Después de convertirse en uno de los principales receptores de migrantes de Venezuela en la región, Ecuador, que contabiliza cerca de 400.000 venezolanos, se pone como reto para este año su integración socioeconómica.
Así lo analizaron este martes autoridades ecuatorianas en un panel denominado «Respuestas de Ecuador a la crisis migratoria venezolana», foro que precedió a la inauguración de la XII Cumbre del Foro Global sobre Migración y Desarrollo, en Quito.
El viceministro de Movilidad Humana, Carlos Alberto Velástegui, contabilizó alrededor de 400.000 el total de venezolanos que se encontrarían en Ecuador tras ingresar tanto por pasos regulares como irregulares desde 2016.
Hasta este mes de enero la estadística migratoria de Ecuador recoge la cifra de 1,8 millones de venezolanos que habrían ingresado al país; la mayoría siguió camino hacia otros destinos.
15% de los que entraron lo hicieron por canales irregulares, de acuerdo con datos del Monitoreo del Flujo de Población Venezolana de la Organización Internacional para las Migraciones, que desde abril de 2018 dirige y coordina la respuesta a los refugiados e inmigrantes de Venezuela mediante una plataforma regional.
Se calcula que 4,7 millones de venezolanos han salido de su país en los últimos cuatro años para residir en el extranjero, como consecuencia de una crisis política, económica y humanitaria sin precedentes.
Los desplazados llegan fundamentalmente a países latinoamericanos, con especial énfasis en Suramérica, que concentró hasta noviembre de 2019, el 77% del total de los venezolanos en el exterior.
Ecuador, comprometido con el éxodo de los venezolanos
El éxodo venezolano se halla disperso, sobre todo, en 17 países, informó la OIM, que en Ecuador encabeza una plataforma integrada por 36 socios, cinco organizaciones nacionales, 19 agencias internacionales y 12 organismos de la ONU.
El ingreso de los venezolanos, según plasman las estadísticas presentadas, se redujo de manera drástica desde septiembre pasado debido a la entrada en vigor de un decreto que exigía un visado de excepción. Velástegui vaticinó que este año ingresarán en el territorio ecuatoriano 274.000 venezolanos. Afirmó que de ellos, «109.000 con el ánimo de permanecer en el país».
El viceministro recordó que la crisis migratoria y la respuesta del país a los ya radicados se da en momentos de un decrecimiento del PIB, el cual, de acuerdo con el Banco Central de Ecuador, fue del 0,08% en 2019, y con unas previsiones de crecimiento del 0,7% para 2020.
En 2018 Ecuador destinó más de 90 millones de dólares a la atención de la crisis migratoria de Venezuela. Su impacto superaría los 100 millones de dólares en 2019 y en años posteriores, reza un informe expuesto en el panel.
«Para el Estado ecuatoriano, los montos repercuten en las acciones y políticas presupuestarias», insistió.
El alto funcionario argumentó que Ecuador adoptó medidas como la exigencia de un visado excepcional. Además, elaboró un censo de nacionales venezolanos.
En dos meses y medio de proceso se registraron 45.000 solicitudes de visa y se entregaron 31.500, de las que 15.000 fueron humanitarias.
Inclusión para los venezolanos
Velástegui señala que el principal giro «es pasar de un proceso de atender emergencias para proyectarse en soluciones duraderas» con el horizonte de «la inclusión económica y social».
Por su parte, el viceministro de Seguridad, Patricio Pazmiño, destacó que 2018 fue el año de mayor llegada de venezolanos, al que siguió 2019.
Con corte del 19 de enero de 2020, el Ministerio de Gobierno recoge 354.538 venezolanos que entraron al país por pasos regulares.
Pazmiño mencionó, sin embargo, que algunas estimaciones hablan de medio millón de venezolanos actualmente en Ecuador, lo que pondría al país como el tercero de la región con el mayor número después de Colombia y Perú.
En 2019 el Ministerio de Inclusión Económica y Social destinó 1,5 millones de dólares a proyectos específicos en movilidad humana. Atendió a 146.650 venezolanos en situación de movilidad, reveló la subsecretaria de Protección Especial, Patricia Salazar.
El principal desafío, destacó, es «mejorar la atención de las ciudades de acogida».
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