El 29 de enero pasado el presidente interino Juan Guaidó designó a Carlos Scull como representante diplomático de Venezuela en Perú, y el 21 de febrero el funcionario acudió al Palacio de Gobierno en Lima, para entregar sus credenciales al mandatario Martín Vizcarra. Después de la ceremonia, ambos mantuvieron una conversación.
—¿Sobre qué hablaron?
—El presidente Vizcarra me reafirmó el total apoyo al gobierno legítimo de Venezuela, encabezado por el presidente interino Guaidó; me dijo que contaba con su ayuda y su capacidad para liderar esfuerzos en pro de la recuperación de la democracia en nuestro país, y con su afán de seguir presionando hasta conseguir el cese de la usurpación. Debo agregar que el gobierno peruano ha sido extremadamente solidario con nuestros connacionales.
Scull expresó que Vizcarra también le aseguró su apoyo en el trabajo que lleva adelante sobre el problema migratorio. “Perú es el segundo país del mundo con la mayor población de venezolanos después de Colombia. En Migración están registrados 689.000 ciudadanos. El 15 de febrero estuve en Tumbes, en la frontera con Ecuador, al noroeste del país, que es por donde entran nuestros compatriotas que vienen caminando desde Cúcuta, una población muy vulnerable en términos socioeconómicos. Se estima que alrededor de 1.000 personas cruzan a diario esa frontera, un número que apenas fluctúa. Esa cifra el año pasado, con el Permiso Temporal de Permanencia activo, llegó a ascender a 7.000 migrantes por día, algo que es absoluta responsabilidad de Nicolás Maduro por la crisis humanitaria que ocasiona”.
El PTP estuvo vigente hasta el primero de octubre de 2018, cuando el gobierno peruano declaró estar en “el límite de su capacidad” para atender la desbordada migración venezolana. A partir de esa fecha, las personas procedentes de Venezuela que entran ya no cuentan con esa credencial que les daba derecho de trabajar. La Cancillería de ese país reporta 145.000 ciudadanos que no aplican al PTP porque entraron después, explica Scull.
Ahora hay un nuevo dispositivo en marcha: “Al entrar en la condición de turista con intención de quedarse, se debe solicitar refugio, y así se recibe un carnet que da derecho al trabajo. Ocurre, no obstante, que muchos empleadores no conocen esa información y a los venezolanos les cuesta conseguir empleo”.
Scull replica el modelo del cabildo abierto en su gestión para oír y buscar solución a los problemas que le plantea la comunidad venezolana, mayoritariamente asentada en Lima. Indica que realiza hasta dos asambleas semanales en las que es una queja permanente que los migrantes no pudieron obtener su documentación legal “porque el régimen de Maduro ha sido inepto a la hora de entregar los pasaportes o la fe de vida; cobran hasta 200 dólares por los pasaportes y los entregan años después. Así, son muchos a quienes se les ha violado su derecho a la identidad”. Refiere el funcionario que Perú ha aceptado pasaportes vencidos hasta por cinco años.
También informa que casi 50% de los venezolanos que han elegido a esa nación para migrar son profesionales que tienen títulos de estudios superiores y quieren ejercer su carrera, algo que se retrasa y se obstaculiza por la falta de los documentos de rigor. Y aprovecha para ofrecer un dato significativo: el sistema educativo público peruano que acogía a 23.000 niños venezolanos ahora tendrá que absorber a 100.000, lo que ha obligado al gobierno a realizar una importante inversión, y a la necesaria convocatoria a organizaciones internacionales en la búsqueda de apoyo.
Ante la probabilidad de que se instale un gobierno democrático en Venezuela y la migración venezolana desee regresar, señala: “A nosotros lo primero que nos han transmitido las autoridades de Perú, Colombia y Ecuador es que ese retorno se hará mediante un plan, porque muchos llegaron caminando, golpeados, y no pueden volver así. Será un retorno organizado en el que se respetarán los derechos humanos, esa será nuestra prioridad”.
Respecto a los hechos del fin de semana en la frontera de Venezuela con Colombia, dijo que queda en “evidencia que Maduro cometió crímenes de lesa humanidad al privar de alimentos y medicinas a 300.000 personas que están en riesgo de fallecer por la flagrante violación de sus derechos a la salud”.
Scull se licenció en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela, e hizo un diplomado en Políticas Públicas en Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Universidad Católica Andrés Bello. Cursó además una maestría en la Escuela de Política Pública Lee Kuan Yew, en Singapur. Entre otros cargos en Venezuela, ocupó la gerencia del Complejo Deportivo Mesuca.
Como en el año 2017 el gobierno peruano expulsó al embajador venezolano, las relaciones entre ambos países se mantienen solo a nivel consular. Precisamente hace unas horas, el vicecanciller de Perú, Hugo de Zela, anunció que las visas de los funcionarios de Maduro en su país se cancelarán en 15 días. Scull advierte que desde que llegó despacha “desde la calle”, una situación que cambiará, pues, en breve.
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