El rechazo que sentimos por el nuevo atropello que el régimen ha perpetrado contra las organizaciones políticas de oposición, es solo comparable con el que sentimos por la equivocada estrategia que el liderazgo opositor ha puesto de manifiesto para liberarnos de esta pesadilla. Hoy peor que ayer, mañana se seguirá repitiendo lo mismo.
Sobre la politización de la justicia o la “judicialización” de la política, ya hemos tenido lo suficiente como para no sorprendernos de esta nueva afrenta. Forma parte de un todo criminal que ha invadido y tomado por asalto cada uno de los espacios que aún quedaban como reductos de una democracia ya convertida en caricatura. La AN, los partidos políticos y el sufragio, hoy son menguados vestigios institucionales que dan cuenta de esa cruda realidad.
La Asamblea Nacional
La AN, electa clamorosamente en 2015, ya estaba sentenciada a muerte antes de iniciar su ejercicio. En los días previos a su instalación, hubo decisiones inconstitucionales de la saliente que marcaron su futuro. Luego, al rebanarle la mayoría calificada, comenzó su sistemática desaparición forzada como institución democrática.
Ya atada de manos, la sedicente constituyente con ella avecindada, la separación y posterior incorporación de la bancada oficialista, el desalojo de su sede y el manejo estrictamente partidista del G4, terminaron por hacerla añicos. Aparte del interino, no designaron otros poderes que no fueran un TSJ que desecharon luego como un harapo y un procurador que salió recientemente en volandillas, sin recursos, empleados, ni oficina.
No le dieron curso a la investigación del origen colombiano de Maduro. No hubo investigaciones serias en ninguna de las comisiones que la integran, que dieran algún resultado en todos los guisos montados por el régimen, incumpliendo las funciones de control que les asigna la Constitución. Así fue con las emblemáticas comisiones de Petróleo, Energía y Minas, Servicios Públicos, Defensa y, por supuesto, la tristemente célebre Comisión de Contraloría.
Desestimaron, hasta el último momento, formular cualquier solicitud que pudo ser viable en hacer más creíble una amenaza inminente de intervención, que pegara al régimen contra la pared. No dirigieron sus esfuerzos para que al régimen en Venezuela se le designara como gobernante de un Estado terrorista, clave para el apoyo de países afectados por ese extremismo, que con toda seguridad acompañarían una política de mayor presión. Creyeron que con las sanciones bastaba. Esperaron que la negociación se los engullera.
Dilapidaron el caudal político que les dio la calle y la comunidad internacional, como también los recursos que le han llegado por distintas vías para la recuperación de esas organizaciones partidistas con miras al fortalecimiento de las instituciones democráticas, administrándolos a su antojo.
Los partidos políticos
Los partidos políticos, en un estira y encoge, un día participaban en elecciones y al siguiente no. Al igual que muchos de sus naturales candidatos, quedó la mayoría inhabilitada. Los electos que no le hicieron la reverencia a esa constituyente no fueron reconocidos. El chantaje político, comenzó a dar sus frutos; esas organizaciones negociaban o quedaban a la vera del camino electoral. Hoy son esqueléticas figuras que deambulan como fantasmas dentro de sus propias paredes. Los diálogos dejaron el camino expedito para que finalmente sus retazos entraran a juro por el aro.
En buena medida, se evidenciaba la gran realidad de no tener partidos con la fortaleza que pudo generarle la autoridad política y moral de su propia democracia interna y la sustitución de unos dirigentes corruptos y hegemónicos, que poco o nada tenían que reclamarle al régimen. Es increíble que aún haya quienes militan en esos partidos que aplaudan, den vivas y se complazcan, en un masoquismo inexplicable, en ser dirigidos por sus propios dictadores y usurpadores que mantienen a sus organizaciones como franquicias personales por más de dos décadas.
El sufragio
Hoy vivimos el verdadero drama de no tener siquiera el aparato electoral, que supuestamente garantizaría una eventual participación en los comicios parlamentarios que esa dirigencia opositora se empeñó en llevar adelante. El país solo quería y quiere salir de Maduro y sus malandros, no atornillarlo legitimándolo con elecciones que no sean las presidenciales.
Eso solo le conviene a ellos y a los encuestadores y opinadores bailavalses que hoy salen en una sospechosa defensa del voto, banalizando la abstención solo por ser contraria a sus intereses. Pareciera que lo más cómodo es plegarse a la inmundicia. Bastaría revisar en algunos sus carteras de clientes. El sufragio ha sido prostituido a más no poder. Dejó de ser un instrumento para la elección y la alternabilidad. Cuánto más debe pasar para que se entienda que Maduro, el TSJ, el CNE, el Poder Ciudadano, la Asamblea de Parra, no son legítimos, ni legitimables. El pronunciamiento de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales es impecable.
Juan Guaidó y el G4, tienen el derecho de palabra
Ya en cuenta de esta realidad, lo fundamental es saber qué pasará en lo adelante. La solución de continuidad como alegato para que no desaparezca la actual AN legítima luce peregrino, no porque sea jurídicamente desestimable, sino porque políticamente fracasará; correrá la suerte del olvidado TSJ legítimo. Ya el banalizado TIAR dejó de ser una opción, cumplió con las primeras etapas en su instrumentación, pero la intervención como etapa final pasó a ser deliberadamente una quimera. Guaidó será una presa de caza, es ahora el régimen el que ofrecerá recompensa por su cabeza.
La mayoría de los aliados internacionales, luego de haberle dado un excepcional apoyo a la oposición, esperarán el momento para reiniciar sus relaciones comerciales y diplomáticas con un régimen que contará con una AN en cuya elección -supuestamente- “participaron fuerzas de la oposición”.
Si esto se ve venir, es imperioso saber qué se está haciendo y qué se hará para evitar tamaña debacle. Tienen nuevamente el derecho de palabra Juan Guaidó y el G4, para que nos digan cuál es la salida.
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