La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en repudio y rechazo a la criminalización por parte del régimen de Nicolás Maduro contra los venezolanos que desean regresar a su país.
El documento ratifica que todos los venezolanos que se encuentren en el extranjero pueden regresar a su país sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución.
El texto informa a todos los venezolanos residenciados, o que se encuentran en el exterior, que no existen limitaciones más allá de las establecidas en los protocolos internacionales sobre seguridad médica en el contexto de la pandemia del covid-19 para el ingreso al país. El único requisito legal es la presentación de su cédula de identidad o pasaporte venezolano.
El diputado Carlos Valero, representante del estado Táchira, denunció que el régimen de Maduro viola la Constitución y los derechos humanos de los migrantes venezolanos al impedir su paso por la frontera.
“Hoy desde la legítima Asamblea Nacional nos toca alzar la voz por el trato vejatorio, discriminatorio, cruel e inhumano que el régimen le está dando a los venezolanos que intentan regresar al país por la frontera. Es una monstruosidad dejar a nuestros hermanos varados en la frontera, a la intemperie sin ningún tipo de refugio ni atención. Además, el régimen promueve las entradas ilegales sin supervisión del virus”, manifestó.
Valero, quien es miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, explicó que tras la crisis del covid-19 y la alta afluencia de venezolanos regresando al país, Maduro cerró la frontera y luego habilitaron un corredor humanitario de 900 personas por día. Pero ahora lo restringieron a solo 300 personas 3 días a la semana, e incluso han amenazado con cerrarla.
El parlamentario indicó que la dramática situación de los venezolanos retornados es consecuencia del pésimo manejo que le ha dado el régimen a la crisis.
Valero aseguró que parte de la crisis en la frontera deriva de la centralización de las pruebas PCR para descartar el covid-19 en las personas que entran al país. Dijo que como el régimen no permite que laboratorios privados hagan la prueba, las personas deben esperar hasta ocho días en los centros de hacinamiento del Táchira para conocer el resultado y seguir el camino hacia sus hogares.
“Nuevamente el régimen quiere hacerle pagar a nuestros hermanos su ineficiencia, su incompetencia, su absoluta incapacidad para resolver un problema que debería ser sencillo. Pero no lo vamos a permitir”, subrayó.
Noticias Relacionadas
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional