Muchos son quienes le aducen a la falta de unidad de las fuerzas opositoras al régimen la razón fundamental del porqué no hemos avanzado, más allá de la simple declaratoria de la usurpación de Maduro, al cese definitivo de su poder de facto. Le adjudican a esta presunta carencia la principal razón del porqué, luego de 21 años aún persiste el régimen chavista. Al respecto, hay que decir que la supuesta falta de unidad en la dirigencia política ha sido una verdad a medias, pues no es del todo cierto que tal confluencia de coincidencias políticas no exista, incluso que no haya existido en el pasado reciente.
Desde hace un tiempo considerable, que puede marcarse con relativa seguridad desde 2010 y de forma específica desde las elecciones presidenciales del 2013, en las que la opción candidatural de la oposición perdió con solo un margen de 11% de diferencia -el cual a pesar de la ilegal y fraudulenta campaña hecha por Chávez, utilizando descaradamente medios públicos y chantajes a su favor, sus resultados fueron reconocidos por Capriles al anuncio del primer boletín oficial-, ha existido una importante unidad sustancial de los factores políticos de la oposición; pero lo más trascendental es que existe una total unidad del electorado ciudadano disidente al régimen.
Esa unidad política ciudadana hoy se manifiesta de forma casi monolítica contra Nicolás Maduro, a quien se identifica como la cara visible de un condominio político-delincuencial que usurpa el poder público en Venezuela. Los ciudadanos también mantienen su unidad de criterio en la sabia creencia de que no basta con adversar a la persona de Maduro, sino que es necesario también desalojar la organización delictiva en la que se soporta aquel.
Esa unidad de criterio en los ciudadanos y en todas las organizaciones sociales que hoy lo representan es suficiente para que los factores políticos representados principalmente en la dirigencia partidista del país trabajen juntos, pero no necesariamente en una simple “unidad”, que a ratos resulta forzada e impuesta, sino en una estrategia compartida. Esto significa una alianza, un pacto entre personas, líderes y dirigentes políticos, para lograr un fin común, que no es otro que el desalojo del poder del régimen chavista que se sembró hace 21 años formalmente, pero que viene tejiendo sus perversas telarañas desde hace más de tres décadas.
Por tanto, exigirle “unidad” en este momento a nuestra dirigencia política es no solo imposible sino altamente inconveniente, pues sus resultados serán tan difíciles de lograr que al cabo de un breve tiempo tendríamos una situación peor que el estado de cosas que nos circunda actualmente, y es que no puede plantearse la unidad entre quienes son disimiles por naturaleza, como no se le puede pedir a nadie que contraiga matrimonio con quien no comparte sus valores, su cultura, sus sueños, su rasgos de humor y de dolor, en definitiva, una misma ética de la vida.
En política una estrategia común supone la existencia de un enemigo común. Con el triunfo de la coalición temporal que supone toda alianza y la subsecuente derrota del enemigo común termina ipso facto el pacto que lo provocó, y acto seguido, la alianza puede ser renovada en función de otros objetivos políticos, también de carácter temporal y determinados, mutando parte o toda la organización creada para ello, o simplemente, proceder a dar por culminada la alianza. En política no hay uniones eternas por amor, solo alianzas estratégicas por intereses compartidos.
Una sola condición emerge como condición sine qua non para que se celebre esta alianza: debe haber un mínimo de valores éticos compartidos entre los factores aliados en la coalición: respeto a la palabra empeñada, y conceptos comunes sobre honor y dignidad entre los líderes. Eso fue la exitosa confluencia que hubo en 1958 entre los cinco líderes de la gesta civil contra la dictadura de Pérez Jiménez: Rafael Caldera, Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba, Gustavo Machado y Fabricio Ojeda. Cinco políticos ideológica y doctrinalmente distintos y distantes, que pudieron caminar juntos por un breve e intenso espacio de tiempo y lograr gracias a un pacto que provocó una alianza –no una unidad– el objetivo de desalojar al tirano del poder.
La prueba fehaciente de que lo ocurrido en 1958 fue una coalición política forjada a manera de alianza y no de unidad es que, una vez logrado el propósito político, el derrocamiento del régimen militar, todos sus integrantes regresaron a ocupar sus trincheras de batalla, la cual, por cierto, fue altamente encarnizada entre los sectores más distantes, casi de manera inmediata, tal como lo revela históricamente los hechos del Carupanazo y el Porteñazo (en 1962) o el asalto al Tren del Encanto (en 1963), entre otros incidentes políticos no menos emblemáticos.
Esa experiencia del 1958 debemos reeditarla en la Venezuela de 2020, haciendo un frente común con el carácter de alianza, las fuerzas democráticas que en torno al presidente temporal de Venezuela, Juan Guaidó, desean el cese de la usurpación de Nicolás Maduro y su régimen, para:
Primero: rechazar la realización de elecciones parlamentarias este año, toda vez que dada la situación de usurpación en que se encuentra la Presidencia de la República y el no transcurso del tiempo constitucional, debe considerarse no fenecido el período del Parlamento –en virtud de todos los atropellos que contra él se han producido– y proceder –en virtud del artículo 20 del Estatuto para la Transición– a extender el mandato de los actuales diputados, hasta que se logre el cese definitivo de la usurpación.
Segundo: crear un “consejo ejecutivo para el cese de la usurpación”, integrado por calificados miembros de la sociedad civil de comprobada honorabilidad y representativos de diversos ámbitos de la vida nacional, que sirva de apoyo al presidente interino en la ejecución y diseño de estrategias encaminadas al logro efectivo del “cese de la usurpación”.
Tercero: avanzar en la concreción del TIAR, intensificando esfuerzos políticos y diplomáticos para que se ordenen las medidas establecidas en el artículo 8 del tratado.
Cuarto: iniciar en el seno de la Asamblea Nacional el debate público de la autorización parlamentaria prevista en el artículo 187.11 constitucional, para el empleo en nuestro territorio de una misión militar extranjera con fines humanitarios y liberadores, en orden al principio universal “R2P” (Responsabilidad de Proteger) aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas de 2005; y por último,
Quinto: declarar definitivamente cerrada, y no retomar por vía secreta, ninguna negociación como lo fueron la de Oslo y Barbados; y descartar la participación de la dirigencia opositora en cualquier proceso electoral previo al cese de la usurpación del régimen autocrático.
Estos planteamientos hechos por la plataforma ciudadana Soy Venezuela en noviembre de 2019 al presidente constitucional de Venezuela, Juan Guaidó, siguen estando vigentes y perfectamente pueden constituir el marco valorativo de una alianza estratégica de la oposición para enfrentar hoy al régimen que nos somete.
@PerkinsRocha
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