Los partidos bajo fuego

Es un clásico, en la ciencia política, el estudio de los partidos como instrumentos fundamentales de la vida democrática y como la herramienta por excelencia de la lucha por el poder. También son el instrumento natural para llevar adelante la acción política, el centro para la formación de las personas dedicadas a las labores de conducción de la vida pública.

No hay democracia sin la existencia de partidos políticos sólidos. Esto significa partidos elevados a la categoría de instituciones, con un cuerpo doctrinario, ideológico y programático asumido por toda la comunidad partidaria, así como un cuerpo normativo ordenador de su vida institucional.

Los partidos políticos, como toda obra humana, están plagados de defectos, carencias y errores que son utilizados para buscar su destrucción o para reducirlos a su mínima expresión. Cuando surgen regímenes políticos de naturaleza autoritaria, y ese es el caso de nuestro país, sus jefes dedican ingentes esfuerzos para destruir, de cualquier forma, a los partidos que se le oponen, máxime si ellos representan un riesgo para el proyecto hegemónico de largo alcance, que toda dictadura se propone, luego de su instauración.

Las dictaduras crean un ecosistema tóxico para el ejercicio de la política democrática. Un ambiente en el que la acción de los partidos es severamente limitado para que pueda prevalecer el modelo autocrático en boga.

Hugo Chávez comenzó la contaminación severa del sistema político venezolano, pues se propuso como prioritaria tarea, destruir los partidos fundamentales de la experiencia democrática del siglo XX. Desde el inicio de su gobierno la campaña sistemática contra Copei y AD le consumió largas horas de sus interminables discursos. Buscó la demolición moral de sus adversarios, amén de los diversos mecanismos de hostigamiento que puso en práctica para lesionarlos.

En el desarrollo de ese objetivo, ordenó a sus operadores en la Asamblea Constituyente de 1999 establecer en el texto constitucional una norma que prohíbe expresamente el financiamiento de los partidos políticos.

En efecto el artículo 67 de la vigente Constitución expresa: «No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado.

La ley regulará lo concerniente al financiamiento y a las contribuciones privadas de las organizaciones con fines políticos, y los mecanismos de control que aseguren la pulcritud en el origen y manejo de las mismas…”.

Con esta norma en el texto constitucional, Chávez asestó un golpe noble a los partidos históricos. Los privó de todo financiamiento público, y estableció un férreo control sobre su financiamiento privado, desatando una verdadera cacería de brujas contra personas, empresas e instituciones que ofreciesen apoyo financiero a los partidos.

En paralelo el régimen también desarrolló una normativa para prohibir y limitar severamente todo tipo de apoyo financiero internacional, no solo a los partidos, sino a fundaciones afines que dedicaron esfuerzos a la educación política, la investigación social y la promoción de los valores democráticos.

Mientras se les crea este cerco financiero a los partidos políticos, los actores fundamentales del régimen toman sin límite, ni pudor, de forma abierta y descarada, los bienes y fondos económicos del Estado, para financiar el hiperactivismo político que desarrolla el partido sostén del socialismo bolivariano.

El mismo convierte todo el conjunto de medios de comunicación social del Estado, ampliado de forma monumental por el chavismo, en su aparato de propaganda, y cierran sus espacios a todo actor político disidente de la línea oficial.

En ese mismo tiempo, el régimen dedicó tiempo y gente a invadir edificios y casas desde donde los partidos desarrollaban su labor.

La sociedad en general, los medios de comunicación en particular, prestaron poca atención a esta política. Muchos la celebraban, otros guardaban cómplice silencio, otros simulaban. Lo cierto es que lo mismo hizo con sindicatos, gremios, iglesias y otros sectores organizados de la sociedad civil.

Chávez se propuso crear un partido único para aglutinar a sus seguidores. Lo hizo de forma casi que obligatoria. No toleró por más tiempo la existencia de una coalición de partidos para sostener su modelo político.

Es en su propio entorno político donde comienza la utilización de la justicia, a través del TSJ, para castigar la disidencia en sus propias filas. Procede a confiscar partidos como el MEP, Podemos, PPT, entre otros.

A partir de 2015, la estrategia de asaltar los partidos comienza a aplicarla ya a partidos históricos. El primero en sufrir esa táctica fue Copei, en cuyo seno encontró los cómplices necesarios y dispuestos a ofrecer su concurso a la dictadura.

Mientras tanto, y a pesar de todo el  hostigamiento y el cerco financiero, los partidos históricos continuaron, en medio de enormes dificultades, cumpliendo su labor. Surgieron nuevos partidos, que articulados en plataformas unitarias con los históricos, canalizaron la participación política de la sociedad, logrando triunfos importantes en procesos electorales, hasta la gran victoria democrática de diciembre de 2015, cuando se logra una mayoría calificada de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional.

Frente a tamaña derrota, la dictadura arrecia su fuego contra los partidos. Desarrolla una política de persecución contra sus principales dirigentes, primero a través de las inhabilitaciones administrativas, figura inconstitucional con la cual nos ha afectado a muchos actores políticos, entre los cuales me encuentro. Luego con persecuciones más severas, como la cárcel, el exilio o la muerte, tal como ocurrió con el concejal de Caracas Fernando Albán.

Más tarde el régimen ilegaliza a todos los partidos, y los somete a un complicado y perverso proceso de validación de su personalidad jurídica. Los partidos hicimos el esfuerzo y nos validamos. Para luego volver a ser invalidados, con normas absurdas, inconstitucionales, sobrevenidas y lanzadas por la espuria asamblea constituyente.

Con ocasión del asalto a la Asamblea Nacional, efectuado el pasado 5 de enero, la camarilla roja desarrolla su libreto, para aplicarle la misma fórmula usada con Copei a otros partidos de la oposición democrática. En los próximos días presenciaremos las sentencias de la impresentable sala constitucional, designándole nuevas directivas a otros partidos de la oposición. De esa forma Maduro y su entorno buscan imponer un proceso electoral para la Asamblea Nacional totalmente ilegítimo, utilizando las tarjetas y símbolos de los partidos de la oposición, para simular una pluralidad en dicho proceso.

En medio de ese fuego brutal, los partidos estamos en el deber de preservar nuestro espíritu de cuerpo, nuestra acción política y nuestras prácticas democráticas. En esta hora de hostigamiento a las organizaciones partidarias, es menester una reflexión sobre la forma en que se desarrolla su vida social. En general, nuestros partidos han abandonado el ejercicio de la democracia en su seno, y eso ha ofrecido oportunidad a la dictadura para el asalto. A pesar de tales circunstancias, debemos hacer el esfuerzo de mantener la naturaleza democrática en los partidos que se proclaman como tales.