Realmente esta pandemia del coronavirus o covid-19 tiene preocupado al mundo entero y Venezuela no escapa a esto, cuando ya para el momento de escribir mi columna hay, según cifras oficiales, 36 personas confirmadas con la enfermedad.
Como defensor de derechos humanos de personas que están privadas de libertad, siento gran preocupación porque en toda la información que se ha dado para prevenir el covid-19 y las medidas tomadas por el Estado venezolano no se ha hecho referencia a ellas, da la sensación de que no existieran, de que no importan.
Yo no soy médico para saber si el covid-19 puede llegar a las cárceles y centros de detención preventiva de Venezuela, espero que no, pero de lo que sí estoy seguro es de que si sucede sería una catástrofe de grandes magnitudes por las terribles condiciones en que viven las personas que están en esos sitios.
Desde la organización que dirijo, Una Ventana a la Libertad, hemos reportado las graves condiciones en que viven los presos de los 238 centros de detención preventiva o calabozos policiales que monitoreamos en 15 estados del país. Solamente en estos sitios, según nuestro informe de 2019, hay 19.091 detenidos y su capacidad es para 6.448 personas, lo que representa 205% de hacinamiento. Solo este dato nos basta para saber que lo del aislamiento social es imposible de cumplir donde los presos deben esperar su turno para poder acostarse, pues la falta de espacio hace imposible que todos lo hagan al mismo tiempo.
Igualmente, según nuestro informe de 2019, fallecieron 192 reclusos, 46 de ellos por enfermedades, en su mayoría tuberculosis. Aunado con este hecho, que ya de por sí es muy grave, la investigación determinó que se encontraron 1.103 reclusos enfermos, de los cuales 224 tenían tuberculosis, 96 enfermedades respiratorias y 289 desnutrición, el resto otro tipo de enfermedades.
También Una Ventana a la Libertad reportó la falta de saneamiento en 93% de los centros de detención monitoreados, que tienen poco o ningún acceso al agua potable. Esta última, más la comida, los medicamentos, así como otros útiles de primera necesidad son suministrados por los familiares, pues las instalaciones policiales no cuentan con esos servicios, ni siquiera para su propio personal.
En estas condiciones no es difícil imaginar lo que podría pasar si el covid-19 llega a estos centros de reclusión. No se necesita ser experto en el área de la medicina para saber que la propagación del virus traería consecuencias catastróficas y lo más grave es que hasta el momento no conocemos de planes de prevención por parte del Estado, lo cual consideramos urgente y necesario.
Hemos visto protestas de reclusos en Italia, una fuga de más de 1.000 presos en Sao Paulo, Brasil, así como la liberación de un buen número de personas en cárceles de Irán, sobre todo con penas inferiores a los 5 años; pero en Venezuela solo hay un gran silencio por parte de las autoridades en lo referente a privados de libertad, independientemente de las razones por las cuales se encuentren presos y del delito que hayan cometido. Es necesario crear planes urgentes en caso de que el covid-19 llegue a las prisiones venezolanas.
@cnietopalma
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