Hay que defender la soberanía

Colombia se encuentra en momentos cruciales de su historia republicana. El comunismo internacional, a través de Cuba, la posicionó como objetivo estratégico y para ello estableció las guerrillas de diferentes calañas: FARC, ELN, EPL. Todas ellas se hicieron estables a través del narcotráfico. La política de seguridad democrática de Uribe las minimizó y no las aniquiló por el apoyo de los regímenes del socialismo del siglo XXI, vecinos que les sirvieron de resguardo. Pero el traidor Juan Manuel Santos las reposicionó, entregándoles el país y asegurándoles impunidad, elegibilidad y la continuación de sus inmundos crímenes y lucrativos negocios, ahora con el apoyo y financiamiento del Estado.

El pueblo colombiano no se ha dejado engañar por el marxismo internacional, votó mayoritariamente contra el acuerdo de entrega del país al narcoterrorismo y eligió al presidente Duque para que corrigiese ese indigno acuerdo. Dos veces el pueblo ha sido traicionado por su liderazgo, el plebiscito fue anulado por la dictadura del farcsantismo, al incorporarlo en el hilo constitucional con estratagemas ilegales e ilícitas y el presidente Duque acata al pie de la letra el acuerdo de entrega del país al narcoterrorismo comunista, sin modificarle ni una coma, incumpliendo su principal promesa de campaña electoral.

Ahora la lucha es a otro nivel: a Colombia se le está atacando su soberanía, se le está convirtiendo en un narcoestado, somos una república bananera (ni eso, Guatemala y Honduras defienden mejor su soberanía que esta pobre Colombia en manos del más grande cártel cocalero del mundo: las FARC). El ataque a la soberanía del Estado colombiano se hace desde todos los flancos posibles, a nivel interno e internacional.

A nivel interno, ya señalamos que el acuerdo de entrega del país al narcoterrorismo comunista convierte a Colombia en una nación gobernada por la dictadura del farcsantismo, los criminales de lesa humanidad de las FARC, en efecto cogobiernan a través de la Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo, en la que las FARC tienen poder de veto sobre cualquier decisión del gobierno. Tal dictadura se estableció al desconocer el plebiscito y darle rango constitucional al criminal acuerdo de entrega del país a las FARC, ese acuerdo que le da impunidad, los hace elegibles sin haber pagado ni siquiera penas simbólicas a cargos de elección popular, les asegura la continuidad de sus negocios ilegales y les da canonjías multimillonarias, les regala curules, y una larga lista de prebendas, amén de que revictimiza a las víctimas al no asegurarles reparación, verdad y no repartición.

Pero no solamente es eso, el narcoterrorismo tienes cooptado los poderes Legislativo y Judicial. El Congreso está en manos de los traidores a la patria que desconocieron el plebiscito, los partidos de la izquierda (FARC, Polo, Verdes, Petrismo) y los compañeros de ruta que defienden el acuerdo de entrega del país al narcoterrorismo comunista (liberales, U y CR). Las Altas Cortes son un saco putrefacto del Cártel de la Coca en la Constitucional , que ha establecido una dictadura de los jueces, imponiendo legislación (potestad del Congreso) y hasta actos administrativos, propios del Ejecutivo, todas estas acciones en pro del establecimiento de las normas del marxismo cultural (ideología de género, matrimonio homosexual, eutanasia, aborto y todo lo que sea provechoso a la aniquilación de los valores tradicionales de la familia colombiana). La CSJ dominada por el Cártel de la Toga, a su vez comprado por el narcoterrorismo, donde se vende la justicia al mejor postor, y el Consejo de Estado, entregado a seguir la huella de las otras Cortes, legislando a favor de los corruptos de la izquierda. Colombia es pues un narcoestado, en el que los poderes Legislativo y Judicial actúan en función de consolidar la dictadura del farcsantismo. Lamentablemente el Ejecutivo, el único poder que no está en manos del narcocomunismo, se contenta con cumplir las órdenes de los otros dos poderes, perpetuando la dictadura del farcsantismo.

La destrucción de la institucionalidad colombiana no se detiene allí. Como lo dijimos desde el principio, se creó por parte de  3 dirigentes del terrorismo comunista internacional (Tupamaros, ETA y Sendero Luminoso) una justicia especial para garantizarles impunidad a las FARC y perseguir a los defensores de la democracia, especialmente los militares. La semana pasada sin ningún rubor, la JEP legalizó el terrorismo, le quitó el status de víctimas a los militares y comenzó la amnistía de abominables terroristas y criminales de lesa humanidad como la “Mata Hari” que bombardeó la Escuela Superior de Guerra y el carcelero de los secuestrados por las FARC como Ingrid Betancourt y los contratistas norteamericanos y el general Mendieta, que estaban en campos de concentración infrahumanos. Para la JEP estas acciones son dignas de alabanza, pues son acciones legítimas de unos dignos defensores de la libertad y la democracia, contra un Estado opresor. Válgame Dios.

Pero no contento con esta victoria, el marxismo cultural internacional está imponiendo el nuevo orden mundial del sorismo, administrado y promovido por la ONU, en su empeño de destruir el Estado colombiano, minando sus instituciones fundamentales. La ONU perdió toda su legitimidad, al tener en sus entrañas el dominio del comunismo internacional, su esencia que es la defensa de los derechos humanos, se la entregaron a Estados de la catadura de la Venezuela de Nicolás Maduro y otras tantas satrapías tiránicas. La alta comisionada de Derechos Humanos, la comunista Bachelet, diagnostica «tensiones» en Venezuela, pero estipula «ejecuciones» por parte del Esmad, que se ciñe a las normas internacionales. Las oficinas de la ONU en Colombia son una caterva de defensores del narcoterrorismo comunista y atacantes de la soberanía del Estado colombiano. Basta ver las fiestas de esos funcionarios con los guerrilleros y el uso de sus helicópteros para el traslado ilegal de criminales de lesa humanidad. Ante informes injuriosos de los comisionados de la ONU en Colombia, la única reacción del gobierno de Duque fueron unas fuertes declaraciones, pero no hubo una reacción legítima proporcional al nefasto papel de lucha contra la soberanía y apoyo al narcoterrorismo comunista que realiza la ONU acá. Está tan clara la tergiversación de la realidad por parte de la ONU a favor de los criminales de lesa humanidad, que el fiscal (e) Espitia señaló que de los cientos de «líderes sociales» declarados asesinados, solamente uno lo era (https://www.elespectador.com/noticias/judicial/en-2020-solo-hay-un-caso-que-onu-clasifica-como-asesinato-de-un-lider-social-fiscal-espitia-articulo-900722 ).

No es simple deseo de criticar, el gobierno de Duque debe dejar su posición amigable con el farcsantismo y con el sorismo, que atacan la soberanía del Estado colombiano, el presidente Duque se debe abocar a la defensa de la democracia, debe proceder a convocar al pueblo colombiano a expresarse respecto al acuerdo con las FARC y debe expulsar a esas organizaciones de fachada del narcoterrorismo comunista que son las oficinas de la ONU en el país. Gracias a Dios, no se me puede acusar de antiduquista, pues no lo soy, soy ferviente defensor del presidente, lo considero un hombre integro, un estadista, honesto y trabajador como el que más, pero como amigo de su gobierno le critico el único aspecto que le veo negativo y que le condiciona el éxito de su gestión, el cual su posición amigable con el farcsantismo. De nada sirve enderezar el país, para en el 22 volvérselo a entregar a este. No estoy solo, me acompañan muchos del CD y otros partidos defensores de la democracia, incluso el senador más cercano al presidente, Ernesto Macías, se expresó claramente: “El Pte @IvanDuque debería revisar la relación de Colombia con @ONU_es y cerrar esa oficina de la Comisionada de DD.HH., convertida en guarida politiquera con sesgo ideológico pasional. Acá tenemos Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Consejería para los DD.HH. “ (http://www.redmas.com.co/politica/ernesto-macias-sugiere-cerrar-oficina-dd-hh-la-onu-colombia/ ).

Finalmente, tiene razón Luis Alfonso García Carmona al expresar que: “Hoy, parece que todos los males se han ensañado en nuestro pobre país y que no hubiera una luz al final del túnel. La extrema izquierda, resucitada con el Acuerdo Final, por medio del cual el gobierno de Santos claudicó ante la guerrilla, aparece cada vez más agresiva. Han sumido al país, con la complicidad de las Cortes, el Congreso, los medios de comunicación y la burocracia internacional de ideología marxista, en un régimen de absoluta ilegalidad, basado en un espurio acuerdo.” (http://www.periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/item/25480-los-300-que-necesita-el-pais ). Es contra esa tendencia que hay que luchar, hay que defender la soberanía.