15 personas fueron detenidas en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, en el marco de las protestas para exigir la transición de gobierno en el país. Los arrestados, según su testimonio, fueron llevados al Palacio de los Leones, sede del poder legislativo en Táchira donde fueron objeto de agresiones.
Hay tres personas con heridas de perdigones, golpes con objetos contundentes y uno con una sutura en el cráneo y se desconoce quién y dónde se brindó la primera atención por cuanto en las actas policiales no está establecido, según señaló Raquel Sánchez, coordinadora regional del Foro Penal en Táchira.
La causa cursa en el tribunal 5to de control que envió copias a la fiscalía superior del Táchira con el objeto de investigar a los funcionarios actuantes por las lesiones presentadas por los detenidos.
En la audiencia de presentación también fue expuesto lo ocurrido luego de los arrestos.
“Estas personas fueron llevadas al Consejo Legislativo toda vez que se practicó la detención y allí, con presencia de diputados fueron sujetos de golpes, agresiones físicas y verbales; y evidentemente esto se traduce en violación de derechos fundamentales que deben ser investigados. El Consejo Legislativo regional no es sede para mantener a personas retenidas, no existe resolución laguna que indique que el Consejo Legislativo sirve de centro de acopio de detenciones ni de paso y por ende no tenían por qué haber sido llevadas allí. Posteriormente, fueron llevados al comando de la Guardia Nacional”, señaló Sánchez.
Las capturas las hicieron funcionarios de las FAES, pero las actas policiales fueron hechas por Desur-Táchira. Al respecto, Sánchez explicó que el Código Orgánico Procesal Penal establece que las mismas deben ser redactadas por los funcionarios aprehensores. Tampoco está individualizada la participación de los detenidos en los hechos endilgados por el ministerio Público.
“En el grupo hay una persona de atención especial porque tiene una condición de trastorno bipolar en fase maníaca y recibe tratamiento psicofarmacológico. Es decir, es una persona que no es capaz de enfrentar un proceso penal y la misma Ley establece que estas personas representan un obstáculo para el ejercicio de la acción penal”, explicó Sánchez quien apuntó que fue solicitada la liberación inmediata del detenido con esta condición, pero no fue concedida pese a la consignación de informes médicos aportados por los mismos familiares.
En consecuencia, el tribunal 5to de control solicitó una evaluación psiquiátrica forense para tomar una decisión respecto a su liberación.
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