Al menos 15 personas fueron asesinadas el domingo en la noche en la comunidad indígena Ikoots San Mateo del Mar, en el sureño estado mexicano de Oaxaca, confirmaron este lunes las autoridades locales, que aseguran que las víctimas fueron «torturadas y quemadas vivas».
«Durante la noche de ayer sucedió una tragedia sin precedentes», denunció el ayuntamiento de San Mateo del Mar en un comunicado al confirmar el asesinato de 15 de sus ciudadanos en la localidad de Huazantlán del Río.
Las autoridades locales afirmaron que sus ciudadanos, dos mujeres y trece hombres, fueron «torturados y quemados vivos» por defender su derecho de manifestación tras denunciar una presunta detención ilegal ocurrida días antes.
Denunciaron que los presuntos autores de la masacre pertenecen a un grupo criminal que aspira a controlar el municipio para aprovechar su ubicación estratégica en el tráfico de personas indocumentadas y para almacenar combustible robado.
Señalaron que agentes de la Guardia Nacional pudieron «dispersar parcialmente» los ataques lo cual evitó una desgracia de mayores proporciones, aunque apenas logró rescatar con vida a dos personas.
Identificación
La Fiscalía General del estado de Oaxaca informó en un comunicado que abrió una investigación de los «hechos violentos en los que murieron 15 personas entre el 21 de junio y el 22 de junio en la agencia municipal de Huazantlán del Río, jurisdicción de San Mateo del Mar».
Las autoridades del estado confirmaron las 15 muertes y señalaron que los cuerpos «presentan contusiones y quemaduras parciales», por lo cual peritos médicos harán las necropsias correspondientes para determinar las causas de sus muertes.
Confirmó que al momento se ha identificado solo a 4 de las 15 víctimas, además de que una persona herida fue llevada a un hospital de la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca.
La Fiscalía informó que más de un centenar de personas, entre funcionarios federales, estatales y municipales y agentes de diferentes corporaciones de seguridad se han trasladado a la comunidad para la investigación.
A la comunidad se han enviado 40 agentes estatales de investigación, 3 médicos, 80 elementos de la policía del estado y 39 miembros de la Guardia Nacional, agregó la Fiscalía.
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