El secretario general de la OEA, Luis Almagro, instó el jueves a la Corte Penal Internacional a investigar «de inmediato» la tortura aplicada a los opositores al régimen en Venezuela, la cual se desarrolla con apoyo de agentes cubanos. Afirmó que es una situación que se recrudeció en 2019.
«El uso sistemático y generalizado de la tortura en Venezuela como parte del ataque contra quienes aspiran a recuperar derechos fundamentales y democracia constituye claramente un crimen de lesa humanidad. Debe ser investigado de inmediato por la Fiscalía de la CPI«, dijo.
Almagro acogió en la sede de la Organización de los Estados Americanos la presentación del informe anual del Instituto Casla, un centro de estudios sobre América Latina con sede en Praga.
El reporte acusa al gobierno de Nicolás Maduro de «represión sistemática» y de cometer «crímenes de lesa humanidad».
El Instituto Casla aportó nuevas pruebas respecto a la metodología de la tortura en los centros clandestinos «bajo clara influencia cubana», dijo Almagro, junto a la directora ejecutiva de ese centro, Tamara Suju.
Un sistema judicial para el régimen
Almagro destacó la falta de «garantías esenciales» que padecen los ciudadanos en Venezuela. Expresó que el sistema judicial sirve solo a los intereses del régimen y las fuerzas de seguridad persiguen sistemáticamente a todo individuo que no obedezca al sistema dictatorial.
«Incluso en las zonas urbanas al país, que tradicionalmente eran leales al régimen, ahora el gobierno está enviando a la Fuerza de Acciones Especiales de la policía. También a los “colectivos” (grupos armados ilegítimos que apoyan a Maduro), para controlarlas e impedir con eso cualquier disenso», dijo.
«Precisamente en esas zonas se están registrando miles de ejecuciones extrajudiciales«, apuntó.
Más de 5.000 ejecuciones
Almagro recordó que el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó 5.287 ejecuciones extrajudiciales en 2018. De enero a mayo de 2019 se registraron 1.569.
Esto confirmó lo que la OEA ya documentó en 2018. También mencionó «palizas, descargas eléctricas en genitales, asfixia, violación, y otras formas de violencia» con un claro objetivo ejemplarizante. «Para sembrar terror», subrayó.
Dijo que hasta la semana pasada se tenía registro de la detención arbitraria de unos 400 opositores venezolanos.
En febrero de 2018, la CPI produjo investigaciones preliminares sobre presuntos crímenes en Venezuela durante masivas protestas contra Maduro en 2017. Estas dejaron 125 muertos.
En un informe publicado el 5 de diciembre, la oficina de la fiscal de la CPI señaló que «a comienzos de 2020» espera finalizar su evaluación de los documentos aportados entre otros por la OEA y el alto comisionado para los Derechos Humanos.
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