Los vicios abundan dentro del Poder Judicial en Venezuela, y en los casos que involucran a presos políticos aparecen por doquier, afirmó al abogado Mario D’Andrea, miembro de Defiende Venezuela, una de las ONG que actuó en el caso de los 59 colombianos acusados de terrorismo por el régimen de Nicolás Maduro.
“La libertad de los presos políticos depende de una llamada. El sistema judicial no funciona, no existe. Depende de presionar por todos los caminos posibles para que se haga esa llamada política que logra la liberación de las personas que están injustamente presas”, indicó.
Aunque luzca temerario, D’Andrea asegura que fue la propia Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la que hizo la llamada luego de analizar el expediente que dejó en evidencia las violaciones a los derechos humanos.
A finales de junio un de ciudadanos colombianos fueron deportados a su país luego de permanecer 3 años privados de libertad en Venezuela. Los acusaron en 2016 de paramilitares.
El abogado explicó en declaraciones a El Nacional que la administración de Maduro debe acatar la comunicación del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, donde se indica que estas personas deben ser indemnizadas por el daño que sufrieron.
D’Andrea denunció que la primera violación al debido proceso se dio desde el mismo momento de la detención, en medio de redadas de la OLP en Petare. Fueron llevados hasta un galpón de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara.
Desde el 1º de septiembre de 2016 hasta el 21 de noviembre de 2017 el caso permaneció en el limbo judicial. No pasaba nada. Ese día, después de tres hábeas corpus presentados por el abogado Sergio Aranguren del Foro Penal Venezolano, el Tribunal 27 de Control decidió darles libertad plena, sentencia que nunca se cumplió.
No fue sino hasta un año después que les imputan los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y falsificación de documentos. La audiencia preliminar fue diferida 6 veces. El Foro Penal, Defiende Venezuela y los familiares de los 59 ciudadanos colombianos se reunieron en marzo de 2019 con representantes de la ONU para solicitar una medida cautelar.
A raíz de esa comunicación es que se materializa su excarcelación en junio de 2019.
El proceso penal
En este caso aún no existe una sentencia que indique el sobreseimiento o archivo de la causa. Los 59 ciudadanos fueron deportados a Colombia, a pesar de que algunos tienen la nacionalidad venezolana.
En el momento en que cruzaron la frontera hubo representantes del gobierno colombiano que los recibieron y brindaron ayuda.
En opinión de D’Andrea, el gobierno neogranadino debería profundizar su acción para que la declaración de responsabilidad internacional de Venezuela se dé lo más pronto posible.
Derechos humanos
“En Venezuela el informe de la alta comisionada refleja el trabajo que organizaciones de derechos humanos hemos hecho durante 20 años. Yo me quedo con el párrafo que dice que durante más de un decenio en el país hay leyes y políticas que evidencian que el espacio democrático ha sido reducido. No existe el sistema de justicia”, expresó.
D’Andrea señaló que los venezolanos pueden tomar este ejemplo como evidencia de la utilización efectiva de los mecanismos internacionales.
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