Vivimos en un contexto de opacidad y silencio oficial, en el que no hay acceso desde el Estado a datos sobre la situación de la violencia criminal y la actuación de las fuerzas de seguridad gubernamentales. Esta falta de información obstaculiza la evaluación de las condiciones reales de la seguridad ciudadana en nuestro país, dificultando, además, la formulación de políticas de seguridad efectivas y pertinentes.
En respuesta a ello, el Movimiento Caracas Mi Convive, en alianza con el portal Runrunes, lleva desde 2017 la iniciativa Monitor de Víctimas, que surge con el objetivo de caracterizar los patrones de homicidios que ocurren en el área metropolitana de Caracas. Monitor publica anualmente un informe, con cifras aportadas por líderes, periodistas, funcionarios, miembros de comunidades y víctimas de la violencia.
Disponible desde esta semana en este link: Informe 2019: Hogares peligrosos y policías asesinos , el informe de 2019 destaca el elevado porcentaje de asesinatos atribuidos a cuerpos de seguridad del Estado: de las 898 muertes violentas que se produjeron el año pasado en nuestra ciudad, alrededor de 40% fueron por letalidad policial -mayormente atribuidos a las FAES y el Cicpc-, seguidos de homicidios por robo (17%) y ajuste de cuentas (9%).
De estos 340 homicidios cometidos por fuerzas de seguridad del Estado, 263 fueron registrados como “ejecuciones” y 77 como casos de “resistencia a la autoridad”. Hay que destacar que 93% de estos asesinatos ocurren entre el municipio Sucre y Libertador y que las muertes ocasionadas por funcionarios de seguridad se suceden, casi mitad y mitad, entre la vivienda de las víctimas (45% de los casos) y la vía pública (50,8%).
Estos datos señalan cómo el Estado venezolano se ha convertido en el factor principal de generación de violencia, instrumentalizada para imponer formas de subyugación, coerción y amedrentamiento. De igual forma, los datos continúan evidenciando la vinculación de los cuerpos de seguridad a la violación masiva de derechos humanos, una realidad inocultable que ya ha sido señalada incluso por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La experiencia de Monitor de Victimas está circunscrita solo a Caracas, pero nos habla de la situación de violencia, criminal y estatal, a la que está sometida el país. Las políticas de seguridad ciudadana continúan afincándose en la represión y la militarización. El impacto negativo de estas políticas sobre las comunidades, sobre todo en los sectores populares, sigue generando heridas y costo social intolerable, que afecta la vida de miles de familias venezolanas y su relación con el Estado.
Pero por otro lado la iniciativa de Monitor de Víctimas también demuestra la necesidad de abordar el problema de la violencia desde la articulación de los diferentes actores sociales, involucrando organizaciones civiles, liderazgos locales y comunidades, así como expertos y funcionarios gubernamentales.
El informe de Monitor de Víctimas reitera nuevamente la necesidad urgente de profundizar el análisis sobre la violencia en nuestro país, y la necesidad de superar al actual régimen, que la promueve y utiliza en detrimento del bienestar de las personas.
robertopatino.com
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