El pasado 29 de marzo, cuatro buques petroleros partieron desde el Complejo Refinador de Amuay, ubicado en la península de Paraguaná, estado Falcón, y se dirigieron hacia tres puertos en Cuba: La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba. Llevaban combustibles de distinto tipo, especialmente gasoil. De acuerdo con los documentos del despacho, que se filtraron desde Petróleos de Venezuela, la cifra de carga fue de 380.000 barriles. Existe una alta probabilidad de que, en realidad, el volumen de lo exportado sobrepase los 500.000 barriles. Las prácticas de subfacturación permite a funcionarios de los dos países hacerse de unas ganancias destinadas directamente a sus bolsillos. También aquí, como en absolutamente todos los ámbitos de actuación de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la corrupción opera en contra de intereses esenciales de la sociedad venezolana y, también en este caso, de la sociedad cubana.
La información, que no ha recibido la atención que merece, abrumada por el torrente informativo causado por la pandemia, ha causado un legítimo escándalo. Muchos nos preguntamos cómo es posible que un país atravesado por los más extremos padecimientos, muchos de ellos generados por la falta de combustibles, pueda exportarlo a otro país. Este hecho recuerda las políticas de Stalin entre los años 1932 y 1933: mientras millones de campesinos -especialmente de la región ucraniana- morían de hambre, los comunistas exportaban cereales y gastaban fortunas en campañas propagandísticas que hablaban, por ejemplo, del trigo “más nutritivo del mundo”.
Aunque no tenemos información del posible contenido económico de la transacción -si el combustible fue donado o vendido a un precio irrisorio, en relación con su valor del mercado-, lo que sí sabemos es que esos combustibles no aliviarán a los ciudadanos o a las familias cubanas: servirán para enriquecer más al poder que aplasta a los cubanos, para hacer crecer la brecha entre los que tienen acceso al sistema de prebendas comunistas y los que no, y, sobre todo, alimentará los vehículos y las plantas eléctricas de los funcionarios y los policías que viven en sus feudos de privilegio. El envío no es un gesto de solidaridad, ni tampoco su finalidad es política -aunque constituya un desafío al bloqueo-. Se trata de un negocio entre dos poderes corruptos y mafiosos, que se asisten mutuamente. La cuestión se sintetiza en esto: una banda criminal que le envía armas a otra. Porque ese es el propósito del envío: entregar al castrismo un recurso, un arma de dominación sobre la totalidad de la sociedad cubana.
En dos décadas, los subsidios por la venta/entrega de combustibles a Cuba han sumado entre 46 millardos y 54 millardos de dólares, de acuerdo con distintas estimaciones. A ello habría que añadir otros 12 millardos de dólares, que han sido entregados al castrismo, a través de otros mecanismos como donaciones, convenios sin contraprestación real, partidas extraordinarias, gastos por viajes (boletos aéreos, viáticos, gastos de alimentación), contratos por supuestos servicios, pagos por productos agrícolas que nunca llegaron a Venezuela, y más. Al régimen cubano le pagaron por productos alimentarios que no producía en su país, que compraban en el mercado internacional y que luego llegaban a Venezuela a precios inconcebibles. Muchas veces se ha denunciado la operación realizada con el petróleo venezolano: el castrismo lo recibía a precios 40% o 50% por debajo de su costo y lo revendía a precios internacionales. De hecho, muchos barcos de “petróleo para Cuba” partían desde Venezuela directamente a puertos en otros países, que los habían adquirido en negociaciones igualmente opacas.
¿Cuál ha sido el destino de esos recursos que Chávez y Maduro entregaron al castrismo? ¿En qué proyectos han sido invertidos? ¿Han beneficiado, de algún modo, a la sociedad cubana? No: la pobreza extendida y cronificada no ha cambiado en absoluto. Las condiciones de hambre sistemática, de carestía sin remedio, de permanente e irreversible deterioro de todas las infraestructuras, de precariedad en todos los planos de la vida privada y la vida pública, se han mantenido e intensificado.
De hecho, la noticia de los cuatros cargueros enviados a Cuba debe servirnos para poner de bulto el trasfondo de esta cuestión: el petróleo no solo ha sido una gran herramienta para consolidar al régimen de Chávez y Maduro, y aplastar a la sociedad venezolana: ha sido también el arma con que se ha galvanizado y endurecido el siniestro poderío del castrismo sobre cada resquicio de la nación cubana, el arsenal con el que se ha financiado el aplastamiento de la oposición democrática nicaragüense, la chequera con que se han comprado los votos de pequeños países para impedir las resoluciones de la Organización de Estados Americanos en contra de las violaciones de los derechos humanos, la fuente que ha provisto de millones y millones de dólares con que se han lucrado los Kirchner, los Lula Da Silva, los Evo Morales, los Rafael Correa, los Petro y los Vásquez, pero también los Iglesias y los Monedero, los Samper y los Rodríguez Zapatero, y tantos otros que aparecen como luchadores de causas sociales o promotores del diálogo, cuando no son más que feroces usuarios de la cada vez más exigua renta petrolera venezolana.
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