El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, heredero de la guerrilla desmovilizada de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia, anunció que pedirá una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con el asesinato de 198 ex guerrilleros desde la firma del acuerdo de paz de 2017 en lo que describen como un exterminio sistemático.
“Hemos decidido acudir al Sistema Interamericano y también ante Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Solicitaremos la intervención de la Comisión Interamericana y una visita de campo al país para constatar que está ocurriendo un exterminio sistemático contra ex combatientes”, explicó el abogado de la FARC Diego Martínez.
De acuerdo con la propia FARC, de los 197 asesinatos, 117 ocurrieron durante el mandato del actual presidente de Colombia, Iván Duque. Incluso después de que comenzaron los toques de queda y el aislamiento por la pandemia de coronavirus, los asesinatos continuaron: ocurrieron cinco desde el 21 de marzo.
El último de ellos fue perpetrado entre el jueves y el viernes, cuando apareció el cadáver del ex guerrillero Wilmer Daniel Marín Alarcón en Bello, Antioquia. El cuerpo apareció envuelto en un colchón que los asesinos intentaron quemar.
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia condenó este asesinato y destaca que son 24 los asesinatos de ex combatientes de la guerrilla en lo que va de año. Además ratifica la cifra de 198 guerrilleros muertos desde la firma del acuerdo de paz.
La FARC denuncia cuatro desapariciones forzadas y 39 atentados con tentativa de homicidio, en muchos casos en territorios donde se aplican los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.
“No es aceptable que en este tipo de territorios, altamente copados por la Fuerza Pública, las estructuras criminales organizadas, en lugar de desarticularse, han venido creciendo”, denunció el abogado y activista de Derechos Humanos Camilo Fagua.
Uno de los casos más graves es el de Ituango, Antioquia, donde doce ex combatientes ligados al Espacio Territorial en el corregimiento Santa Lucía fueron asesinados.
Además, se convirtió en un poblado fantasma, pues más de 100 personas huyeron ante las amenazas. En la zona hay al menos seis estructuras ilegales.
Investigación de JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz del gobierno de Colombia también investiga estas muertes y el pasado 29 de abril anunció que estudia implantar medidas cautelares colectivas de protección.
La Fiscalía informó a la FARC de 228 casos que incluyen amenazas y atentados, lo que para Fagua es una cifra menor de los delitos reales. De estos, 103 están en etapa de investigación y en 26 hay sentencia judicial, por lo que asegura que hay una impunidad de 89%.
Para la Fiscalía, el esclarecimiento supera 50%, cifra que incluye los casos en los que hay un presunto autor. “A quienes les corresponde determinar la responsabilidad es a los jueces mediante sentencia”, cuestiona Fagua. Por eso no están de acuerdo con esa cifra.
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