El médico derechista Alejandro Giammattei asumirá este martes como presidente de Guatemala en sustitución del impopular Jimmy Morales, con la promesa de atacar la corrupción y contener los elevados índices de pobreza.
Giammattei, de 63 años de edad, será juramentado como el 51° presidente de Guatemala, puesto que alcanzó en su cuarto intento al vencer en un balotaje en agosto a la ex primera dama Sandra Torres, quien posteriormente fue arrestada por un caso de financiamiento ilícito en su campaña de 2015.
Acudieron a la ceremonia los presidentes Iván Duque, de Colombia; Lenin Moreno, de Ecuador; Nayib Bukele, de El Salvador; Juan Orlando Hernández, de Honduras; Laurentino Cortizo, de Panamá y Danilo Medina, de República Dominicana.
Previo a la juramentación de Giammattei, los nuevos diputados para el periodo 2020-2024 eligieron su nueva directiva de un año, quedando como presidente el oficialista Allan Rodríguez.
Rodríguez será el encargado de tomar juramento al nuevo gobernante en el Teatro Nacional de la capital. El acto está retrasado por la maratónica sesión en el Congreso.
El presidente salvadoreñoBukele tuiteó que aprovechó la demora para invitar al colombiano Duque a una reunión bilateral.
De carácter fuerte, Giammattei, quien ganó notoriedad en Guatemala como director de las cárceles públicas entre 2006 y 2007, prometió en campaña atacar la pobreza, que asegura conocer de cerca y que espera reducir a 25% para 2032.
La pobreza afecta a 59,3% de los 15 millones de habitantes en Guatemala. Es uno de los factores que impulsan la migración ilegal de miles de guatemaltecos cada año a Estados Unidos.
Para alcanzar sus objetivos, Giammattei le apuesta al Plan Nacional de Innovación y Desarrollo que tiene como pilares la economía; competitividad y prosperidad; el desarrollo social; la gobernabilidad y la seguridad.
Expectativa
El próximo presidente tendrá como reto revivir la lucha contra la corrupción que no pudo liderar Morales.
El presidente saliente fue electo en 2015 cuando el país atravesaba una crisis por revelaciones de un fraude en las aduanas dirigido por el entonces mandatario Otto Pérez, que generó el rechazo popular a los políticos tradicionales.
Pérez renunció en setiembre de 2015, cuatro meses antes de que terminara su mandato, y actualmente guarda prisión a la espera de un juicio.
Los guatemaltecos vieron a Morales, ajeno a la política y conocido por sus actuaciones en la televisión, como la persona que atacaría la corrupción. Pero su gestión se caracterizó por pugnas contra la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
La Cicig, dirigida por el ex juez colombiano Iván Velásquez, ayudó a la fiscalía a destapar el caso de Pérez y otros procesos que involucraron a Morales y sus familiares, así como a poderosos empresarios considerados intocables.
Morales, al denunciar que la Cicig estaba sobrepasando sus funciones, se negó a pedir a la ONU una ampliación del mandato de la misión. La misma cerró sus puertas en setiembre pasado tras 12 años de labores.
Giammattei, quien también fue señalado por la Cicig de una matanza de reos durante su gestión en presidios y quedó desligado por falta de pruebas, no se opuso al cese de la misión.
El activista Aldo Dávila, primer diputado abiertamente gay, indicó a la AFP que la expectativa es que Giammattei no repita las acciones de Morales, a quien llamó un ser oscuro que estuvo siempre del lado de la corrupción y de la impunidad.
Dávila, electo por el partido Winaq, agregó que su prioridad será darle voz a las poblaciones históricamente excluidas. Descartó llegar a promover la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario, temas polémicos en el país.
Amenazas a los avances
Pese a las promesas de Giammattei, grupos sociales han encendido las alarmas sobre el futuro de la lucha contra la corrupción.
Álvaro Montenegro, activista del colectivo Justicia Ya, señaló en un artículo publicado por la Oficina de Washington para América Latina que persiste una amenaza de los corruptos al legado anticorrupción.
Montenegro precisó que Guatemala vivió un movimiento popular anticorrupción sin precedentes, impulsado por el trabajo de la Cicig de Velásquez y la ex fiscal Thelma Aldana, con más de 100 investigaciones de corrupción de alto perfil y 660 personas procesadas.
El activista consideró que la salida de la Cicig fue impulsada por Morales, sus aliados en el Congreso y el influyente sector económico, pero que no ha sido suficiente. Alertó que estos grupos buscan revertir muchos de los avances alcanzados.
En tanto, el politólogo Enzo Rosal, dijo a la AFP que Giammattei tiene que dar luces de cambio desde la toma de posesión distanciándose de la política y forma de gobernar de Morales. De lo contrario, será un augurio negativo de continuidad.
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