El 13 de noviembre de 2017 el Consejo de la Unión Europea adoptó una serie de medidas restrictivas contra Venezuela «en vista del continuo deterioro de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en el país», recoge el mapa de sanciones de la UE.
Esas medidas se renovaron en 2018 y el pasado noviembre se volvieron a extender hasta el 14 de noviembre de 2020.
Objetivo de las sanciones
Las medidas restrictivas adoptadas por la Unión Europea tienen como finalidad «ayudar a fomentar soluciones democráticas compartidas» que encaminen a Venezuela hacia la estabilidad política de una forma «negociada y pacífica» y le permitan abordar las necesidades de la población, decidió el Consejo de la UE.
Las restricciones están diseñadas para no dañar a la población y pueden revertirse dependiendo de la evolución de la situación en el país; en particular, si se realizan avances creíbles y significativos como la adopción de un calendario electoral completo. También como la liberación de todos los presos políticos.
División de las sanciones
En el caso de Venezuela, las medidas restrictivas incluyen el embargo de las armas y del equipamiento de represión interna; además, de la prohibición de entrada en la UE y la congelación de activos a 25 personas con cargos oficiales del régimen venezolano.
Las restricciones se dividen de la siguiente manera:
1. Restricciones de la exportación
La UE prohíbe a los nacionales de los Estados miembros la venta, el suministro, la transferencia o la exportación a Venezuela de todo tipo de armamento. Asimismo, de material relacionado que pueda utilizarse para la represión interna.
También se prohíbe prestar a cualquier persona, entidad u organismo asistencia técnica o cualquier servicio relacionado con actividades militares y con armamento y material relacionado, incluido el financiamiento o asistencia financiera.
Esta prohibición no se aplica a la ejecución de contratos celebrados antes del 13 de noviembre de 2013. Tampoco a la exportación de equipos militares no letales o que estén destinados exclusivamente a uso humanitario o de protección.
2. Restricciones de la admisión
La UE tiene prohibido el paso, o la entrada, en el territorio europeo a 25 autoridades venezolanas consideradas «responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos» y de «represión de la sociedad civil y la oposición democrática» en Venezuela.
El pasado 27 de septiembre, el Consejo de la UE realizó la última ampliación de esa lista, a la que se sumaron siete nuevos integrantes.
Entre las nuevas incorporaciones destacan Néstor Blanco Hurtado, jefe de la Guardia Nacional Bolivariana hasta diciembre de 2017; Rafael Ramón Blanco Marrero, director adjunto de la Dirección General de Contrainteligencia Militar hasta diciembre de 2018, y Carlos Calderón, alto mando del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
En la lista también se incluyó a Rafael Antonio Franco Quintero y Hannover Esteban Guerrero Mijares, agentes del Sebin. También a Alexis Enrique Escalona Marrero, jefe de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y a Alexánder Enrique Granko Arteaga, director de Asuntos Especiales de la Dgcim.
La UE también acordó inmovilizar los fondos y recursos económicos cuya propiedad, titularidad, tenencia o control correspondan a las personas cuya admisión fue restringida.
Contexto político
Venezuela vive una situación de inestabilidad política desde el 10 de enero de 2019. En esa fecha Nicolás Maduro volvió a tomar posesión del cargo de presidente después de imponerse en las elecciones del mayo anterior, no reconocidas por parte de la comunidad internacional.
El 23 de enero de ese año el opositor Juan Guaidó invocó varios artículos de la Constitución venezolana para defender que, como jefe del Parlamento, podía declararse presidente interino del país por considerar «ilegítima» la toma de posesión de Maduro.
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