El régimen de Nicolás Maduro rechazó este miércoles el informe de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, presentado en Ginebra.
El informe critica la ausencia de un sistema de justicia independiente y las violaciones de los derechos económicos y sociales.
Al respecto, el régimen desestimó, a través de un comunicado, el contenido, las conclusiones y las recomendaciones por considerar que el documento es «tendencioso» y está «elaborado a partir de una cuestionada resolución del Consejo de Derechos Humanos».
«El informe es una muestra palpable del doble rasero, la manipulación y el vergonzoso uso político de los mecanismos internacionales por parte de un reducido grupo de países con graves expedientes de violación de derechos humanos y posiciones políticas manifiestamente hostiles hacia Venezuela», señala el comunicado.
Reitera que el Consejo de Derechos Humanos no tiene «facultad legal ni mandato alguno para pretender evaluar el funcionamiento constitucional de los poderes públicos y el desarrollo de los sectores económicos del país».
El informe de la ONU
El informe de Michelle Bachelet señala que el Poder Judicial se ha visto deteriorado por presiones a la judicatura e interferencias políticas, por lo que la capacidad para actuar de forma independiente con el fin de proteger los derechos humanos se ha visto gravemente afectada y está contribuyendo a la impunidad.
Bachelet recomendó a Nicolás Maduro que emprenda reformas al sistema judicial para garantizar la imparcialidad y frenar el uso de la justicia militar para juzgar a ciudadanos.
«Pido al gobierno venezolano que emprenda y complete las reformas anunciadas al sistema de justicia para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles y cumplir con su obligación de investigar cualquier denuncia de tortura y malos tratos «, subrayó la alta comisionada.
Arco Minero
El informe señala también la situación de los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco, una de las áreas más ricas en recursos minerales de Venezuela, y asegura que están sometidos a graves abusos y violencia que han causado al menos 149 muertos desde 2016.
La investigación sobre este asunto, expuso Bachelet, destaca que los mineros de la zona «están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia» por grupos criminales que controlan las minas en el área, apodados «sindicatos».
«A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y de los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería», subrayó Bachelet.
Ante esa situación, el documento urge a investigar los abusos en la zona y poner coto a la corrupción y actividades ilegales que se desarrollan en el Arco Minero del Orinoco.
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