A propósito del impulso que ha adquirido la oposición con la inesperada y exitosa gira de Juan Guaidó, cuyas consecuencias positivas veremos pronto, entre las cuales esperamos un rumbo que identifique en mayor grado a la dirigencia con la mayoría de los venezolanos buscando las mejores soluciones a las calamidades que hemos venido soportando bajo el actual régimen, me permito realizar una propuesta en favor de los millones de compatriotas que han debido huir de este país y la cual se refiere al tema consular.
Como lo establece la Ley Orgánica del Servicio Consular de 1997 en su Artículo 11 es deber de los cónsules velar por los intereses del país y proteger los derechos e intereses de los venezolanos. Esta es obligación de todos los Estados y tradicionalmente, aún en tiempos de guerra, las relaciones consulares se mantenían porque eran del interés de todos cumplir con esa obligación. El régimen de Maduro y su Cancillería parecen desconocer o no les interesa esa responsabilidad y es por eso que ni siquiera con Colombia mantenemos relacionamiento en esa materia y a lo largo de estos últimos veinte años hemos visto cómo el régimen ha venido desentendiéndose de su función en favor de otras actividades no cónsonas con la ley nacional y los tratados internacionales, y más aún, agrediendo a la comunidad venezolana al llegar a extremo de cobrar por servicios y sustraer la renta consular producto de la expedición de pasaportes y otros documentos, así como negarse a entregar documentación expedida y “desaparecerla”, delitos que por supuesto quedan sin sanción.
El gobierno interino por su parte ha tenido iniciativas, con las limitaciones evidentes, que han ayudado en mucho a la diáspora, entre ellos el reconocimiento por parte de muchos gobiernos al pasaporte por un período adicional a su vencimiento, así como la creación de un registro consular que debe servir de data importante para el momento en el cual se tenga la capacidad de dar respuestas efectivas y oportunas a las demandas que correspondan.
Ahora bien, como mencioné al principio de este escrito, este es el momento de un esfuerzo adicional y el gobierno interino tiene ante sí la posibilidad de ampliar sus competencias y actividades en la materia de asistencia a millones de venezolanos, complementando así las gestiones que realizan las agencias como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones, las organizaciones no gubernamentales y los propios gobiernos de los Estados Receptores, a través del nombramiento de cónsules en las sedes que requieren atención prioritaria por la situación de los venezolanos, las cuales serían: Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile.
Las condiciones para ello serían:
Reconocimiento internacional: Estos países tienen en común el reconocimiento al gobierno interino de Juan Guaidó, haber aceptado embajadores o representantes especiales, participar en mecanismos para la resolución de la crisis en nuestro país y haber recibido inmigración venezolana. Asimismo, han dado o están en disposición favorable de aceptar las cartas credenciales de un representante de Guaidó, de la misma manera y con igual beneplácito otorgarían el exequatur al representante consular que se nombre.
Actividades posibles: Somos conscientes de que muchas actividades competencia de los cónsules no podrán ejercerse por la falta de correspondencia de los organismos nacionales que actúan en materia de identificación y las actividades de registro civil, notariales, comerciales etc. Las labores sustantivas serían las que les permita el Estado Receptor en cuanto a la protección de los connacionales, en colaboración con los organismos internacionales, nacionales y locales, así como labores de registro y control y eventualmente la recepción de documentación de registro civil para su resguardo y envío a Venezuela una vez se den las condiciones. Un agente en el terreno contribuiría en mucho y sería un soporte fundamental para los que detentan los cargos diplomáticos.
Aspectos financieros: Asunto que tendría viabilidad para los gastos de funcionamiento y salarios a canalizar a través de las diferentes donaciones y aportes de la comunidad internacional una vez que se haga el debido planteamiento. Por otra parte, haciendo una salvedad por razones extraordinarias a la obligación de remitir a renta consular al Ministerio de Hacienda, esta podría autorizarse, con la debida supervisión de la Contraloría designada por la Asamblea Nacional legítima para cubrir costos en la recuperación y funcionamiento de las sedes
Personal: Evidentemente los funcionarios que ejerzan esas funciones no se corresponden con la llamada figura de “nombramiento político” o con militancia partidista. Existen muchos ex funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores con conocimientos y experiencia en capacidad y con la voluntad de asumir esas funciones.
Impacto político: Al reforzar el Servicio Exterior de la Presidencia Interina se adelantarían también las condiciones para los eventuales comicios que se produzcan en el país. El padrón electoral en el exterior, la instalación de mesas, el escrutinio y el envío de las actas al CNE es fundamental para cualquier elección y definitivamente es impensable que se pueda hacer con agentes políticos del régimen.
La proyección de las agencias especializadas y los gobiernos receptores de inmigrantes indican el aumento del flujo de venezolanos que se desplazaron fuera del territorio nacional, siendo hasta ahora considerada la segunda diáspora más numerosa de este siglo, motivo por el cual esta propuesta de dar inicio a la conformación de un cuerpo consular espero sea considerada por las altas autoridades de la Asamblea Nacional, en especial su Comisión de Política Exterior.
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