La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo este lunes que las medidas excepcionales y de emergencia adoptadas ante la pandemia de coronavirus no deben servir de pretexto para que los gobiernos intenten aplastar la disidencia o reducir los espacios cívicos.
La necesidad de esas medidas es reconocida por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que dirige Bachelet debido a razones de salud pública; no obstante, al mismo tiempo se advirtió que no deben usarse contra la oposición para controlar a la población. Tampoco para prolongar la estancia de un líder y su entorno en el poder.
La Oficina de Bachelet ha recibido denuncias que indican que la policía y otros cuerpos de seguridad se extralimitan en el uso de la fuerza para obligar a la población para respetar el confinamiento y los toques de queda vigentes en casi 80 países.
Las medidas excepcionales de cualquier tipo deben servir, ni más ni menos, para frenar la pandemia dijo Peggy Hicks, responsable de Comunicación de la oficina de la alta comisionada.
Las declaraciones de dieron en una rueda de prensa virtual. En ese encuentro se presentó un manual para orientar a los gobiernos sobre cómo aplicar las medidas de emergencia respetando los derechos humanos.
Los sectores más pobres de la sociedad han resultado de manera general los más afectados por los abusos, a pesar de que en algunos casos se trataba de personas que salieron a la calle en un intento desesperado por obtener alimentos.
En el manual se considera inaceptable e ilícito disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque ha violado un toque de queda. Esta situación se presentó en varios países. En Nigeria asesinaron a 18 personas supuestamente por violar el confinamiento. Estas acciones las perpetraron las fuerzas del orden.
En Suráfrica se reportó la detención temporal de 17.000 personas por razones similares, mientras que en Kenia hay más de 150 quejas por abusos policiales.
Georgette Gagnon, directora de Operaciones de la Oficina de Bachelet, dijo que se tiene información sobre la detención de 120.000 personas por no respetar el toque de queda en Filipinas. En este país, al principio de la crisis sanitaria, su presidente, Rodrigo Duterte, dijo que se dispararía contra todo aquel que violara la medida.
Desde El Salvador se recibieron también reportes de abusos por parte de las fuerzas de seguridad. También del arresto de personas en instalaciones abarrotadas e insalubres. En Honduras la policía se habría excedido en la disolución de protestas en las que la gente reclamó acceso a bienes y servicios básicos.
En términos de detenciones, Gagnon indicó que 35.000 habrían ocurrido en República Dominicana y casi 50.000 en Perú.
Se advirtió que los propios centros de detención o prisiones a donde trasladan reclusos pueden ser lugares de alto riesgo de contaminación.
Cagnon comentó que la situación actual facilita la extorsión por parte de funcionarios corruptos de las fuerzas policiales. Así lo indican denuncias sobre la amenaza de conducir a personas que no respetan el confinamiento a centros de cuarentena obligatoria; no obstante, no se ha tenido ningún contacto con un caso confirmado de coronavirus.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también subrayó que en algunos países las medidas y leyes contra el coronavirus «no están bien definidas». Indicó que su no observancia, a veces, puede ser sancionada con tal dureza que hace pensar que pueden ser utilizadas para «amordazar a críticos, a opositores o a la prensa».
Como un llamamiento de derechos humanos relacionado con la pandemia, expertos de la ONU pidieron este lunes al gobierno de Estados Unidos que utilice opciones a la detención de migrantes en espacios repletos e insalubres donde permanecen a la espera de que las autoridades decidan sobre su situación migratoria.
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