Representantes del Plan País denunciaron este jueves las masacres y ecocidios que se han registrado en los últimos años en la zona del Arco Minero.
«Actualmente, la minería en Venezuela es un pranato», reclamó Yon Goicoechea, coordinador técnico del área de Energía de Plan País.
Acompañado por la diputada por el estado Mogagas, María Gabriela Hernández, vicepresidenta de la Comisión de Ambiente de la AN, Goicochea honró la memoria de los indígenas masacrados el viernes 22 de noviembre en la comunidad de Ikabarú, estado Bolívar.
Goicoechea acusó al régimen de Maduro de entregar a bandas criminales la explotación del oro. «En su discurso la dictadura manosea el indigenismo, pero hoy está masacrando a los pemones en el sur», condenó.
Hernández subrayó que el Parlamento declaró nulo el proyecto del Arco Minero porque viola la Constitución y representa un modelo irracional e irresponsable que afecta a las comunidades y al medioambiente.
Recordó que el Arco Minero ocupa 111.000 kilómetros cuadrados y que su explotación ilegal atenta contra parques nacionales, territorios protegidos y los ríos, fuente de la energía hidráulica que necesita el país.
Soluciones urgentes
Goicoechea explicó las medidas de consenso que recoge el Plan País para el desarrollo de la minería.
«Primero, se desplegará un plan de seguridad, donde la Fuerza Armada Nacional no sea parte del problema. Hoy existen agentes de la Guardia Nacional que operan dentro de las mafias y los funcionarios responsables y honestos que las combaten son perseguidos», acotó.
El dirigente de Voluntad Popular destacó que ninguna empresa es capaz de venir a trabajar honradamente en el Arco Minero hasta que se produzca un saneamiento en la zona.
La segunda acción pasa por la reconstrucción administrativa del Estado venezolano para atender la minería, apuntó Goicoechea.
Señaló que la Corporación Venezolana de Guayana forma parte de la cadena de las mafias y ha perdido su capacidad de producción.
Por esta razón, consideró necesario recomponer la CVG y atender a sus trabajadores para que se convierta en un conglomerado moderno, libre de manipulaciones políticas y abierto al capital privado nacional y extranjero.
En ese sentido, manifestó su respaldo a la decisión del presidente (E), Juan Guaidó, de designar a la junta administradora ad hoc de la CVG.
El portavoz de Plan País indicó como tercera prioridad la recuperación del sector eléctrico. Esto, impulsando las energías limpias en el sur del país como las energías eólica y solar, al tiempo que se fortalece el sector hidroeléctrico.
Por último, habló de la necesidad de adecuar el marco normativo venezolano.
«Hoy tenemos oro y diamantes de sangre, no tenemos ley y el Estado no controla nada. Tenemos que estimular la creación de empleos a través de la inversión privada, abrir el sector y promover grandes inversiones que generen impuestos y empleos. El modelo estatista y comunista no sirve, tenemos que formalizar y poner estándares ambientales a la minería», puntualizó Goicoechea.
Apoyo a la inversión
«El problema de la minería en Venezuela tiene nombre y apellido: Nicolás Maduro. Hay una enorme voluntad de invertir en el sur del país. Con las políticas correctas, el sur recuperará la senda del desarrollo», aseguró Goicoechea, quien adelantó que indemnizarán a las empresas que fueron robadas por el régimen para facilitar su actuación en el país.
La diputada Hernández resaltó que el Parlamento ya elabora un proyecto de Ley de Cambio Climático, que busca preparar al país para los desafíos de una economía global que pretende superar su dependencia del petróleo, y convertir a Venezuela en un sumidero de carbono con el apoyo de los ingenieros agrónomos y forestales venezolanos.
«Dejaremos atrás el círculo de destrucción y muerte de Maduro, y echaremos a andar el círculo para la para la vida«, concluyó la legisladora.
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