Evo Evo Morales, ex presidente de Bolivia, exiliado en México, comenzó a ser investigado por sedición y terrorismo, en una movida del gobierno provisional que podría encender aún más los ánimos y complicar la solución a la violenta crisis en el país.
Este viernes la Fiscalía abrió el proceso contra Morales a partir de una denuncia presentada por el ministro de gobierno Interior, Arturo Murillo. El funcionario acudió a la justicia con un audio como prueba.
En la grabación se escucha a Morales dando instrucciones a un partidario cocalero para cercar las ciudades e interrumpir el suministro de comida con el bloqueo de vías. “Estamos pidiendo la máxima pena por sedición y terrorismo”, afirmó Murillo.
El ex gobernante de 60 años enviò un tuit el día anterior en el que denunció los planes del gobierno de Jeanine Áñez para enredarlo en un juicio internacional con base en un montaje.
De su lado Juan Lanchipa, fiscal general, dijo que le pedirá a la Cancillería que “ponga en conocimiento de las autoridades de México el inicio de investigación” contra Morales. En principio sería investigado sin privilegio por su condición de ex presidente.
Si prospera un juicio en su contra, enfrentaría un castigo 30 años de cárcel. El ministro Murillo denunció igualmente al ex ministro Juan Ramón Quintana, ex hombre fuerte en el saliente gobierno, por los mismos cargos contra Morales. El paradero de Quintana es desconocido.
“Déjennos gobernar”
El nuevo giro que podría dar la crisis boliviana coincide con la expectativa frente a una convocatoria a elecciones y la anulación del proceso del 20 de octubre.
Con mayoría en el Congreso bicameral, el partido de Morales, MAS, busca un acuerdo con antiguas fuerzas opositoras para renovar el Tribunal Supremo Electoral. También para dar paso a nuevos comicios, luego de la renuncia del ex mandatario el 10 de noviembre.
El gobierno provisional y el MAS presentaron sendas propuestas para tal fin. Dentro del partido de Morales, hay voces a favor y en contra de que se le permita una nueva postulación del ex jefe del Estado.
El primer presidente indígena de Bolivia dejó el poder que ejerció por 13 años, a consecuencia del estallido social que siguió a las denuncias de fraude durante el proceso electoral.
Los militares y la policía le retiraron el apoyo; después de lo cual Morales partió exiliado a México denunciando un golpe de Estado. Sin embargo, la sucesión no trajo la calma.
Presionada por las protestas de los seguidores de su adversario político, Jeanine Áñez podría avivar el descontento de un sector indígena y campesino que apoya a Morales. En los últimos días estos sectores libraron fuertes choques con la policía y los militares.
Protestas
En un mes de crisis ya son 32 los bolivianos que han muerto en las calles, al menos 17 de ellos por heridas de bala en los enfrentamientos con fuerzas oficiales.
Las protestas han generado desabastecimiento en La Paz, donde se han disparado los precios y se multiplican las filas para conseguir comida y combustible.
El jueves una multitud descendió desde la ciudad de El Alto a La Paz, con los féretros de algunas de las víctimas. La sidolvieron con gases lacrimógenos en inmediaciones de la sede de gobierno.
Este viernes Áñez, en una declaración a la prensa, clamó a sus opositores que la dejen cumplir con su trabajo por el tiempo corto que estará en el poder.
“Este es un gobierno de estricto carácter provisorio y tiene como propósito la pacificación del país, así como la convocatoria de elecciones libres y transparentes en el más breve tiempo”, dijo.
Molestia diplomática
El jueves el gobierno interino protestó ante México por la supuesta violación de Morales a los “principios que rigen la institución de asilo político”.
La Paz está furiosa con el régimen de Andrés Manuel López Obrador por permitirle a Morales efectuar declaraciones que evidencian una actividad conspirativa contra Áñez.
Desde el exilio, Morales critica severamente al nuevo gobierno por la represión de las protestas. En varias ocasiones ha dicho a los medios que está dispuesto a retornar a Bolivia para culminar su mandato el 22 de enero.
Incluso, abrió la opción de no ser candidato otra vez, en aras de contribuir a la pacificación de su país, fracturado entre los leales a Evo y las clases media y altas urbanas. El gobierno de López Obrador no ha fijado posición sobre la protesta.
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