El último reducto opositor al gobierno provisional de Bolivia se mantiene este martes con un bloqueo de rutas en una región cocalera que sigue reconociendo a Evo Morales como su presidente. Mientras tanto, la Fiscalía libra órdenes de detención contra varias figuras clave de la anterior gestión.
«Los cortes viales son dirigidos por un pequeño sector radical de campesinos cocaleros que tiene en su poder unos 250 kilómetros bloqueados», dijo Andrónico Rodríguez, de 29 años de edad, vicepresidente de los sindicatos cocaleros del Chapare y considerado por muchos como sucesor de Morales.
Los cocaleros son un sector radical al que costará hacer entender que deben suspender el bloqueo, añadió Rodríguez. Este sector sigue reconociendo como presidente a Morales y pide la salida de la mandataria interina, Jeanine Áñez.
A pesar de su cercanía con Morales, el joven dirigente marca distancia con esos grupos y aboga por pacificar el país.
Para reducir la conflictividad, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, el lunes en la noche llegó a un acuerdo con algunos sindicatos de campesinos y obreros.
Dos de los ocho puntos firmados comprometen al gobierno a dar garantías a las organizaciones sociales. Además, debe conformar una comisión para liberar a los detenidos durante los conflictos políticos.
António Guterres, secretario general de la ONU, saludó mediante un vocero los avances hacia una solución pacífica y democrática de la crisis en Bolivia.
Mientras que desde el lunes, el país retomaba su pulso habitual, el tramo de la ruta cocalera que une a Santa Cruz con Cochabamba seguía interrumpido al tránsito de vehículos.
«Existen sectores radicales que están lastimando la Red Vial Fundamental que une occidente con oriente. Impiden el tránsito de unos 6.000 camiones que están en Santa Cruz», protestó el principal dirigente del sindicato de camioneros, Gustavo Rivadeneira.
El grueso de los seis sindicatos de cocaleros del Chapare, donde Morales labró su carrera política, pactó con las autoridades la suspensión de las protestas, pero un sector desconoció el acuerdo, pues pide justicia para nueve compañeros muertos en un operativo militar-policial en esa región cocalera.
En un cabildo, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, arengó: «Ni olvido ni perdón, justicia». A la vez, la concentración coreaba la consigna en esa región cocalera.
De inmediato un grupo de vecinos afines al gobierno interino ocupó momentáneamente la oficina central de ese órgano público, encargado de proteger los derechos de los bolivianos, y pidieron la dimisión de Cruz.
Órdenes de detención
En línea con la promesa de impunidad a nadie que hizo Áñez, la Fiscalía ordenó la detención de varias autoridades del anterior gobierno.
Tras la detención el fin de semana de Gerardo García, vicepresidente del MAS, el partido de Morales, el lunes fue librada una orden de aprehensión contra el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, hombre fuerte del ex mandatario, por sedición y terrorismo.
Quintana había dicho que Bolivia se iba a convertir en un gran campo de batalla, un Vietnam moderno, si el mandatario resultaba destituido.
Acosado por un movimiento civil que lo señaló de fraude en los comicios de octubre y luego de que los militares y la policía le quitaran su apoyo, Morales dimitió el 10 de noviembre y llegó asilado a México dos días después.
Apenas asumió el nuevo ministro de Interior, Arturo Murillo, llamó a la cacería de Juan Ramón Quintana, a quien considera un animal matando gente. Además, están buscados por la justicia la ex ministra de Culturas, Wilma Alanoca, por instigación a delinquir, y el hermano del vicepresidente, Álvaro García, entre otros.
La canciller Karen Longaric dijo que 20 bolivianos están asilados en la Embajada de México. De ellos, cuatro tienen orden de detención, entre estos, Quintana y Alanoca.
«La minoría fascista de Bolivia judicializa a nuestros líderes más destacados porque electoralmente saben que están derrotados», denunció Morales en Twitter este martes.
Asimismo, el Congreso se aprestaba a aprobar el reglamento de la nueva ley de convocatoria de elecciones para designar al nuevo tribunal electoral que guiará los próximos comicios, aún sin fecha, pactados entre el gobierno y la oposición para avanzar en un proceso de pacificación del país.
Un mes de conflictos arrojó 33 muertos y centenares de heridos.
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