Da escalofrío la manera en que los disidentes de las FARC –organización en apariencia desmovilizada por efecto del Acuerdo de Paz suscrito en La Habana– se están organizando o, mejor dicho, están volviendo a sus andadas criminales en la vecina Colombia.
Su primer paso ha sido fortalecerse –nada más lógico– porque su número de efectivos es aún poco significativo. Se dice que a la hora actual alcanzan a 3.000 alzados en armas, cuando en su mejor momento las FARC lograron reunir 15.000 efectivos criminales en sus filas y entre ellos se desmovilizaron casi 13.000.
Pero como no es dinero lo que les falta, por las buenas o por las malas se dedican a reclutar miembros para sus fechorías. Con gran fanfarria su máximo jefe Iván Márquez lo anunció, sin empacho alguno, en agosto pasado. Le quedó claro al país que este nuevo grupo estaba en plan de recuperar su capacidad de desestabilización a través de la recreación de una “Nueva Marquetalia”, un eufemismo usado por su líder para no tener que recordarles con todas sus letras a sus compatriotas colombianos la época y el lugar del nacimiento de lo que fue un larguísimo episodio oscuro y doloroso del crimen guerrillero y la conversión de Colombia en un violento país orientado al tráfico de narcóticos.
Así que están de vuelta los crímenes, los secuestros, los ajusticiamientos, la compra de conciencias, los chantajes, la extorsión, todo unido al negocio de la droga. El solo encabezamiento de este clan guerrillero por parte de uno de sus más tristemente afamados, eficientes e inmorales dirigentes lo que augura no es bueno. Otro frente de estos disidentes, el de Genil Duarte, lo que le agrega es más virulencia y complejidad al asunto.
Con otras palabras, es eso lo que concluye la fundación Insight Crime en un estudio titulado “Crónica de una amenaza anunciada”. Esta institución prevé varios cursos de evolución de este fenómeno de los disidentes farianos: desde una posible desaparición inercial y gradual, pasando por un eventual escenario de control estatal eficiente de este nuevo género de insurgencia y de crimen organizado, hasta el último que es el del nacimiento de una federación criminal regada por toda Colombia atendiendo cada grupo a un líder diferente con criterios y procedimientos bien singularizados.
Lo factual es que la existencia de las disidencias en fase de organización criminal, agregada al accionar de los Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados a lo que contribuye, además de generar un ambiente de zozobra en el país, más en el ámbito rural que en el citadino, por ahora, es a entorpecer el proceso de pacificación que debería ser la resultante de los Acuerdos de Paz que ya llevan tres años tratando de ser instrumentados con éxito muy parcial. Sin decir que influyen, igualmente, en la determinación de las prioridades del gobierno de Iván Duque, quien –no hemos cesado de reiterarlo– tiene el plato muy lleno de dificultades.
El Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales, en un reciente papel titulado “La amenaza de las disidencias de las FARC_EP”, apuesta a un desarrollo desordenado pero poderoso y voraz de estas nuevas actividades que se desarrollarán sin un liderazgo único y atendiendo únicamente a consideraciones de lucro, lo que apuntalará las economías ilegales en los cuatro costados del país vecino. “Al no estar presente la gran estructura, los miembros residuales que no estén de acuerdo con las negociaciones pueden apropiarse de las rentas criminales como el narcotráfico y la minería ilegal, obteniendo mayores réditos”.
En todo caso, en el panorama colombiano de los próximos años no hay tal cosa como un discurso ideológico asociado a las ilegalidades, a los excesos y delitos de los rebeldes, como sí lo fue en su origen. Lo que tiende a consolidarse es un verdadero caos sobre el cual es preciso actuar más temprano que tarde.
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