¿Que se vayan todos?

A pesar de la crónica incertidumbre que nos acompaña desde hace mucho tiempo a los venezolanos con respecto al devenir político del país, agravada ahora por las particularidades sanitarias de la coyuntura, hay cosas que son ciertas y que sí sabemos. El problema está en que el hecho de saberlas nos abre nuevas interrogantes y nos exige nuevos retos.

Entre las cosas que sí sabemos, no obstante la desinformación y la incertidumbre, señalemos en este espacio tres de las más importantes.

La primera, la situación social de la mayoría de la población empeora –objetivamente– a pasos agigantados. Para el lunes 20 de abril, la encuesta nacional Impacto Covid-19 que realiza diariamente la Comisión de Expertos de Salud de la Presidencia Interina arroja datos de una crudeza lacerante.

Así, por ejemplo, solo un minúsculo 4,8% de los encuestados reporta recibir el suministro eléctrico de manera regular y sin fallas. Los estados Amazonas, Mérida, Lara, Barinas y Táchira son los que presentan mayor falla en el servicio eléctrico. En esos estados, más de 65% de la gente reporta fallas de 24 horas o más a la semana. 75,8% de la población nacional recibe suministro de agua potable de manera irregular, mientras que 19,6% reporta ausencia de suministro de agua desde hace más de 7 días. 47,1% de los encuestados señala ausencia total de transporte público, mientras que 49,8% describe el servicio con fallas o con precios no accesibles. Y con respecto a la gasolina, 86,6% reporta ausencia total del suministro.

Mención especial en este escenario de colapso de los servicios públicos básicos y de agravamiento de las condiciones cotidianas de vida tiene el rubro de la capacidad de resistencia económica, según los ingresos o ahorros de las personas. De acuerdo con el instrumento, 91,4% de los encuestados manifiesta no tener ningún tipo de ahorro para hacer frente a la situación de cuarentena. Solo 7,4% afirma tener ahorros o ingresos para cubrir entre una semana y un mes, y 1,2% dice poseer recursos para cubrir más de un mes.

Un segundo elemento de la coyuntura que también sabemos es que el régimen de Maduro, a juzgar por sus actuaciones y los datos disponibles, parece estar aprovechando la emergencia sanitaria provocada por la pandemia para reforzar su estrategia de desmovilización y control social. De hecho, la represión selectiva contra personal de salud, periodistas y dirigentes sociales se ha arreciado. Solo el Foro Penal ha contabilizado al menos 39 detenciones arbitrarias desde que comenzó la cuarentena el pasado 16 de marzo. Y el Colegio Nacional de Periodistas ha informado que durante lo que va de cuarentena, 18 periodistas han sido detenidos por informar sobre el estado de los servicios públicos, entre ellos el de salud.

Y un tercer aspecto que también conocemos es que, contrario a lo que algunos pudieran pensar, las protestas populares no amainan. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 580 el pasado mes de marzo, lo que equivale a un promedio de 19 diarias. Pero el dato más revelador es que 23% de estas protestas se realizaron después del decreto de cuarentena nacional.

En síntesis, el escenario real es uno de agravamiento acelerado de las condiciones de vida de los venezolanos, de una represión desatada por parte del régimen en medio de una evidente estrategia de desmovilización y control social, y de una población que no se calla, aunque muchos no la oigan, y que no deja de protestar, aunque muchos no la vean.

Estas tres cosas la sabemos. El problema –y allí la respuesta es mucho más complicada–  es cómo conectarse de mejor manera con ese país indignado y en ebullición, a fin de acompañarlo y ayudarle a encontrar los cauces políticos necesarios para transformar esa rabia ciudadana en mecanismos eficaces de solución. Y cuando nos referimos a conectarse de mejor manera con la indignación popular es sin olvidar las inmensas dificultades de movilización física, los severos problemas de conectividad electrónica y los cada vez mayores riesgos personales que supone la lucha por la liberación democrática de Venezuela.

Durante la crisis de finales de 2001 en Argentina, y en medio de las protestas populares de ese momento, surgió una consigna que expresaba la sensación de desamparo que percibía una gran parte de la población: “Que se vayan todos”. El lema evidenciaba un desencanto generalizado hacia la dirigencia política, tanto del gobierno como de la oposición, y la percepción de que todos eran igualmente responsables por no acompañar eficazmente al pueblo en sus penurias.

El caso venezolano está todavía lejos de ese peligro que vivió la Argentina de 2001. La distancia entre el rechazo a Maduro y la aprobación de Guaidó, la comparativamente alta simpatía hacia las propuestas de la oposición democrática y el mayoritario porcentaje de la población que señala al régimen madurista como responsable de la tragedia nacional, permiten suponer que tal escenario no parece probable, al menos en el corto plazo.

Sin embargo, el riesgo siempre está latente. Evidencia de ello es el intento de reaparición en algunos, quizás por pereza intelectual, descuido o interés, de la caduca tesis de la polarización política para intentar explicar la realidad venezolana. Llama la atención cómo algunos opinadores continúan describiendo a Venezuela como un país polarizado, y se refieren, por ejemplo, a “los actores políticos en conflicto”, como si se estuviera hablando de las discrepancias naturales de cualquier democracia occidental.

Lo cierto, y hay que insistir en esto, es que no estamos en presencia de un escenario que pueda simplonamente definirse como de dos facciones políticas en pugna por el poder. Esto no es solo demostradamente falso, sino que es el argumento preferido de la clase política gobernante para ocultar la tragedia social e intentar mantener la discusión argumental y los diagnósticos de la realidad solo en el terreno de unas supuestas y legítimas “diferencias políticas”.  La verdad objetiva es que el caso venezolano es el de un inmenso país sufriente enfrentado a una oligarquía que se enriquece día a día a costa de ese sufrimiento. Y la estrategia de dividir artificialmente a un país donde todos sufren en 2 pretendidos bloques políticamente enfrentados por supuestas razones ideológicas, una de las cosas que busca es que la frustración popular generalizada se dirija hacia un enemigo inexistente –los otros venezolanos– y no hacia la dictadura, responsable principal de los sufrimientos del pueblo.

Pocas cosas generan tanta desesperanza en una población y terminan alimentando a la oligarquía gobernante como la percepción de que todos –quienes les explotan y quienes luchan por la superación de esa explotación– son iguales y que nada los diferencia.

Pero no se trata solo de alertar sobre estos peligros argumentales y combatirlos, dado su efecto desmoralizador y paralizante. Una tarea crucial de toda nuestra dirigencia social y política en todos sus niveles y desde todas sus particularidades es seguir pensando, discutiendo y diseñando mecanismos para acompañar a la gente, para ayudarle a que sufra menos, para  compadecerse con sus dificultades y para canalizar su indignación de forma tal que esta nunca se desvíe hacia la misma población, sino que se convierta en un mecanismo eficaz de transformación política.

No es un reto fácil. Requiere inteligencia, discernimiento y valentía.  Pero en política, como nos vuelve a recordar el poeta Antonio Machado, “solo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire; jamás quien pretende que sople el aire donde pone la vela».

@angeloropeza182