Rafael Ramírez, ministro de Petróleo durante 14 años de Hugo Chávez, gran teórico del modelo petrolero del socialismo del siglo XXI y conspicuo integrante de la cúpula roja, ha reconocido recientemente el monto de los recursos financieros despilfarrados y robados al Fisco Nacional, por la camarilla articulada bajo las banderas del “socialismo del siglo XXI”.
En un fragmento de una entrevista realizada para la televisora alemana DW, afirmó que “el chavismo recibió 700.000 millones de dólares”. Se entiende que ese ingreso lo produjo el boom petrolero de comienzos de siglo. A ello habría que añadir más de 100.000 millones de dólares, que también ingresaron por la vía del endeudamiento con China, Rusia y otros países y entes financieros.
La confesión de Ramírez solo viene a reconfirmar lo que el mundo y por supuesto la sociedad venezolana saben: la camarilla instalada por Hugo Chávez le ha robado a Venezuela una fortuna descomunal.
Ese brutal robo comenzó con la violación y relajamiento de las normas establecidas para el manejo de las finanzas públicas, que desarrolló Chávez con su desenfrenado comportamiento autoritario.
El extinto comandante violó la autonomía consagrada en la Constitución (artículo 320) al Banco Central de Venezuela, así como la norma creadora del Fondo de Estabilización Macroeconómica (artículo 321), que de facto lo convirtió en un fondo de despilfarro bajo el pomposo nombre de Fondo de Desarrollo, con el cual regaló y toleró el robo de una parte significativa de esa monumental suma de millones de dólares. Rafael Ramírez fue partícipe de ese relajamiento del orden constitucional y legal, y por ende del despilfarro y robo de esos recursos en los tiempos de la soberbia presidencia de Chávez.
La destrucción de las finanzas públicas, y por lo tanto la antesala a la ruina económica de Venezuela, la adelanta, además, el irresponsable ministro de Planificación, Jorge Giordani. Este nefasto personaje de la izquierda borbónica venezolana lo confiesa en su carta de renuncia al gabinete de Maduro, cuando expresó lo siguiente:
“En este camino del proceso bolivariano era crucial superar el desafío del 7 de octubre de 2012, así como las elecciones del 16 de diciembre de ese mismo año. Se trataba de la consolidación del poder político como un objetivo esencial para la fortaleza de la revolución y para la apertura de una nueva etapa del proceso. La superación se consiguió con un gran sacrificio y con un esfuerzo económico y financiero que llevó el acceso y uso de los recursos a niveles extremos que requerirán de una revisión para garantizar la sostenibilidad de la transformación económica y social”.
Como podemos apreciar, la cúpula roja despilfarró el dinero en el proceso electoral presidencial y regional de 2012. Lo que no confesó Giordani es cuánto de esos millones de dólares quemados en la citada campaña fueron a parar a las cuentas de la legión de enchufados que surgieron en estos años de la revolución. Robar, despilfarrar, gastar sin control de nadie ni rendir cuentas se convirtió en la norma en la administración socialista venezolana.
Por ello, a la llegada de Maduro al poder, el permisivo comportamiento de saqueo de las finanzas públicas se convirtió en la conducta habitual de toda la estructura del Estado revolucionario. Maduro y su camarilla dio continuidad a esa forma irresponsable de gobernar.
Así se consumó el saqueo más brutal que un país haya sufrido en cualquier confín de nuestro insólito universo, como diría un conocido locutor venezolano.
En paralelo al saqueo de las finanzas del Estado, la camarilla roja se ha dedicado a destruir la economía privada a través de las expropiaciones, las invasiones y las confiscaciones.
Y más recientemente, el saqueo alcanza a nuestras riquezas naturales, mediante un irresponsable y demoníaco proceso extractivo de oro y coltán, con el cual buscan afanosamente conseguir dinero para mantener sus gastos exorbitantes y garantizar su permanencia en el poder.
Ese saqueo en masa ha producido la gran tragedia humanitaria compleja que hoy padecemos en Venezuela.
No obstante, tanto Maduro como su entorno, y por ende el aparato de propaganda del Estado, pretenden que olvidemos la causa real de esa tragedia, evadiendo sus responsabilidades y tratando de justificar todo con un supuesto bloqueo que Estados Unidos le ha impuesto a nuestra nación.
Los hechos son evidentes y desmienten cada día a Maduro. Pero quienes luchamos por el rescate de la democracia no podemos permitir que la mentira y la manipulación del régimen se impongan en el alma colectiva. Con ocasión y sin ella, estamos en el deber de recordar que nuestra tragedia es el resultado de un modelo fracasado y del robo criminal de nuestros recursos.
Lo único que la comunidad internacional ha bloqueado son las cuentas multimillonarias en dólares y euros que la legión de funcionarios y socios de la revolución ha colocado en la banca internacional. No fue sino hasta el 6 de agosto de 2019 que el gobierno norteamericano bloqueó cuentas del gobierno.
No existe un bloqueo para alimentos, medicinas, maquinaria o insumos. La mejor evidencia está en la cantidad de establecimientos comerciales, abiertos por personas privadas, para vender productos importados de toda naturaleza. Hasta camionetas Toyota de última generación ha importado el gobierno para obsequiar a quienes les sostienen en el poder.
Aquí no hay bienes, medicinas o equipos porque el Estado socialista está quebrado. Por eso paga salarios de hambre, por eso no puede atender los servicios públicos, ni la infraestructura del país. Por eso no hay seguridad, ni educación o salud de calidad.
La dictadura comunista trata de ocultar su saqueo del país con un bloqueo que solo existe en la propaganda.
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