Las intermitencias y el control en la red crecen en Venezuela deteriorando cada vez más la libre expresión y el acceso a contenidos en los entornos digitales, señaló el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela), en su informe Desconexión y Censura.
En 2019 no solo se agudizaron las restricciones en la conexión de los usuarios venezolanos debido a las fallas en la infraestructura de telecomunicaciones a lo largo del territorio nacional, también se reforzaron los mecanismos de censura implementados por proveedores de internet públicos y privados contra los principales portales de noticias. Además de los bloqueos, disrupciones masivas y violaciones a los datos personales que afectaron a todos los ciudadanos, destacaron los ataques y amenazas en línea hacia periodistas.
Durante los 12 meses de 2019 las violaciones a los derechos digitales sumaron un total de 188 casos, una cifra que representa más del doble de los hechos registrados en 2018, cuando se constataron 69 incidencias. Este dato comprendió principalmente 99 restricciones de acceso a internet, 39 ataques y 38 bloqueos. En menor medida también ocurrieron restricciones a la expresión (9), restricciones normativas (3) y limitaciones a la privacidad (1), de acuerdo con los datos que documentó el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela a través de su sistema de monitoreo de libertad de expresión en la red.
En su último informe llamado “La libertad en la Red 2019. La crisis de las redes sociales”, publicado en noviembre de 2019, la organización no gubernamental Freedom House señaló que Venezuela fue uno de los países con menor libertad de internet del mundo con una valoración de 30 puntos, en una escala de “libertad de internet” en la que un índice de 70 a 100 es libre. Este resultado, que colocó a Venezuela como el país con la red menos libre en Latinoamérica, es cuatro puntos inferior al valor obtenido en 2018.
Preocupa que la profundización de las violaciones de los derechos digitales en el país ha seguido extendiéndose en el primer cuatrimestre de 2020. Desde que el pasado 13 de marzo se anunció el decreto de Estado de Alarma en Venezuela debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19, aumentaron las restricciones de acceso a internet por la precariedad en los servicios y los apagones diarios que ocurren en todas las regiones, así como los bloqueos y ataques a las plataformas de medios de comunicación y a los trabajadores de la prensa.
Solo entre enero y abril de 2020, IPYS Venezuela registró 98 casos de violaciones en la red. Este número demuestra la agudización de estas incidencias si se compara con los datos de 2019 durante ese mismo período, cuando se contabilizaron 58 casos. Con el apoyo de nuestra Red Nacional de Corresponsales, y bajo la metodología del Observatorio Abierto de Interferencias en la Red (OONI) y del Laboratorio de Mediciones de Internet (MLAB), este año esta organización realizó una serie de mediciones que evaluaron las dificultades para acceder a información de interés público en 26 portales informativos y en páginas web dedicadas a la cobertura de datos sobre el Coronavirus, desde las conexiones de los proveedores públicos y privados, Cantv, Digitel y Movistar. En estas jornadas también se ejecutaron pruebas para determinar la velocidad de internet en 16 estados del país.
Los resultados revelaron bloqueos en todos los portales consultados. En algunos casos se trató de interrupciones temporales, pero en otros las restricciones se mantuvieron los cinco días que IPYS Venezuela hizo las mediciones, entre los últimos días de marzo y los primeros de abril. Según los registros, del total de 223 pruebas que se hicieron, la televisora VIVOplay acumuló el mayor número de impedimentos pues registró 104 veces bloqueos por DNS, 76 por HTTP, y una sola vez se identificó un bloqueo bajo la modalidad TCP/IP. Seguidamente estuvieron los portales de VPItv, también televisora digital, que en 134 momentos mostró bloqueos bajo la modalidad de DNS y en 46 por HTTP, mientras que NTN24 apareció bloqueado por DNS en 139 ocasiones, y por HTTP en 38.
Las otras páginas de medios informativos donde se evidenciaron bloqueos fueron: Caraota Digital (154), Punto de Corte (143), Armando.Info (111), La Patilla (100), Noticia al día (91), Albertonews (90), Efecto Cocuyo (60), Aporrea (59), La Mañana (58), Globovisión (42), El Pitazo (34), Tane Tanae (30), Correo del Orinoco (26), El Nacional (26), La Prensa de Lara (25), Correo del Caroní (25), El Universal (24), VTV (24) y 2001 (18).
Estos episodios de censura incluso se aplicaron al sitio web del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), bloqueado en 54 mediciones bajo la modalidad por HTTP, en 11 por DNS, y cuatro por TCP/IP. El portal de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tampoco escapó de estas incidencias, indicando 13 veces bloqueos por HTTP, cinco por DNS y en dos por TCP/IP.
Otro portal dedicado a difundir datos importantes sobre la pandemia de la COVID-19 que también fue restringido fue coronavirusvenezuela.info, creado por la Asamblea Nacional y Juan Guaidó, el cual presentó impedimentos por HTTP en 48 mediciones, por DNS en ocho, y por TCP/IP en tres ocasiones. Los bloqueos a esta plataforma también fueron documentados por los observatorios de internet Netblocks y VE sin Filtro.
Las evidencias recabadas en 2020 además demostraron que Digitel fue el principal responsable de los bloqueos en la mayoría de los portales revisados. Pero no es fortuito que los bloqueos ejercidos desde Cantv presentaran una disminución, luego de que el 5 de abril de 2020 la sede de la empresa estatal ubicada en Chacao, Miranda, sufriera un incendio que provocó fallas de internet en siete estados del país, según informó VE sin Filtro, que además señaló que por los daños causados todos los bloqueos de esta compañía que requieren de mecanismos más sofisticados, como las modalidades por HTTP y TCP, no se estaban ejecutando.
Internet a oscuras
Fueron 100 horas de oscuridad que tomaron a todos los estados del país en cuatro días de marzo de 2019. Se trató de la crisis de energía eléctrica de mayor duración e impacto en la historia de Venezuela. Las fallas de conexión y en los servicios de internet y de telefonía fueron generalizadas a nivel nacional desde las 4:50 de la tarde del jueves 7 hasta la noche del lunes 11 de marzo, y en ese lapso la desinformación e incertidumbre se apoderaron de todos los venezolanos debido a la escasez de información oficial con explicaciones técnicas que aclararan la magnitud de lo ocurrido.
Presuntamente el apagón masivo fue causado por un incendio forestal que ocurrió en las líneas de transmisión de 765 kilovoltios y dañó “las tres líneas de 765 kilovoltios entre Guri y las subestaciones Malena y San Gerónimo B”, según la información publicada por El Pitazo y las denuncias confirmadas por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países.
De acuerdo con los reportes de Netblocks, en estos cuatros días la electricidad fluctuó, entre suspensiones y restablecimientos, lo cual provocó que el servicio de internet también fuese intermitente causando que cayera el índice de conectividad. El día 9 de marzo Netblocks constató que el 96 % de los usuarios de internet en Venezuela estuvo fuera de línea por la suspensión de las conexiones en las redes fijas, y las intermitencias en las móviles, informaciones que también fueron confirmadas por la Red Nacional de Corresponsales de IPYS Venezuela, que reportó fallas en la navegación así como en los servicios de llamadas y mensajería. Para el lunes 11 de marzo, 60 % del territorio nacional, es decir, 14 estados, ya contaban con electricidad pero en 10 de ellos los usuarios de internet continuaban desconectados, refirió Netblocks.
Este hecho marcó el inicio de las fallas y desconexión sostenida en las redes de telecomunicaciones en Venezuela, que a lo largo de 2019 restringieron gravemente los derechos digitales de los venezolanos. Fue así que las vulneraciones a la libertad de expresión y acceso a la información en la red sumaron un total de 99 incidencias en todo el año, que dificultaron a los periodistas y ciudadanos venezolanos poder difundir y consultar libremente informaciones, ideas y opiniones a través de internet.
Si bien las precariedades en los servicios de telecomunicaciones fueron generalizadas, los datos recogidos por IPYS Venezuela demostraron que se sintieron con mayor fuerza en ocho estados del país, entre ellos Apure, Mérida, Falcón, Portuguesa, Táchira, Sucre, Carabobo y Anzoátegui. Estas dificultades se mantuvieron e incluso se intensificaron en la segunda mitad del año, cuando las deficiencias en las conexiones ya eran parte de la cotidianidad de los ciudadanos desde las fallas eléctricas generalizadas que ocurrieron en marzo.
Frente a la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el país como consecuencia de las fallas en el sistema de salud, la escasez de alimentos y medicinas, así como las precariedades en servicios básicos y de transporte público, la agudización de la crisis de energía eléctrica hicieron del 2019 el año con los mayores desafíos para garantizar el acceso a internet. Siendo este derecho humano menoscabado por la inestabilidad de la infraestructura, de la calidad del servicio, por la ausencia de políticas públicas, cortes, robos y daños a los equipos de conexión tanto domésticas como móviles.
Este escenario de deterioro en la conectividad en Venezuela, pone en riesgo el cumplimiento por parte del Estado de los compromisos establecidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2015-2030, impulsada por Naciones Unidas (ONU). Además de quebrantar el principio de acceso a internet, que está establecido en los estándares internacionales de derechos digitales, y que es esencial para el ejercicio de la libertad de expresión de todos los ciudadanos.
Velocidad reducida
La velocidad de internet en Venezuela sigue debilitándose y perjudicando las libertades informativas de los ciudadanos. Según los datos recabados por el Laboratorio de Mediciones de Internet (MLAB) y analizados por IPYS Venezuela, entre enero y septiembre de 2019 el promedio de navegación en internet en el país, en los servicios fijos de redes domésticas y comerciales, fue de 1,2 megabit por segundo (mbps).
En comparación con el año 2018, cuando la conectividad en Venezuela tuvo un promedio de 1,8 megabit por segundo (mbps), este dato revela un deterioro considerable de las condiciones de conexión en el país en cuanto a calidad se refiere, de acuerdo con los estándares de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal).
IPYS Venezuela también monitoreó el desempeño de la velocidad de internet durante los primeros 30 días de la cuarentena social decretada en marzo de 2020. Los días 24 y 26 de marzo, y el 6, 8 y 17 de abril, IPYS Venezuela ejecutó el test de velocidad de MLAB en 16 estados del país para evaluar las condiciones de acceso a la red. De acuerdo con las 215 pruebas recogidas y analizadas por esta organización, el promedio de velocidad de navegación en internet para Venezuela en esos momentos, desde los servicios de redes fijas, fue de 1,1 megabit por segundo (mbps), un número que refleja que la situación de la conectividad en el país sigue desmejorando.
Los datos además revelaron índices de navegación por debajo de un megabit por segundo, desde conexiones fijas y móviles, en 10 estados: Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Delta Amacuro, Mérida, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira y Trujillo. En 2018, solo las entidades del eje andino habían obtenido promedios tan bajos, por lo que estos resultados demuestran cómo las restricciones en la navegación de internet son cada vez más sostenidas y se han expandido por todo el territorio nacional.
Control en la red
Los obstáculos para los espacios informativos en internet son cada vez más frecuentes en el país. Durante 2019 el sistema de monitoreo de alertas a los derechos digitales de esta organización registró un total de 39 ataques y 38 bloqueos, que afectaron a 20 periodistas y a 30 portales de medios independientes, privados y extranjeros, así como a las plataformas de redes sociales y organizaciones no gubernamentales.
Entre los medios de comunicación vulnerados se encontraron El Pitazo, Armando.Info, VPItv, El Estímulo, Efecto Cocuyo, Cotejo.info, El Universal, Runrunes, Tal Cual, Mérida Digital, ALnavío, Konzapata, El Siglo, PanAm Post y CNN Español. Las plataformas de las redes sociales Youtube, Twitter, Instagram, Facebook, Whatsapp y Periscope también fueron objeto de estas violaciones, además de los sitios web para la ayuda humanitaria ayudaylibertad.com, y organizaciones civiles e instituciones como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y la Conferencia Episcopal Venezolana.
Esto ocurre en un país donde la oferta informativa de los medios de comunicación tradicionales es cada día más escasa, debido a las presiones gubernamentales y la crisis política y económica que padece Venezuela. Desde 2013, han dejado de circular 67 periódicos y al menos 25 de ellos cerraron de forma permanente. La radio y televisión no han salido ilesas de estas medidas arbitrarias, ya que desde 2005 la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha ejecutado alrededor de 150 acciones de censura, y suspendido la señal de 10 televisoras extranjeras.
El ente regulador además ha extendido sus órdenes de control de información a los entornos digitales. IPYS Venezuela tuvo acceso a correos internos de Conatel en los que ordenaba a los proveedores móviles privadas Movistar y Digitel ejecutar bloqueos, siendo estas acciones ejecutadas sin ninguna orden judicial ni ninguna explicación formal de las teleoperadoras. Uno de los afectados por estas medidas fue el portal de noticias El Pitazo, que desde 2017 está siendo censurado por estos mecanismos al punto de obligar al medio a vincular su sitio web a otros cuatro dominios.
Prohibición selectiva
Las evidencias que levantó IPYS Venezuela, mediante la herramienta OONI Explorer y los casos reportados por Netblocks, entre enero y septiembre de 2019, totalizaron más de mil impedimentos de acceso a 139 plataformas digitales en Venezuela. Estas limitaciones se implementaron desde los servicios de internet privados y estatales, tanto de la red fija como móvil, y entre los principales responsables se encontraron ABA de Cantv, Movistar, Inter, Digitel y Movilnet.
Los datos documentados además verificaron que estas prácticas de silenciamiento se dieron principalmente a través de bloqueos por HTTP, pues del total de incidencias las páginas web padecieron 487 interrupciones bajo esta modalidad, que consiste en un error temporal de no respuesta de los puertos de conexión de la plataforma en el que los sistemas de los proveedores de internet no reconocen las direcciones web.
También fueron recurrentes los bloqueos por DNS que acumularon 356 casos. Este tipo de obstrucción en la red impide el acceso a la ruta de conexión web en la que los servidores del sistema de nombres de dominios (DNS) no responden. En menor medida se documentaron 85 bloqueos por IP, en los que se prohíbe consultar páginas web al declarar como ilegal el IP o el TCP que funcionan como un número de localizador o dirección asignado a cada usuario para su conexión a internet.
Estas restricciones a los contenidos informativos se concentraron en 49 medios de comunicación nacionales y extranjeros, que fueron censurados arbitrariamente al menos 499 veces según los registros. Los portales con interferencias continuas y más frecuentes a lo largo del año fueron: NTN24, VIVOplay y El Pitazo. En el caso de la televisora NTN24, sumó un total de 39 bloqueos bajo las tres modalidades de censura digital: HTTP, DNS e IP. Mientras que VIVOplay sufrió la misma cantidad de afectaciones pero solo por bloqueos de DNS e IP. Enseguida estuvo El Pitazo, que acumuló 38 impedimentos de acceso a sus contenidos por bloqueos de DNS y HTTP.
Los datos constatados además mostraron que los venezolanos tampoco pudieron acceder libremente a las informaciones de Aporrea, bloqueado 26 veces bajo la modalidad por HTTP, del diario El Nacional, que padeció 24 bloqueos de tipo HTTP e IP, y del portal informativo Noticia al día, que fue censurado en 23 ocasiones por las modalidades DNS y HTTP. Asimismo sufrieron limitaciones La Patilla (23), Armando.info (22), Efecto Cocuyo (22), Dolartoday (16), Minuto30 (16), Maduradas (15), Noticias Venezuela (13), 2001 (12), Caraota Digital (11) Meridiano (10), Correo del Orinoco (3) y (VTV) (2).
Incluso los medios internacionales fueron el blanco de estas prohibiciones, pues el diario colombiano, El Tiempo, sumó 30 episodios de censura por DNS desde Cantv, Digitel, Inter y Movistar. Igualmente fue bloqueado el acceso a la página de Infobae, de Argentina, que se vio impedido en 26 oportunidades de manera temporal, bajo las modalidades de censura de tipo DNS y HTTP, y la página de EVTV Miami que totalizó 19 bloqueos por HTTP.
En medio de los acontecimientos políticos y sociales relacionados con declaraciones públicas de voceros de la oposición venezolana, principalmente Juan Guaidó, en febrero de 2019, durante la cobertura de la llegada de la ayuda humanitaria al país, destacaron los bloqueos a las páginas que transmitían el concierto en vivo a favor de esta iniciativa, venezuelaaidlive.mdstrm.com y venezuelaaidlive.com, que según la información que recibió esta organización fueron censuradas por orden expresa de Conatel.
Estas violaciones digitales cobraron mayor fuerza durante la cobertura informativa de las sesiones de la Asamblea Nacional a través de los motores de búsqueda como Google y Bing, los servicios de streaming de videos y las redes sociales. Así fue que el acceso a los contenidos de YouTube también fue impedido por 42 bloqueos, convirtiéndose en la red social que sufrió el mayor número de interferencias. El registro de OONI y las denuncias realizadas por Netblocks indicaron que estas medidas restrictivas además ocurrieron en el servicio de audio y música online, Soundcloud (21), y en las redes sociales Twitter (16), Instagram (13), Periscope (13) Facebook (12), Telegram (1) y Whatsapp (1).
Preocupó que varios organismos de derechos humanos también se encontraron afectados por estos controles de contenido, entre ellos la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR por sus siglas en inglés), el Observatorio de Derechos Humanos (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la Comisión Islámica de Derechos Humanos (IHRC). Hasta en los observatorios de interferencias en internet Netblocks y Venezuela sin filtro, y en la aplicación Run OONI se evidenciaron estos bloqueos.
En cuanto a los causantes de estas violaciones, la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv), principal proveedor de internet en el país, fue el responsable del 66 % del total de restricciones verificadas, con un total de 648 bloqueos en sus tres modalidades: HTTP, DNS e IP. La institución estatal ejecutó estas prácticas utilizando principalmente interrupciones por HTTP, con 384 de los 648 hechos. Mientras que del tipo DNS ejecutó 151, y por IP un total de 70.
Los proveedores privados asimismo fueron cómplices de estos hechos de censura. La segunda teleoperadora que ejerció más bloqueos fue la empresa privada Movistar, responsable de 125 casos. A diferencia de Cantv, la modalidad de censura más empleada por Movistar fueron los bloqueos por DNS, con 99 incidencias, seguida por los de tipo HTTP, con 23 por y solo 3 por IP. Los bloqueos por DNS también fueron los más utilizados por Digitel, que del total de 73 medidas de censura que aplicó 55 de ellos fueron por esta modalidad, y solo 18 por HTTP.
Los hallazgos de esta revisión también sirvieron de base para la investigación Intercortados 2019. Con el apoyo de la Red Nacional de Corresponsales y Colaboradores de esta organización, a través de las herramientas de OONI se evaluó el comportamiento de las incidencias de censura en Venezuela en 25 sitios web de noticias y redes sociales que se buscaron 628 veces cada uno, durante cuatro días de octubre de 2019 y desde las conexiones de CANTV, Movistar y Digitel en 18 estados del país. Los resultados este trabajo revelaron que los contenidos de estas plataformas fueron obstaculizados en un 33% de las veces por la ejecución de bloqueos intermitentes, temporales y continuos.
Estos hechos de censura digital fueron un tema de preocupación para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH en su informe 2019. En el documento la RELE recordó que “toda limitación a la libertad de expresión, incluyendo aquellas que afectan la expresión en Internet, debe establecerse por ley de manera clara y precisa, debe ser proporcionada a los fines legítimos perseguidos y debe basarse en una decisión judicial fruto de un proceso contradictorio. En este sentido, la legislación sobre Internet no debe incluir definiciones amplias y vagas, ni afectar de manera desproporcionada a sitios web y servicios legítimos”.
Información bajo asedio
Las violaciones a los derechos digitales bajo la modalidad de ataques también se incrementaron en 2019. Según los registros de IPYS Venezuela, el primero de estos agravios en la red dejó fuera de línea en Venezuela al portal del medio extranjero PanAm Post, durante 12 horas aproximadamente, debido a un ataque de Denegación de Servicios (DDoS) que se ejecutó el 23 de enero, día de la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, en paralelo al mandato de Nicolás Maduro. Este tipo de ataque consiste en el envío de muchas solicitudes en simultáneo al servidor donde está alojada la página hasta que colapse.
Días después, entre el 12 y el 18 de febrero de 2019, estos agravios tomaron fuerza y se ejercieron bajo una práctica sin precedentes que combinó varios tipos de ataques contra el portal voluntariosxvenezuela.com —plataforma online en favor de la ayuda humanitaria de la Coalición Ayuda y Libertad de Venezuela promovida por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional—, caracterizados por bloqueos, robo de datos personales, suplantación de identidad y acusaciones falsas contra activistas en redes sociales.
A estas incidencias se sumaron los hechos reportados por El Estímulo, Revista Climax, Bienmesabe, Urbe Bikini Magazine, Konzapata y ALnavío, que el 20 de febrero denunciaron a través de sus cuentas de Twitter que fueron víctimas de ataques DDoS que dejaron a sus portales inhabilitados, así como la vulneración bajo esta misma modalidad contra la página web del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, mientras transcurrían las manifestaciones públicas por la llegada de la ayuda humanitaria a las fronteras venezolanas el domingo 23 de febrero.
El servidor del portal Armando.info, único portal dedicado al periodismo de investigación en Venezuela, también sufrió estos ataques cibernéticos desde febrero de 2019. Uno de los hechos más intensos ocurrió el 2 de marzo, cuando en contacto con IPYS Venezuela, el equipo de webmaster del medio aseguró que la agresión inició a las 9 pm del día sábado y se mantuvo durante toda la noche hasta la mañana del domingo a las 9 am con ataques dirigidos principalmente desde Rusia. Estas agresiones alcanzaron hasta 9 millones de solicitudes al servidor del sitio web en tan solo una hora.
Además destacaron las ciberagresiones a la página web de la periodista Sebastiana Barráez, Sebastiana sin secretos, luego de la publicación de un reportaje titulado “El grupo terrorista ELN amenazó la marcha del 1 de mayo convocada por Juan Guaidó en Venezuela”, y al portal informativo Runrun.es, que el 25 de mayo recibió un ataque luego de que el portal publicara un trabajo de investigación sobre el desempeño de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas.
Otros medios digitales que resultaron víctimas de este tipo de ataques fueron Efecto Cocuyo, El Pitazo, El Cooperante, Caraota Digital y la página web del diario El Vistazo. Estos impedimentos de acceso fueron confirmados por el equipo técnico del Efecto Cocuyo, y a través de las evidencias que levantó IPYS Venezuela junto con OONI.
De acuerdo con los registros de IPYS Venezuela, en 2019 las violaciones a los derechos digitales fueron mayormente ejercidas por los proveedores de internet, públicos y privados, que fueron responsables de 91 incidencias. También destacaron los victimarios desconocidos, que afectaron la red en 34 oportunidades. No obstante, este año las fallas estructurales en el sector eléctrico nacional, gestionado por la empresa gubernamental Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional, S.A.), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, colocaron al Poder Ejecutivo como otro de los principales causantes de las restricciones de acceso a internet.
En su informe especial sobre Venezuela de 2019, la CIDH recomendó al Estado “abstenerse de aplicar limitaciones al funcionamiento de los sitios web, blogs, aplicaciones, u otros sistemas de difusión de información en internet, electrónicos, o similares, incluyendo sistemas de apoyo, como PSI, o motores de búsqueda. Estas limitaciones son admisibles sólo en la medida en que sean compatibles con las condiciones previstas para la limitación de la libertad de expresión”.
Hostigamiento digital
Los ataques en la red también se dieron por patrones de intimidación, acusaciones falsas y la difusión de datos personales de reporteros venezolanos. Uno de los hechos caracterizado por estas agresiones fue el mensaje de Pedro Chacón (@PedroChavista29), quien categorizó a varias periodistas como “perras de los Yankis” en un tuit publicado el 23 de enero, y que fue eliminado posteriormente. El usuario aseguró que todas las periodistas mencionadas en el tuit son quienes fomentan e incitan el odio y la violencia en Venezuela. En la publicación aparecieron los nombres de Elyangelica González, Sebastiana Barráez, Lorena Arráiz, Gabriela González, Osmary Hernández, Beatriz Adrián y Raylí Lujan.
A estas limitaciones se sumó lo ocurrido el miércoles 30 de enero, cuando el usuario de Twitter @luisjmarcano, alcalde de Barcelona en Anzoátegui, aseguró que la periodista Luz Mely Reyes “inventó” informaciones sobre el presunto reclutamiento de niños y adolescentes para ayudar a Estados Unidos a “invadir Venezuela”. Este rumor continuó esparciéndose y fue promovido por funcionarios públicos y líderes del oficialismo como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y primer vicepresidente del Partido Socialista de Gobierno, con la finalidad de crear informaciones falsas y descalificar la labor de periodistas y defensores de derechos humanos.
Esta estrategia también fue utilizada el 8 de marzo, día siguiente del apagón nacional, en un video publicado en la cuenta en Twitter de Con el Mazo Dando, programa que dirige Diosdado Cabello, en el que acusó al ciberactivista Luis Carlos Díaz de ser parte de un “operativo blackout” y ser un “influencer fascistoide”, responsabilizándolo de ser parte de un plan cibernético que afectó todo el territorio nacional. Este hecho causó que Luis Carlos Díaz fuese detenido arbitrariamente e imputado por “instigación a delinquir”, con medidas de prohibición de salida del país, participar en manifestaciones, declarar sobre el caso y un régimen de presentación cada 8 días.
Otro caso importante que buscó desmeritar el trabajo que realizan los reporteros que cubren las informaciones económicas, sociales y políticas del país, fueron las declaraciones del embajador para el gobierno de Nicolás Maduro ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, quien acusó al periodista Nelson Bocaranda de ser un espía para el gobierno Británico y de los Estados Unidos (EE.UU), a través de su cuenta en Twitter @SMoncada_VEN.
Estos mecanismos de intimidación en redes sociales además incluyeron amenazas de muerte. El usuario @pablocas05 dijo en Twitter que a la periodista Sebastiana Barráez “hay que matarla” por difundir la solicitud del funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, General José Leonardo Noroño Torres, de investigar a los ciudadanos hospedados en el estado Táchira durante los días previos y posteriores al ingreso de ayuda humanitaria el sábado 23 de febrero de 2019.
A pesar de que IPYS Venezuela y la CIDH ya han advertido sobre los riesgos que representan para la libertad de expresión y el acceso a la información las agresiones informáticas, el Estado venezolano no ha tenido en cuenta ninguna de estas recomendaciones para prevenir, investigar y reparar de forma adecuada los daños causados por este tipo de casos.
Expresión regulada
En 2019 la “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia” fue uno de los principales instrumentos legales que avaló restricciones a la libertad de expresión. En marzo, el fiscal general Tarek William Saab y la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tania Díaz, anunciaron el inicio de investigaciones solicitadas al Ministerio Público para sancionar a ciudadanos venezolanos por “crímenes de odio”. La petición, liderada por Díaz en la ANC, exigió a la fiscalía procesar a los ciudadanos que incurran en los delitos contemplados en esta Ley .
Durante una transmisión en vivo en el canal Venezolana de Televisión (VTV) desde la sede del Ministerio Público, Saab hizo un llamado a quienes usan las redes sociales “para instigar el odio” a que detengan esa práctica, y afirmó que “no van a permitir que este fenómeno siga escalando para propiciar una intervención militar en Venezuela”. El fiscal también señaló que buscará a los autores intelectuales de estas violaciones con el apoyo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
La aplicación de estas normas restrictivas quebranta los sistemas de protección de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana y así también a la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. Días previos a estas declaraciones, el 20 de marzo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) rechazó que en Venezuela se apliquen normas restrictivas que limiten el derecho a expresar libremente ideas u opiniones, a acceder información oportuna, veraz y equilibrada, así como el goce de los derechos digitales.
Pero la legislación nacional no fue la única normativa que dejó sin garantías los espacios digitales. Aunque fueron hechos detectados con menor frecuencia, la remoción de contenidos de las redes sociales fueron otra medida que afectó el derecho a la libertad de expresión en línea durante 2019. En Venezuela, esta práctica ha restringido las publicaciones de medios de comunicación y artistas venezolanos, criterios internos de las aplicaciones para decidir lo que puede o no puede ser publicado por los usuarios.
Uno de los portales informativos afectados por estas decisiones fue La Verdad de Vargas. En agosto de 2019, la cuenta en Instagram de este diario fue suspendida en dos oportunidades por la red social por supuestamente incumplir sus condiciones de uso, según reseñó Instagram en un mensaje enviado al medio. Sin embargo, la eliminación de cuentas por decisión propia de las redes sociales evidencia los abusos de estas plataformas, pues hace falta transparencia sobre cómo se ejecutan los mecanismos de “notificación y remoción” ya que algunas veces afectan la libre circulación de informaciones.
Los Principios de Manila sobre Responsabilidad de Intermediarios, propuestos por una coalición de organizaciones de la sociedad civil, establecen un marco de referencia de garantías mínimas y buenas prácticas para los Estados en materia de responsabilidad de intermediarios, basadas en instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
Estos principios recomiendan seis puntos fundamentales: 1) Los intermediarios deben estar protegidos por la ley de la responsabilidad por contenidos de terceros; 2) No puede requerirse la restricción de contenidos sin una orden de una autoridad judicial; 3) Las peticiones de restricción de contenidos deben ser claras, inequívocas, y respetar el debido proceso; 4) Las leyes, órdenes y prácticas de restricción de contenidos deben cumplir con los tests de necesidad y proporcionalidad; 5) Las leyes, políticas y prácticas de restricción de contenidos deben respetar el debido proceso; 6) Las leyes, políticas y prácticas de restricción de contenidos deben incluir transparencia y responsabilidad.
Recomendaciones
- Que las autoridades trabajen en la promoción de mecanismos y herramientas que incentiven y fomenten la inversión de actores públicos y privados, la sana competencia, y el despliegue de redes de fibra óptica en todo el territorio nacional.
- Que con carácter de urgencia el Estado elabore un plan articulado de políticas públicas para la promoción del acceso a un Internet de calidad de amplia cobertura nacional.
- Inmediata eliminación de los marcos normativos que atenten contra la libertad de expresión y opinión de los venezolanos, violentando los principios y derechos humanos de la libertad en la red.
- Eliminación de prácticas y normativas que deriven en bloqueos y censura de contenidos en Internet por parte del Estado, proveedores públicos y privados, e instancias de gestión de servicios de comunicaciones en Internet.
- Eliminación de prácticas que deriven en desinformación, como la propagación de noticias deliberadamente falsas y engañosas en la red. Garantizar el acceso a la información de interés público a través de las plataformas digitales.
Equipo de trabajo
Dirección ejecutiva: Marianela Balbi
Dirección de libertades informativas: Mariengracia Chirinos
Redacción: Daniela Alvarado Mejias
Monitoreo de Libertades informativas y derechos digitales: Daniela Alvarado Mejias, Yhoger Contreras, Juan Pablo Lares y Roraima Grillet
Campañas y redes sociales: Aura García, Carlos Carreño y Kira Al Assad
Visualización de datos: Camila Agelvis
Red Nacional de Corresponsales y Colaboradores de IPYS Venezuela: José Leonardo Barreto y Giovanna Pellicani (Anzoátegui), María Eugenia Díaz (Apure), Gregoria Díaz (Aragua), Wolman Linares (Barinas), Alba Perdomo y Jhoalys Siverio (Bolívar), Amador Medina (Delta Amacuro), Dayrí Blanco (Carabobo), Ronny Rodríguez (Caracas), Adriana Pérez Gilson e Irene Revilla (Falcón), Keren Torres (Lara), María Fernanda Rodríguez (Mérida), Ronny Rodríguez (Monagas), Ana Carolina Arias (Nueva Esparta), Luis Javier Bazán y Bianile Rivas (Portuguesa), Nairobys Rodríguez (Sucre), Lorena Arráiz y Judith Valderrama (Táchira), José Ocanto (Trujillo), Ana Karolina Mendoza (Zulia)
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