En 200 centros de detención preventiva en todo el país hay alrededor de 19.000 personas detenidas, más del triple de la capacidad en esos lugars.
La ONG Una Ventana a la Libertad denunció que debido al hacinamiento en esos lugares, murieron al menos 192 personas durante 2019, reseñó Reuters.
De esas muertes, 46 se adjudicaron al precario servicio de salud en esos reclusorios, y el resto se debió a riñas entre los privados de libertad a causa del hacinamiento.
«Lo que se vive allí dentro es realmente una tragedia muy grave. Es una permanente violación de los derechos humanos», denunció la criminóloga Magaly Huggins, coordinadora del informe de la ONG sobre los centros preventivos de reclusión.
Esos centros de prisión preventiva, como su nombre lo indica, son transitorios y no están acondicionados para retener a personas por períodos prolongados.
Las leyes venezolanas establecen que el período máximo de detención preventiva es de 48 horas. Sin embargo, el hacinamiento en casi la mitad de los 500 centros en todo el país demuestra que eso no se cumple.
El informe de Una Ventana a la Libertad reportó que los familiares deben llevar todos los días las comidas a los detenidos. Para asegurarse de que lleguen al destinatario deben pagar en dólares.
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