La prostitución en Argentina no es un delito si se realiza de forma voluntaria. Pero no es reconocida como empleo ni permite derechos laborales, algo que la cuarentena por el coronavirus puso en evidencia y llevó a las trabajadoras sexuales a exigir un cambio de paradigma que las proteja.
El 20 de marzo todo se puso patas arriba. El país quedó paralizado para frenar el virus y el gobierno se vio obligado a poner en marcha millonarios programas de ayudas para las empresas y los trabajadores más afectados por la crisis, que se suma a una recesión que ya dura dos años.
Subsidios vinculados a lo laboral a los que no pueden acceder quienes se dedican al trabajo sexual, que en el mejor de los casos solo logran acceder a programas sociales que a duras penas les permiten sobrevivir.
«La pandemia vino a dejar al descubierto algo que no se quiere ver ni hablar, que es que las trabajadoras sexuales existimos y somos parte de una sociedad en la cual necesitamos un reconocimiento de derechos», cuenta a Efe Valentina Pereyra, que vive y trabaja en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.
Por videollamada, la también activista transexual e integrante de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) se muestra tajante: «No podemos tener aportes jubilatorios, no podemos acceder a una obra social (mutua médica), ni siquiera podemos acceder a un préstamo. No podemos justificar nuestros ingresos de ninguna manera».
Ammar, sindicato nacido en 1994, defiende los derechos de las trabajadoras sexuales y realiza labores en pro de la salud, la educación y la vivienda en diversas comunidades del país.
Para enfrentar los efectos de la cuarentena, estos días engrosó un Fondo Nacional de Emergencia para, mediante donaciones, entregar comida, artículos de limpieza y subsidios y que ninguna trabajadora quede desamparada.
Y es que la irrupción de la pandemia, señala la secretaria general de Ammar, Georgina Orellano, desnudó la precarización del sector, que no solo refleja problemas económicos.
«Una compañera fue a trabajar a las 3:00 am porque supuso que los vecinos estaban durmiendo y la policía no iba a estar merodeando, y terminó en la cama de un hospital golpeada por un intento de robo», relató.
Un escenario dramático que puede convertirse en una oportunidad para que la clase política debata la puesta en marcha de nuevas políticas.
Desde la organización reclaman un modelo que dé igualdad de condiciones laborales a la prostitución, actividad que en Argentina no cuenta con un marco normativo de derechos; y donde diversas leyes, según Ammar, impiden ejercerla sin ser criminalizada.
Es clave, resaltan, sensibilizar sobre la diferencia entre el trabajo sexual voluntario y el tráfico de personas.
Este mes, el sindicato celebró que el Ministerio de Desarrollo Social creara un registro de trabajadores de la economía popular –profesiones informales- que reconocía por primera vez la prostitución como un empleo y proponía censar a sus trabajadores.
Pero se dio marcha atrás luego de fuertes criticas por parte de sectores abolicionistas.
«Con el ministro Daniel Arroyo coincidimos de acuerdo a nuestra legislación y los convenios internacionales que la prostitución no es trabajo. El formulario ya fue bajado», expresó en Twitter Gustavo Vera, amigo del papa Francisco y director del Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia a las Victimas.
En declaraciones a Efe, fuentes de la cartera ministerial aclararon que fue un error incluir el trabajo sexual, así como otras actividades que también fueron ya excluidas y que tampoco integrarán el formulario definitivo, un censo de profesiones a las que se les permitirá acceder a derechos laborales.
«Más allá de que no está penada por ley la prostitución, sí el proxenetismo, no es categoría laboral. En tanto que eso no se resuelva, es algo que nos excede, pero abrimos el debate para ver cómo se resuelve», añadieron.
Orellano lamenta que la política siga siendo machista y patriarcal y que sectores del gobierno, peronista, como ella, continúen teniendo una posición ortodoxa respecto al tema.
«Lo que se niega ahora es que seamos considerados objeto de derecho y se cense a nuestra población», reprocha.
En la «clandestinidad»
Las últimas estadísticas oficiales que datan de 2009 señalan que en el país ejercen la prostitución unas 80.000 mujeres (se estima que 20.000 en la calle y 60.000 en espacios privados), aunque se cree que estas cifras son mayores, no solo por el tiempo transcurrido, sino también por la dificultad de obtener datos por la propia naturaleza de la actividad.
Más allá de que no es un ilícito ejercerla en Argentina, siempre que la realicen mayores de edad de forma voluntaria y sin que medie explotación, las trabajadoras sexuales advierten de la discriminación, estigmatización, hostigamiento y detenciones policiales arbitrarias que sufren, en especial trans e inmigrantes.
También que, sea cual sea el lugar donde se quiera ejercer, siempre hay una normativa que restringe y obliga a trabajar en lugares clandestinos.
«El principal problema que denunciamos por trabajar en la clandestinidad es la violencia policial«, expresa la líder de Ammar, de 34 años de edad y prostituta desde los 19, que alerta de las dificultades para alquilar una vivienda, al considerarse que quien la arrienda está facilitando la prostitución.
«Por eso las compañeras no alquilan de manera directa. Alquilan de palabra, subalquilan, pagan 3 o 4 veces más, justamente por la condena que se da a toda aquella persona que nos facilite un espacio», subraya.
Ammar indica que tiene alrededor de 6.500 asociadas, 86% de las trabajadoras son cabeza de hogar con entre uno y siete hijos.
Cuarentena que ahoga
Al llegar el covid-19, las prostitutas que ejercen en la calle se quedaron sin poder salir a trabajar, y todas han visto caer el número de clientes por ser actividad de contacto físico y pertenecer muchos de ellos a grupos de riesgo.
Mientras algunas se reinventaron con modalidades virtuales, para otras se complica por no poder costear un celular o internet o incluso por los problemas para familiarizarse con la tecnología.
Es por eso que, por supervivencia, hay mujeres que optan por salir y buscar clientes, pese al aislamiento obligatorio, que se va levantando en la mayoría de provincias pero sigue duro en Buenos Aires.
«No es lo mismo hacer una cuarentena con derechos que sin derechos, teniendo casa que no teniéndola, teniendo para comer que no teniendo», lamenta Pereyra, de 35 años de edad y en la prostitución desde los 19.
«Estamos acá, existimos y necesitamos derechos. ¿Cómo lo hacemos?», concluye.
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional