberá responder por los delitos que ha cometido, no saben cuánto espero ese momento. No es venganza, es simplemente justicia.
@cnietopalma
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