La emergencia humanitaria que vive Venezuela persistió en 2019. Esta situación se presenta cuando las medidas económicas adoptadas por las autoridades resultaron ineficaces. Así lo afirmó el reciente informe de Amnistía Internacional sobre los Derechos Humanos en las Américas publicado este jueves.
«El gobierno continuó negándose a reconocer la gravedad de la crisis y a aceptar ayuda de agencias humanitarias. Aumentó el flujo de personas obligadas a viajar a países vecinos para acceder a los bienes más básicos», dice el estudio.
AI recuerda que Estados Unidos impuso en agosto sanciones a entidades gubernamentales de Venezuela cuyo sobrecumplimiento, tanto en Estados Unidos como en otros lugares, dio lugar a obstáculos a la hora de acceder a bienes en Venezuela. Esta medida exacerbó la escasez existente de bienes y servicios básicos.
Siete millones de personas necesita ayudan
Ante esta situación el informe recuerda que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, siete millones de personas precisaban ayuda humanitaria en Venezuela al terminar 2019.
El informe también asegura que durante el año pasado, Venezuela seguía atravesando una crisis de derechos humanos sin precedentes.
«Continuaron las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza y los homicidios ilegítimos por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de una política de represión para silenciar la disidencia», asegura AI.
«En una coyuntura en que la crisis política e institucional se agravó en los primeros meses del año, lo que dio lugar a un aumento de las tensiones entre el Poder Ejecutivo, en manos de Nicolás Maduro, y el Poder Legislativo, liderado por Juan Guaidó».
En ese contexto, AI subrayó que el régimen respondió a la creciente protesta social con una amplia variedad de violaciones de derechos humanos y una intensificación de la política de represión.
«Se sometieron a presos y presas de conciencia a procesos penales injustos, mientras que la libertad de reunión y de expresión siguió bajo amenaza constante, y los defensores de derechos humanos sufrían estigmatización y afrontaban cada vez más obstáculos para desempeñar su labor», agregó.
Ejecuciones extrajudiciales
Acerca de las ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad, principalmente de la Policía Nacional Bolivariana a través de la Fuerza de Acciones Especiales, aseguran que 11 jóvenes fueron asesinados entre el 21 y el 25 de enero. Los homicidios siguieron un patrón uniforme.
«Todas las víctimas eran hombres jóvenes críticos con el gobierno, provenían de zonas de bajos ingresos y habían tenido una participación visible o difundida en las protestas», asegura el informe.
Sobre el caso, las autoridades afirmaron que las muertes se originaron en enfrentamientos con agentes de policía y que las víctimas se habían ‘resistido a la autoridad’, si bien había indicios de que se modificaron las escenas de los crímenes.
«Puesto que las ejecuciones extrajudiciales parecían formar parte de un ataque sistemático contra la población civil, podían constituir crímenes de lesa humanidad, afirma AI.
Detenciones arbitrarias
Además, el estudio explica que en 2019 continuaron las detenciones arbitrarias con ocasión de la política de represión implementada por el régimen.
Durante las protestas de enero, que se originaron luego de que Juan Guaidó anunció que asumía la Presidencia interina de Venezuela, se detuvo a más de 900 personas en 5 días, 770 de ellas en un solo día.
«Estas detenciones podían constituir también crímenes de lesa humanidad; parecían formar parte de un ataque generalizado contra las personas a las que se percibía como disidentes», asegura AI.
Los detenidos arbitrariamente eran a menudo sometidos a malos tratos, tortura y violaciones del debido proceso.
Entre estas las personas figuraba el jefe de Despacho de Guaidó, Roberto Marrero. También el diputado Gilber Caro que arrestaron en dos ocasiones.
El vicepresidente primero de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, también fue detenido en mayo y permaneció recluido hasta septiembre.
Torturas y abusos
Como parte del informe, también recalcan que el capitán retirado de la Marina Rafael Acosta Arévalo fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar y falleció horas después de ser llevado ante un tribunal militar con señales claras de tortura.
Acerca del uso excesivo de la fuerza, AI también asegura que la Policía y el Ejército continuaron haciendo uso de fuerza excesiva y, en algunos casos, intencionadamente letal contra manifestantes.
«En enero, al menos 24 personas murieron en actos violentos relacionados con las protestas. Al menos 21 personas murieron a manos de agentes de las fuerzas de seguridad públicas y de civiles armados que actuaban con su aquiescencia. Dado el patrón sistemático y generalizado de dichos homicidios, estos podían constituir crímenes de lesa humanidad», concluye el informe.
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