Esta grave pandemia mundial como es el coronavirus o covid-19 está causando estragos en el mundo entero y nos tiene a todos nosotros en Venezuela en una cuarentena absoluta y con gran preocupación sobre las consecuencias que esto traiga al mundo entero y cómo será la recuperación. Por ahora hay mucha incertidumbre sobre el futuro de todos nosotros después de que esto pase, estoy convencido de que después de que el covid-19 pase, nuestro país y el mundo no será el mismo.
Como defensor de los derechos humanos de los hombres y mujeres privadas de libertad, tengo que seguir manifestando mi gran preocupación por lo que podría pasar en las cárceles venezolanas y centros de detención preventiva o calabozos policiales, si el covid-19 llegara a estos recintos, pues hasta la fecha no ha habido ningún tipo de acciones de prevención por parte del Estado, más allá de la suspensión de las visitas a los reclusos.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, doctora Michelle Bachelet, en un comunicado hecho público el pasado miércoles 25, pidió a los gobiernos que tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o privadas de libertad, como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia del covid-19.
En su comunicado la doctora Bachelet expresó: “En muchos países, los centros de reclusión están atestados y en algunos casos lo están de manera peligrosa. A menudo los internos se encuentran en condiciones higiénicas deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes. En esas condiciones, el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan prácticamente imposibles”.
La situación de las cárceles y calabozos policiales de Venezuela no escapa de esta realidad. En la organización que dirijo, Una Ventana a la Libertad, logramos documentar en los 238 centros de detención preventiva que monitoreamos en 15 estados del país, de los más de 500 que hay, un hacinamiento de 205%. Estos centros monitoreados tienen una capacidad para 19.091 privados y privadas de libertad cuando su capacidad real es para 6.448 personas. Aunque no existen cifras oficiales desde hace muchos años, Venezuela tiene en la actualidad un aproximado de 110.000 presos, de los cuales 45.000 están en cárceles dependientes directamente del Ministerio de Servicio Penitenciario y 65.000 en calabozos policiales.
Con estas cifras es realmente preocupante lo que se está viviendo y creo que es más grave en los calabozos policiales, pues son espacios diseñados para albergar a reclusos de manera transitoria, por lapsos no mayores de 48 horas y que por negligencia e irresponsabilidad de las autoridades penitenciarias se han convertido en cárceles permanentes, lo cual hace que el hacinamiento sea mayor y el cumplimiento de las recomendaciones principales para evitar el contagio o transmisión del covid-19 sea realmente imposible de cumplir.
En un calabozo policial donde los presos se turnan para dormir porque no pueden todos acostarse al mismo tiempo, ni a la misma hora, porque todos no caben acostados por falta de espacio, es imposible el distanciamiento físico recomendado de 1,50 a 2 metros entre personas. Esto sin sumar las carencias de agua para lavarse las manos, jabón, enfermedades como la tuberculosis, etc., a las cuales no me referiré en esta oportunidad.
Gracias a Dios, hasta ahora no se han descubierto ningún caso de covid-19 en las cárceles o calabozos policiales de Venezuela, realmente espero que no suceda, pero sin necesidad de ser clarividente, las consecuencias que esto tendría en nuestro abarrotado sistema penitenciario serían catastróficas.
Finalizo con algo dicho por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos: “En relación con las personas detenidas, el Estado tiene el deber específico de proteger la salud física y mental y el bienestar de los reclusos, de conformidad con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (también conocidas como Reglas Nelson Mandela). Las medidas que se tomen en medio de una crisis sanitaria no deberían vulnerar los derechos fundamentales de los reclusos, que comprenden su derecho a la alimentación y el agua potable. También deberían respetarse plenamente las normas que impiden maltratar a los detenidos y que garantizan su acceso a la atención médica y la asistencia letrada”.
@cnietopalma
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