Moralmente inaceptable

El episcopado venezolano ha utilizado la categoría “moralmente inaceptable” para calificar al presente régimen. Hay dos referencias claves al respecto. La primera, con ocasión de la propuesta de reforma constitucional en 2007; la segunda, a propósito de este 10 de enero.

La Conferencia Episcopal Venezolana rechazó la propuesta de reforma para instaurar un Estado socialista (marxista-leninista, estatista), por ser esta “contraria a principios fundamentales de la actual Constitución, y a una recta concepción de la persona y del Estado (…) excluye a sectores políticos y sociales del país que no están de acuerdo con el Estado socialista, restringe las libertades y representa un retroceso en la progresividad de los derechos humanos”. Agregó: “Por cuanto el proyecto de reforma vulnera los derechos fundamentales del sistema democrático y de la persona, poniendo en peligro la libertad y la convivencia social, la considera moralmente inaceptable a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia” (Exhortación Llamados a vivir en libertad, 19 octubre 2007). La propuesta, rechazada entonces por el pueblo soberano, el régimen la ha venido imponiendo al margen de toda legalidad y legitimidad.

El mismo episcopado, en asamblea plenaria de la semana pasada, ante la ilegítima pretensión del ciudadano Nicolás Maduro de continuar ejerciendo la gestión presidencial, afirmó: “Es un pecado que clama al cielo querer mantener a toda costa el poder y pretender prolongar el fracaso e ineficiencia de estas últimas décadas: ¡es moralmente inaceptable!”. (Exhortación Lo que hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron (Mt 25,40), 9 enero 2019).

A propósito de estos calificativos resulta oportuno recordar aquí tres niveles de identificación del comportamiento humano: fáctico, legal y ético. El primero se refiere a lo que simplemente se da, de facto, y que puede ser medido en encuestas e investigaciones sociales. El segundo (jurídico) apunta al actuar humano según se ajusta o no a la Constitución y las leyes (de iure); el calificativo aquí es legal o ilegal, sin más. El tercero (ético) juzga la concordancia del actuar con la condición y la dignidad del ser humano, así como con los derechos (“derecho natural”) y deberes que de ellas se derivan; el calificativo correspondiente es moral o inmoral. Estos tres planos están llamados a conjugarse y armonizarse en una convivencia de calidad humana y social. Sin embargo, la realidad histórica abunda en divorcios y contradicciones. No todo actuar de hecho se ajusta a la ley, ni toda ley (también de rango constitucional) puede automáticamente conceptuarse como moral. El adjetivo legítimo-ilegítimo, si bien suele utilizarse también en el ámbito jurídico, se aplica más propiamente en el campo ético.

Lo “moralmente inaceptable”, por tanto, es una falla que va más en profundidad que lo ilegal e inconstitucional. Lo moral, en efecto, tiene que ver con el ser y el actuar humanos en su mayor hondura y dignidad; guardando, por consiguiente, una ligazón estrecha con lo religioso. Para el creyente lo ético expresa operativamente el relacionamiento (religatío) con Dios. Gandhi, M. L. King, Mandela y monseñor Romero en su denuncia, anuncio y compromiso ponían el acento fundamental en lo que estimaban más trascendente del ser humano.

La política entra en todo, pero no lo es todo. La Iglesia y, consiguientemente, sus pastores, han de entrar necesariamente en lo político, lo concerniente al bien-ser/bien-estar de la polis (ciudad, convivencia); y ello en la perspectiva moral y religiosa que les corresponde, la cual tiene que ver con lo más profundo y definitoriamente humano. El criterio del Juicio Final según san Mateo 25 40, es claramente indicativo al respecto: el amor a Dios pasa ineludiblemente por el amor al prójimo. Bastante repetido en la enseñanza de la Iglesia es que “todo atropello a la dignidad del hombre es atropello al mismo Dios, de quien es imagen”. ¡La gloria de Dios es que el hombre viva!, se dijo desde antiguo.