Traidores y oportunistas en partidos políticos (vacunas & tratamientos)

Sin entrar en la polémica de las descalificaciones personales que está azotando a la política venezolana por los conflictos internos y externos que son azuzados desde el gobierno nacional dando orientaciones políticas precisas a las instituciones del Estado, no es menos cierto que los partidos políticos en menor o mayor medida, según sea el caso, tienen tumores malignos, que se expresan en la invasión de mercenarios, charlatanes y oportunistas que se aparecen para vivir de los mismos, especialmente en las épocas de zafra electoral, desapareciendo luego de la vida política interna, haciendo del arte de la política un ejercicio malévolo que afecta a quienes deseamos que sea ejercida como un servicio público.

Estos tratamientos se pueden resumir en los siguientes:

1. Formación ideológica

Se ha vuelto un lugar común decir que todos los partidos políticos se parecen, cuando en la realidad las ideologías políticas marcan claras y nítidas diferencias entre los parámetros y líneas de acción de cada grupo político que la práctica. No se puede tolerar personas que tengan un “pasticho mental” en la cabeza, donde todas las ideas se combinan y se puede ser marxista-leninista (ateo) y pastor de una iglesia al mismo tiempo, mientras que otros son los denominados “pragmáticos” que no creen en nada ni en nadie, sino en las oportunidades para progresar ellos solos, a costa del que sea. En Venezuela se da la locura de que militantes de pensamiento liberal, fascista, socialdemócrata, comunista conviven dentro de una misma organización, sin importar el signo ideológico de la misma, mientras que otros, a su vez manipulan la historia de sus fundadores y organizaciones de acuerdo con las circunstancias particulares de cada quien.

La depuración básica de un partido político comienza con pasar a sus militantes por el filtro ideológico del mismo para crear cierta identidad de grupo y espíritu de cuerpo, como bien lo saben los partidos liberales, populares, conservadores, socialdemócratas, socialistas y comunistas del mundo que se identifican claramente por su lenguaje, símbolos, autores políticos preferidos, discurso político, situación que no se da en el caso venezolano por la tendencia populista que los vuelve un caso de “sincretismo político”, que permite la entrada a todo aquel que desconozca la historia del partido, sus líderes principales, su declaración de principios, programa de acción política y estatutos (requisitos, por cierto, obligatorios para fundar un partido político en Venezuela). El desafío de modernizar estos documentos a la narrativa y simbología del siglo XXI exige una revisión histórica y hasta un cuestionamiento y condena de algunos fundadores de dichos partidos políticos para alcanzar una reconciliación emocional con la sociedad venezolana, siguiendo el gran ejemplo del santo papa Juan Pablo II, que reconoció la mayoría de los grandes errores históricos de la Iglesia Católica y a su vez la guio hacia la victoria final contra la ideología comunista durante la guerra fría (1946-1992).

2. Reglamentación exhaustiva de la vida interna

Partiendo del hecho de que la mayor tragedia de los partidos políticos en Venezuela desde sus comienzos ha sido la búsqueda de la “democracia interna”, que deriva muchas veces en las divisiones, fundaciones de nuevos partidos políticos, expulsiones de militantes y “trompadas estatutarias” y cualquier otro tipo de acto violento para asegurarse el control de la maquinaria y mantener una férrea “disciplina partidista”; se hace indispensable crear  una  ley de partidos políticos que establezca mecanismos de control de entrada y que el inscrito tenga “fiadores políticos” reconocidos que le postulen para evitar la entrada de vagabundos, aventureros y personas cuestionadas, así como  permitir registrar al mismo tiempo al militante dentro del partido político y del CNE, para evitar los exabruptos de que lo saquen del mismo en forma irregular. Igualmente, debe haber un cumplimiento formal estricto de los nombramientos en cargos de responsabilidad política, de forma que miembros de direcciones parroquiales, municipales, estatales y nacionales, puedan disponer de un documento notariado de su nombramiento y se evite la discrecionalidad verbal de colocar y sacar gente de los puestos de dirección de un partido político, sin seguir las pautas estatutarias para su remoción y dicho de otra manera, poder agotar las instancias administrativas para evitar a toda costa ir a la vía judicial. En este sentido, la elección y funcionamiento de los tribunales disciplinarios deben ser objeto de una estricta exigencia en esta ley para la existencia de los mismos.

3. Selección de candidatos para procesos electorales  

Esta materia en particular exige una profunda reforma de la Ley de Procesos Electorales y Participación Política, debido a las tendencias malévolas en algunos partidos políticos a negociar el “trabajo político” de sus militantes, a través de la “negociación”, donde se intercambian candidaturas con gran posibilidad de éxito en alcaldías, gobernaciones, consejos legislativos y la misma Asamblea Nacional, de acuerdo con el criterio de la dirección nacional, llegando a sacrificar 4-7 municipios pequeños (alcaldías) por un municipio grande en otro extremo del país, destruyendo el trabajo cotidiano de los militantes. Esta falta de respeto no se debe permitir y ningún partido político puede ser sustentable si en forma permanente se viven negociando sus votos locales y regionales desde Caracas, en mi opinión el principal argumento por el cual no estoy de acuerdo en una reforma constitucional que traiga la creación de un Senado que represente a los estados, algo normal en un sistema federal, para que terminen escogiendo 44 caraqueños entre  los 48 senadores (2 por estado) que hipotéticamente saldrían electos, tal como estaba ocurriendo de forma creciente en los últimos años del período democrático (1958-1999).

4.Responsabilidad política en la gestión pública

Uno de los principales –si no tal vez el mayor– problema de los partidos políticos en Venezuela es el asunto concerniente a la responsabilidad política de la organización en la gestión de gobierno, siendo absolutamente inaceptable que se espere el fin del gobierno de un alcalde, gobernador o presidente para descubrir que era un ladrón de siete suelas, un irresponsable administrativo, un carente de toda sensibilidad social, un sujeto que gobernaba “sin el partido”, a objeto de escurrir el bulto, evadiendo toda responsabilidad moral.

Es necesario que de forma pública y notoria cada partido político apruebe anualmente la gestión de cada funcionario electo con los votos de su tarjeta electoral y asuma su corresponsabilidad moral y política desde el principio y no al final del período de gestión pública. Asimismo, los programas de gobierno, especialmente si se va en alianza con otras organizaciones políticas, tienen que tener objetivos claros, metas cuantificables y con lapso de tiempo establecidos para su correcta evaluación. Parece una burla superlativa, por ejemplo, que nunca se hagan públicos los informes de entrega y recepción de gobernaciones y alcaldías, para saber qué recibió cada funcionario y qué entrego a su salida, tal como lo establece la Gaceta Oficial Nº 39.229, de fecha 28 de julio de 2009, en el artículo 11:

“El acta de entrega a que se refiere el Artículo anterior deberá acompañarse de los anexos siguientes: 1) Estado de las cuentas que refleje la situación presupuestaria, financiera y patrimonial, cuando sea aplicable. 2) Mención del número de cargos existentes, con señalamiento de si son empleados u obreros, fijos o contratados, así como el número de jubilados y pensionados, de ser el caso. 3) Inventario de los bienes muebles e inmuebles. 4) Situación de la ejecución del plan operativo de conformidad con los objetivos propuestos y las metas fijadas en el presupuesto correspondiente. 5) Índice general del archivo. 6) Cualquier otra información o documentación que se considere necesaria”.

Demás está decir que los presupuestos de las instituciones públicas y muy especialmente la “lista de obras” construidas o por construir, son secreto de Estado y ningún partido político asume responsabilidad por ello, lo que origina los problemas que padecemos hoy en día en general.

En conclusión, hay que realizar grandes reformas estructurales en los partidos políticos venezolanos para acometer su correcto funcionamiento sin la presencia de tantos “bandidos y aventureros”.