La humanidad fallece asediada (sin tregua) por políticos enfermos de codicia, mercaderes de la muerte, apropiadores de riquezas ajenas y engendros armados que siempre están (virtud a ilícita paga u honores) listos para oprimir: empero, la naturaleza, que no admite recusaciones ni súplicas, siempre tendrá la última palabra con las inclemencias que nos depara.
Pese a mi condición de ciudadano de un país subdesarrollado, una de las perversidades de gobierno que jamás sospeché experimentaría ha sido la alteración de los sentidos de toda una nación mediante la inescrupulosa y antiética manipulación del Situado Constitucional.
Es indignante mirar y escuchar a un principal de república amenazar con impedir el envío de recursos financieros a discriminadas provincias del país que infaustamente gobierna: y solo porque la mayoría de sus pobladores, humildes e indefensos, rehúse adherir a su proyecto personal [de corte tiránico] u ovacionarlo, sintiéndose aturdido con desquiciados discursos presidenciales.
Esa conducta, violatoria de los derechos humanos e insólita en cualquier primer magistrado durante lo que yo defino pre y posmoderna era mediática, suscita lo que se conoce como una “alteración colectiva de los sentidos”: comparable a la que sienten los jóvenes bajo los efectos del Peyote u otras drogas alucinógenas en los conciertos de “mass media”: donde cualquier cosa puede suceder, desde suicidios en grupo, orgías, riñas tipo motín, incendios de pirómanos, saqueos o crímenes purga pasiones.
Cuando la instigación al suicidio, conducción a la locura o negligencia criminal, entre otros delitos, proceden del funcionariado mayor de gobierno, no resta a los habitantes algo distinto que la rebelión. Existen tribunales penales universales, pero son acomodaticios e inoperantes.
Es insostenible que personas electas para gobernar, con la promesa de acatar y hacer cumplir la Constitución y leyes que rigen a determinada nación, degeneren en infractores de los más elevados principios y preceptos de la humanidad, ensuciada por sus falsos feligreses. Esos descarados no pueden espetarnos con ningún pretexto. A los cuales evoco, desde mi patria vejada, el Título Primero (Art. 2) de nuestra Constitución:
“Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho, y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los Derechos Humanos, la ética y el pluralismo ideológico” (Caracas, 1999).
No podrá admitirse, nunca, que los que cometen desacato convoquen concilios de supuestos “sabios jueces” para que diserten respecto a la “inconstitucionalidad” o “legalidad” de actos indiscutiblemente delictivos.
Todo gobernante que persiga, hostigue, crimine, excluya, segregue o extermine a quienes resistan a convertirse en militantes de sus creencias políticas es imputable. Axiomático que, en todas las capitales o provincias de Estado, todos los ciudadanos seamos iguales ante las leyes y recibamos recursos necesarios para satisfacer nuestras necesidades fundamentales: salud, alimentación, trabajo, vivienda, producción, educación, cultura, recreación, deportes, protección social y justicia.
@jurescritor
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