Entre Uruguay y Venezuela existe un convenio de Seguridad Social vigente desde 1997, pese a lo cual se produjo el cese intempestivo de los pagos, afectando a unos 50 jubilados y pensionados, según consta en la denuncia efectuada en la fiscalía del Crimen Organizado. Los más de 50 denunciantes son titulares de pensiones o jubilaciones que generaron en la República Bolivariana de Venezuela, publicó La República de Uruguay.
“Es un Estado que es socio de Uruguay y que tiene activos más que suficientes para pagar sus compromisos, pero Venezuela les paga a unos porque son amigos y no les paga a otros porque no son amigos”, dijo el abogado demandante.
Más de 50 jubilados y pensionados venezolanos y uruguayos que trabajaron en Venezuela y que viven desde hace años en Uruguay dejaron de cobrar sus pasividades luego de que el Banco Bandes, propiedad del Estado de Venezuela, e Integración AFAP (de la que ese banco es propietaria del 77%), dejara de pagarlas hace 4 años.
A pesar de que Uruguay y Venezuela mantienen un convenio de Seguridad Social desde 1997, en diciembre de 2015, según consta en la denuncia efectuada en la fiscalía de Crimen Organizado, “se produjo el cese intempestivo de dichos pagos, sin que se les haya dado explicación satisfactoria” por parte de ambas instituciones. Los más de 50 denunciantes son titulares de pensiones o jubilaciones que generaron en la República Bolivariana de Venezuela.
“Los jubilados dejaron de cobrar porque Venezuela dejó de pagar. No paga nada, y es un fenómeno que no es exclusivo de Uruguay. Hay demandas en todo el mundo contra el Estado venezolano, que es un Estado quebrado, un Estado incumplidor. En España hay más de 4.000 demandas de jubilados y pensionados”, indicó Pablo Bárcena, abogado que está defendiendo a los denunciantes en Uruguay.
Según explicó, el monto de lo que se adeuda a estos 50 jubilados y pensionados uruguayos y venezolanos es de unos 3,5 millones de dólares.
Pero no se trata de la única deuda: a una empresa uruguaya, que de acuerdo a lo informado por Bárcena le vendió directamente bienes de primera necesidad a estas empresas y cumplió el contrato, le adeudan 11 millones de dólares que hace 4 años no le pagan.
La denuncia penal fue radicada hace poco tiempo, luego de no haber obtenido el pago a pesar de “las múltiples gestiones realizadas a nivel privado y a nivel oficial” y a pesar de que Venezuela “posee un cuantioso patrimonio en nuestro país”, se lee en la denuncia.
“La sospecha de un eventual lavado de activos con delito base de apropiación indebida por parte de los integrantes de ambas instituciones fue tomando cuerpo, y es lo que motiva la presente denuncia”, agrega el texto.
En cuanto a la situación de los jubilados y pensionados, Bárcena la calificó como una injusticia flagrante. “Es una gran injusticia que tengamos a gente jubilada que trabajó toda su vida y un día se encuentra con que el Estado que le tiene que hacer las prestaciones no las hace”, aseguró.
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