Como lo hemos dicho, escrito y publicado en varias ocasiones, la dictadura de Maduro se ha focalizado en preparar el asalto final contra lo que aún perdura del sistema democrático venezolano. A tal efecto, ahora, con obsceno ventajismo, violando y desconociendo las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional, trata de imponer a como dé lugar y utilizando procedimientos írritos y espúreos con la consecuente complicidad del ilegal TSJ, de varias minúsculas organizaciones políticas que hacen vida en nuestro país y del concurso de desacreditados y rechazados tránsfugas de nuestra fauna política, un Consejo Nacional Electoral, conformado por obsecuentes personas fuertemente vinculadas con el régimen, para utilizarlo como el instrumento del cual se valdrá para continuar manipulando y controlando los procesos electorales que se celebran en el país.
Eminentes estudiosos del derecho han analizado exhaustivamente la legalidad de la acción promovida por el régimen para integrar el nuevo CNE; todos han concluido que tanto la iniciativa de nombrar a los rectores y suplentes, así como la distribución de las funciones y cargos de estos son fraudulentas, ilegales e ilegítimas y constituyen una flagrante violación del orden constitucional existente. Asimismo, la opinión pública nacional se muestra indignada y violada en sus legítimos derechos por la evidente parcialidad política, favorable al gobierno, de los fraudulentamente designados; por el hecho que varios de ellos sean objeto de sanciones internacionales por violación de los derechos humanos y otros delitos; y, porque pone en entredicho la transparencia, imparcialidad y valores éticos que deben presidir las actividades del CNE y sus rectores.
Asimismo, connotados líderes de la sociedad civil venezolana, incluyendo a un número creciente de disidentes del «madurismo» también han expresado su profundo desacuerdo y rechazo a las intenciones del régimen para perpetuarse en el poder e introducir, para ello, unas calamitosas e inconvenientes modificaciones a la institucionalidad de la República que han sido concebidas para, entre otros objetivos, cercenar la libertad individual, el derecho equitativo y universal del voto, el derecho a la participación ciudadana y la libertad de expresión; es decir, han impugnado con mucha fuerza que el régimen esté decidido a establecer, mediante una cuestionable legalidad, variadas reformas políticas que, indefectiblemente, producirán perversos resultados colaterales que afectarán negativamente a toda la población e impedirán consolidar la paz y la gobernabilidad del país.
Por otra parte, para tomar la iniciativa de nombrar a un CNE se requiere que los proponentes tengan la «auctoriĉtas» necesaria para conducir y liderar un proceso como el que nos ocupa. Se necesita de un liderazgo responsable y creíble, del que el TSJ ilegal carece y un apoyo popular, que tampoco tiene, tal como lo reflejan las más recientes encuestas de opinión. Esos reveladores resultados de los sondeos de opinión constituyen un poderoso mentís a las angustiadas maniobras del régimen de Maduro que, en el fondo, no son otra cosa que pretender asestar arteramente un golpe de Estado para mantenerse en el poder y profundizar lo antidemocrático que es su gobierno.
Asimismo, a nuestro juicio, el régimen no tiene la credibilidad, la capacidad ni posibilidad de coronar con éxito tan descabellada y aberrante aventura porque hace rato que las perdió ante el país y sus correligionarios, y porque la mayoría de los ciudadanos tiene la férrea determinación de no aceptarla y está dispuesta a enfrentarla y derrotarla en todas las instancias que sean necesarias.
Igualmente, se espera un fuerte rechazo de la comunidad internacional y el desconocimiento, por parte de esta, de cualquier proceso electoral y de sus resultados, organizado por conducto de ese ilegítimo CNE
El régimen, en lugar de buscar y auspiciar el consenso político para la conformación del CNE, ha adoptado un discurso violento, intransigente que cierra los espacios para el entendimiento pacífico y positivo. Esa perversa actitud igualmente obstruye y dificulta la construcción y el encuentro de las vías de solución pacífica y consensuada que requiere la profunda y terrible crisis que vive la nación.
Una vez más el régimen agrede a los ciudadanos con su inveterada táctica de envolver sus acciones con un velo de premeditada alevosía, trampas, secretismo y falsedades.
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