Frente a las continuas muertes de venezolanos por hambre y falta de atención médica, Nicolás Maduro vuelve a apelar al concepto de soberanía con un cinismo extremo que ya no cala ni siquiera en sus más incondicionales seguidores, porque todos los venezolanos tienen una historia dramática que contar sobre la indolencia estatal frente a la emergencia humanitaria compleja que golpea con más fuerza a los que están en situación de mayor vulnerabilidad.
La retórica antiimperialista se desvanece cuando Maduro, con desparpajo, anuncia que pronto llegarán 300 toneladas de “ayuda humanitaria” procedentes de Rusia. Como si Rusia no constituyera un imperio que se rige por una voraz dinámica económica de captación de mercados. Como si cada negocio que Maduro ha realizado con Rusia, China, Turquía…, con los pocos países que lo apoyan, no fueran transacciones comerciales que hay que pagar, que generan deudas y que podrían comprometer más el futuro de los venezolanos. Como si estas 300 toneladas (no se sabe exactamente de qué, porque el madurismo no rinde cuentas), así como otras 900 que habrían llegado de China y Cuba recientemente, fuesen suficientes para revertir la destrucción de las instituciones del Estado obligadas a garantizar los derechos a la alimentación, a la salud y a la vida. Como si Maduro no tuviera nada que ver con la tragedia de todas las personas que han fallecido por falta de medicamentos para enfermedades crónicas y las aproximadamente 300.000 que están en riesgo de muerte.
Maduro habla como si acabara de llegar a Miraflores. Sin embargo, también es responsable de que 18,7 millones de venezolanos no tengan acceso a diagnósticos ni a tratamientos médicos (Encovi 2018), de que se requieran 51,8 salarios mínimo para adquirir la canasta básica (Cendas, enero de 2019) y de que 3,3 millones hayan huido del país, a propósito de la crisis de movilidad humana más grande de las Américas (ONU/OIM/Acnur, diciembre de 2018).
Sin desconocer los intereses imperiales de Estados Unidos y particularmente del gobierno de Donald Trump, lo que está planteado en la actual coyuntura venezolana, lo que promueve la oposición aglutinada en torno al liderazgo de Juan Guaidó, no es una simple intervención gringa, como insisten Maduro y los que lo acompañan en el ejercicio autoritario del poder. El hecho de que más de 60 países del mundo hayan manifestado su disposición a desafiar la tiranía en Venezuela, sin que medien los protocolos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, configura un panorama diferente, quizás inédito en la historia contemporánea.
La emergencia humanitaria compleja en Venezuela ha reavivado el debate sobre el concepto de soberanía, a partir de dos puntos de vista: 1) el de Maduro, que se opone a la ayuda internacional, pero solo de los países que lo desconocen como presidente legítimo, y 2) el de la comunidad internacional que promueve la recuperación de la democracia en el país.
Maduro apela a una definición anacrónica de la soberanía, formulada por el pensador francés Jean Bodin en el siglo XVI, según la cual el gobernante puede hacer lo que se le antoje con los tres elementos constitutivos del Estado: gobierno, territorio y población. Se trata de la invocación de un ejercicio ilimitado del poder del soberano, que no es el pueblo sino el gobernante.
A partir de 1945 el concepto de soberanía se transformó con el estándar civilizatorio y se le agregó el adjetivo “responsable”; es decir, una soberanía que se sustenta en derechos humanos, Estado de Derecho, democracia y gobierno efectivo. Precisamente para evitar tentaciones totalitarias, dictatoriales y tiránicas, centrada en la protección de la dignidad humana.
El enfoque de derechos humanos es clave, pues la noción de la soberanía responsable es lo que habilita el derecho a la protección internacional ante eventuales atropellos. De modo que la vulneración de la dignidad de los venezolanos y extranjeros (población) que estén en territorio venezolano y bajo el gobierno de Maduro es un asunto de legítimo interés para toda la comunidad internacional.
Hilemos más fino y tratemos de responder cinco preguntas esenciales.
1.- ¿La ayuda humanitaria implica, necesariamente, una intervención de los militares, tanto militares venezolanos como militares extranjeros?
En este tipo de situaciones las fuerzas militares prestan apoyo logístico para el ingreso y distribución de la ayuda internacional. Lo que caracteriza la situación venezolana es el empeño de Maduro en rechazar la cooperación de gobiernos que le son adversos, sobre la base de consideraciones ideológicas y a costa del sufrimiento de los venezolanos.
Como quiera que la agenda política la está marcando la oposición liderada por Guaidó, Maduro se vio obligado a abandonar la estrategia del negacionismo: “En Venezuela no hay crisis humanitaria”, había repetido insistentemente hasta hace poco. Ahora admite la necesidad de ayuda internacional (solo la de los pocos aliados que le quedan), pero sigue entrampado en la retórica antiimperialista. Y por eso, en un tono pendenciero, envía a las fronteras tropas y a las temidas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, que han actuado como un grupo de exterminio en contra de los sectores populares. Provea registró 205 asesinatos a manos de las FAES durante 2018.
Por un lado, los militares afectos al régimen se han encargado de administrar esa ayuda “humanitaria” proveniente de Rusia, China y Cuba. Por el otro, Maduro, envía a las fronteras tropas y las temidas FAES.
Los militares venezolanos deben considerar que los principios de soberanía y no injerencia internacional en los asuntos internos de Venezuela los pueden convertir o consolidar como asesinos y torturadores del pueblo. La disciplina, obediencia y subordinación no son argumentos suficientes para que den la espalda a la tragedia que se vive en el país.
La actuación de Nicolás Maduro viola los derechos humanos, y la promoción y protección de los derechos humanos no admite fronteras geográficas o ideológicas.
La intervención de militares extranjeros es lo menos deseable. No es imprescindible, pero puede ser necesaria. Se concibe como un acto de policía, mediante el cual la comunidad internacional hace cumplir “la moralidad común del mundo”. Es un tema espinoso en la medida en que implica coerción.
En todo caso, la intervención de militares extranjeros representa una excepción de los principios de soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, así como el de la prohibición del uso de la fuerza, dispuestos en la Carta de la ONU.
La intervención de militares extranjeros en el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela se justificaría por el derecho de los venezolanos a que se reestablezca el orden social y la plena vigencia de los derechos y libertades en el país. La Declaración Universal de Derechos Humanos estipula en su artículo 28: “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamadas en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”.
2.- ¿Qué pasa si el gobierno de Maduro no deja entrar la ayuda internacional?
Reafirma su ilegitimidad como gobernante. Para obtener legitimidad (que implica reconocimiento de autoridad), los gobiernos deben ser democráticos y respetuosos de los derechos humanos. Además, impedir la entrada de comida y medicinas para auxiliar a una población necesitada es un crimen internacional.
Un gobierno que incurre en violaciones sustanciales de los derechos humanos traiciona el objetivo que justifica su existencia, y no solo pierde su legitimidad interna sino también su legitimidad internacional. Si el gobierno de Maduro no deja entrar la ayuda internacional, la comunidad internacional tiene la obligación de proteger a los venezolanos.
3.- ¿Cuál es la capacidad de maniobra que tiene la comunidad internacional para hacer efectiva la ayuda humanitaria sin que ello implique un elevado costo social y en términos de vidas humanas; es decir, evitando un conflicto de orden bélico?
La capacidad de maniobra que tiene la comunidad internacional es diversa. El elemento más importante para evitar un elevado costo social es a través de la interacción entre la diplomacia tradicional y la diplomacia humanitaria.
Más de 60 países han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Estos gobiernos, a través de mecanismos diplomáticos, pueden proponer cauces de solución que eviten un conflicto bélico.
Por otro lado, la diplomacia humanitaria abarca las actividades llevadas a cabo por organizaciones humanitarias para obtener de autoridades políticas y militares el espacio necesario con el fin de operar eficazmente. Estas actividades incluyen esfuerzos como preparar la presencia de organizaciones humanitarias, negociar el acceso y monitorear los programas de asistencia y protección a las poblaciones civiles necesitadas, promover el respeto por la ley y las normas internacionales, apoyar a individuos e instituciones indígenas, y participar en la reivindicación de objetivos humanitarios en diversos niveles.
La diplomacia humanitaria comparte tareas principales con la diplomacia tradicional, como recopilar y analizar información, representar las opiniones y los intereses de un actor, y propiciar negociaciones.
Un ejemplo reciente de la capacidad de la diplomacia humanitaria para mitigar el daño de una crisis puede ilustrarse con el papel de ciertos actores no estatales, especialmente el de la organización humanitaria Médicos sin Fronteras, en la resolución de la larga crisis sanitaria internacional del ébola mediante la incidencia político-humanitaria continua, para incrementar recursos y crear protocolos de mitigación y prevención.
El reto es priorizar el bienestar humano y evitar una confrontación armada.
4.- ¿La ayuda internacional implica algún tipo de tutelaje internacional (económico, político y/o militar) que empeore la situación de derechos humanos en el país?
Siempre existe el temor de que se abuse de la intervención humanitaria, pero hoy en día existen suficientes frenos y contrapesos para evitar los abusos. El más importante de ellos es el peacemaking u operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, así como el paradigma humanitario desde el multilateralismo; es decir, la intervención humanitaria no está tutelada por un solo Estado sino que es el resultado del ejercicio de la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger los derechos humanos.
5.- ¿Hasta cuándo puede operar la ayuda internacional para evitar otras formas de dependencia con el fin de afrontar la emergencia humanitaria compleja?
El menor tiempo posible, pues se trata de ejecutar medidas temporales. Sin embargo, representa un desafío adicional, vinculado a la necesidad de un cambio en la conducción política del país, que permita la recuperación de la capacidad interna de producción de alimentos y medicinas, todo lo cual implica largos plazos.
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